Huelga no puede violar derecho a salud

PABLO MELENDREZ

Los funcionarios del Casmu no pueden alegar una medida gremial para dejar sin atención a los pacientes de la institución, según entienden algunos penalistas. A nivel del Derecho Laboral, se explicó que la medida de huelga tiene límite.

La acción judicial había sido presentada inicialmente el jueves ante el Juzgado penal de 12° Turno, a cargo del magistrado Nelson Dos Santos, quien declinó competencia, por lo cual la Oficina Distribuidora de Asuntos del Poder Judicial la derivó a la sede de 20° Turno, cuyo titular es el juez Alejandro Guido, quien por el momento no tomó contacto con la denuncia.

El Casmu pretende que la Justicia Penal indague la actitud de los funcionarios nucleados en la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu) que como medida de lucha ante la intensa crisis que vive la institución, iniciaron en la medianoche del pasado 17 de abril un paro por tiempo indeterminado en los centros de asistencia de la mutualista, lo que afectó los servicios de block quirúrgico, cuidados intensivos y las policlínicas, entre otros.

Eso provocó que, durante la medida gremial, ocho niños recién nacidos quedaran bajo la responsabilidad de solamente una médica, porque los enfermeros se retiraron de sus puestos de trabajo.

OMISIÓN. La denuncia presentada por las autoridades del Casmu, que es patrocinada por el abogado penalista Jorge Barrera, pide que se investigue la eventual responsabilidad penal de los funcionarios que no cumplieron con sus tareas el 20 de abril entre las 15 y las 16 horas y los días 21 y 22 entre las 10 y las 11 y de 15 a 16 horas.

"La jurisprudencia nacional como la doctrina más autorizada establecen que en la medida en que corra peligro la vida o la integridad física de algún ser humano se configura el delito de omisión de asistencia, por lo tanto estamos defendiendo un bien jurídico superior que es la vida", dijo Barrera a El País.

La posición del abogado denunciante es compartida por varios especialistas en derecho penal quienes, al ser consultados por El País, coincidieron en que habría méritos para iniciar una investigación a raíz de estos hechos ya que, en principio, una decisión sindical no puede ser un argumento de recibo para justificar el hecho de que personas enfermas no reciban la atención que requieren.

El abogado especializado en derecho médico y profesor adjunto de derecho penal de la Universidad de la República, Pedro Montano, explicó que "el derecho a la huelga, reconocido por la Constitución, no puede afectar derechos de la importancia como la vida y la salud de las personas".

Para Montano, podría investigarse un delito "más grave" que la "omisión de asistencia" denunciada por el Casmu porque, en función del contrato que existe entre la mutualista y sus pacientes, si se constata que una persona internada vio agravada su situación sanitaria durante el lapso de la medida de lucha sindical sería posible tipificar el ilícito de "lesiones" por "omisión".

Incluso, dijo Montano, en el caso extremo de que a causa de una medida gremial de este tipo muera un paciente, se podría imputar el delito de "homicidio" por "omisión".

Por su parte, el catedrático de Derecho Penal Dardo Preza dijo que si bien en su época de juez de primera instancia nunca consideró que existiera delito en un caso de abandono de puestos de trabajo en el marco de una medida gremial, aclaró que al tratarse de una institución médica, el asunto se torna delicado.

"Esta es una situación más específica y hay que ver si se incurre en una omisión de asistencia, porque el ejercicio de un derecho puede derivar en una irregularidad en la medida que ejercer ese derecho no implique una vulneración de los derechos de los semejantes", dijo Preza, actual ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrado.

En tanto, el catedrático y ex fiscal penal Miguel Langón, sostuvo que a su criterio existen elementos que podrían generar la configuración del delito denunciado por el Casmu, aunque aclaró que no posee los elementos necesarios para realizar esa valoración.

Sin embargo, Langón opinó que también se podría tipificar el "abandono colectivo de funciones", un delito previsto en el Código Penal, aunque prácticamente no se ha utilizado. "Sería algo mucho más específico, donde se involucra la problemática de la huelga en sus diferentes versiones", apuntó el especialista.

LÍMITE. Además de la polémica a nivel de la Justicia Penal acerca de si los funcionarios del Casmu cometieron o no delito al abandonar sus puestos de trabajo, también se plantea la duda sobre el alcance que una medida de ese tipo tiene a nivel de la Justicia Laboral.

Al respecto, el abogado laboralista Pablo Durán, indicó que situaciones de este tipo representan una "colisión" entre dos derechos: el de huelga y el de la salud.

No obstante, Durán explicó que de acuerdo con lo que prevé el artículo 4° de la Ley 13.720 del año 1968, los servicios públicos esenciales deben tener una guardia gremial o de emergencia, lo que representa un "límite" para el derecho de huelga. Esa misma ley faculta al Poder Ejecutivo a declarar la esencialidad de los servicios que se vean afectados.

Durán aclaró que si bien en Uruguay no existe una norma que establezca claramente cuáles son los rubros considerados esenciales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los servicios de salud están comprendidos en esa categoría. "Hay dictámenes de la OIT que han establecido la prohibición de la huelga en los servicios cuya interrupción pueda generar riesgos en servicios públicos o privados que pongan en juego la vida, la seguridad o la salud de una persona", afirmó Durán.

