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DIEGO FISCHER
Hace unas semanas viniendo de Salto en auto escuché por radio un aviso que me llamó mucho la atención: "cursos de taquigrafía en tres meses". No recuerdo en qué emisora fue pero las clases se dictaban en Paysandú. ¿Quién puede estudiar taquigrafía hoy? , me pregunté. Y pensé: es como querer aprender dactilografía en las viejas academias que preparaban para ingresar a trabajar en los bancos. Ambas cosas -las máquinas de escribir y las academias- desaparecieron hace, por lo menos, dos décadas; y para acceder a un cargo en un banco hoy se necesita una preparación mucho más exigente y actualizada. Pero el Uruguay tiene eso de aferrarse al pasado, aún en oficios o profesiones que han sido superadas por la tecnología. Ese amor por un mundo que ya no existe se manifiesta en la vida cotidiana. Quedó en evidencia una vez más esta semana, cuando se conoció que 3.600 compatriotas se postularon para seis cargos de taquígrafos en el Palacio Legislativo y otros 53.000 para ocho puestos de auxiliares de servicio. Es gente joven. Tienen entre 18 y 30 años y -al parecer- su ambición principal es tener un empleo público y ganar $ 43 mil en un caso y $ 27 mil en otro; muy buenos sueldos imposibles de conseguir en la actividad privada. ¿Por qué? Fundamentalmente por ser jóvenes (la tasa del desempleo juvenil duplica a la de los adultos), por no existir demanda de taquígrafos y por ser bajísimos los salarios en tareas de servicio. Para muchos en Uruguay servicio es sinónimo de servidumbre, pero ese es otro tema.
Nada pasa por casualidad. Todo tiene una razón. Y mientras haya fuerzas políticas que sigan proponiendo que el Estado brinde todo y prometan el retorno del Frigorífico Nacional y del SOYP (un organismo público que regulaba la pesca en las costas marítimas y ríos, además de tener el monopolio de la matanza de lobos marinos), por citar algunos ejemplos pregonados en estos meses; seguirán habiendo 60 mil orientales (casi el número de votos que necesita un Senador para ser elegido) que tengan como meta en su vida ser empleados públicos.
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