El abogado laboralista Nelson Larrañaga Zeni opinó en la misma línea que Durán, pero dijo que, a su juicio, las autoridades de los ministerios de Salud Pública y de Trabajo están actuando en forma tardía al no decretar la esencialidad del servicio, porque más allá de la postura de la OIT, "la legislación nacional requiere una declaración de esencialidad".

Los usuarios sólo piden una solución

A varias cuadras de distancia del Ministerio de Salud Pública (MSP), las columnas de humo daban cuenta de la movilización de ayer de los funcionarios del Casmu.

Frente a la sede ministerial ubicada sobre la avenida 18 de Julio, varios neumáticos y algunos troncos ardían sobre el asfalto, cortando el paso a los vehículos, alterando el tráfico en plena tarde del viernes.

Sobre la hora 15, unas 100 personas en sus uniformes blancos, se agruparon frente al MSP, batiendo palmas, profiriendo cánticos y portando pancartas de rechazo al gobierno y la Junta Directiva del Casmu. "Patronal y Poder Ejecutivo cómplices. No al chantaje de rebaja salarial", rezaba uno de los carteles.

Carlos Moreira (dirigente de Afcasmu) era uno de los manifestantes más activos. El sindicalista defendió a ultranza las medidas gremiales, pese a la denuncia penal del Casmu contra los funcionarios que abandonaron sus puestos en los sectores esenciales.

La denuncia "nos obliga a profundizar las medidas. Acá queda claro que es una perlita más de la empresa Casmu que no ha garantizado nunca la asistencia en todo el año, ningún día, no sólo los días de paro. A nosotros nos preocupa la asistencia en los días de paro y en los días en los que no hay paro", criticó Moreira.

Los usuarios del Casmu consultados por El País en los sanatorios N° 1 (Colonia y Arenal Grande) y N° 2 (8 de Octubre y Abreu) se solidarizaron en general con los funcionarios que demandan el pago del salario adeudado.

Cecilia, una mujer que acompañó a su madre, se mostró satisfecha con la atención. "Le decía a mamá que con lo que están pasando, en la atención no tuve problemas con los médicos, los administrativos, los funcionarios. Fui a la farmacia y estaban los remedios que ella necesitaba", dijo Cecilia.

Otros se mostraron comprensivos con el gremio pero objetaron lo ruidoso de su protesta. Rúben, de unos 60 años, acotó que "el personal es muy bueno, parece que no sintieran la situación; sólo cuando vienen a hacer la manifestación, que están a los `bombazos` y a los `tamborazos` y hacen mucho ruido, es lo que puedo criticarles".

La preocupación de los usuarios por la situación en el Casmu 1. Un abuelo salió presuroso y ante la consulta de El País contestó: "Estamos esperando hace 30 minutos. Mi nieta está en emergencia". El hombre se excusó y entró con paso apurado a la mutualista.

Sueldos: en mayo volverá la odisea

Se abrió un signo de interrogación sobre los sueldos del mes de abril que se pagan en mayo de los funcionarios del Casmu, luego que la Junta Nacional de Salud (Junasa) resolviera no verter los fondos destinados por la empresa a cubrir los salarios de marzo.

Fuentes del Casmu explicaron que al constituirse la nueva mutualista cayeron las cesiones de las cuotas Fonasa que la vieja Casmu había otorgado a sus acreedores para el pago de deudas. Por tal motivo entienden que les corresponde percibir esas cuotas sin retenciones ya que negoció otras formas de pago con quienes estaban recibiendo esas cesiones.

El equipo jurídico de la mutualista interpretó que una vez que Salud Pública habilitó su funcionamiento ya podían disponer de ese dinero para cumplir con los salarios adeudados.

Sin embargo, la Junasa dijo que faltan trámites para concluir la habilitación formal, por lo que no habilitó el acceso a los fondos y las cesiones se volcarán como se venían haciendo. De esta manera el Casmu deberá pagar la semana próxima los salarios atrasados con el dinero destinado a otras erogaciones, por lo que se paraliza la "reingeniería" financiera acordada para salir de la crisis. En ese proceso se incluyen pagos a los acreedores de hasta 15 años.

Al no poder hacerse de ese dinero, el proceso se enlentece un mes, por lo que en mayo se dará el mismo problema que sucedió con los sueldos de marzo que todavía no se pagaron en su totalidad.

Vázquez en contacto con el SMU

Fuentes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) dijeron a El País que el presidente Tabaré Vázquez entró en contacto desde Costa Rica con algunas autoridades de esa gremial. Si bien no informaron de los detalles de las conversaciones, sí confirmaron que se habló sobre la crisis en la mutualista Casmu. Vázquez ha sido el principal moderador entre las partes en conflicto. Según el tesorero de la mutualista, Raúl Rodríguez, las gestiones del presidente Tabaré Vázquez evitaron el cierre del Casmu. El gobierno aprobó esta semana una comisión de control de gestión de la mutualista.