General Motors cerrará plantas en EE.UU. hasta por 9 semanas

General Motors Corp. cerrará la mayoría de sus fábricas en Estados Unidos hasta por nueve semanas, a mediados de este año, ante el derrumbe en las ventas y los crecientes inventarios de vehículos que no se han vendido, informaron el miércoles tres fuentes cercanas a los planes empresariales.

Los analistas consideran que la empresa podría experimentar un derrumbe en las ventas ante las versiones sobre una inminente bancarrota.

Las fuentes desconocían exactamente cuántas plantas cerrarán, pero todas señalaron que la suspensión de operaciones incluirá el cierre normal de dos semanas en julio, para cambiar del modelo de un año al del siguiente.

Ninguna de las fuentes quiso ser identificada, porque los trabajadores no han sido notificados de la medida.

Chris Lee, portavoz de GM, se negó a emitir declaraciones, salvo por señalar que la empresa notifica siempre a los empleados antes de divulgar cualquier recorte en la producción.

Una de las fuentes informadas de los planes dijo que los detalles no se han definido. Algunos de los cierres podrían realizarse entre mediados de mayo y finales de julio, pero el número exacto de las plantas que pararían no se ha determinado.

Otra fuente señaló que algunas plantas que producen modelos más populares permanecerían abiertas durante parte del periodo de cierres, pero con velocidades reducidas en sus líneas de ensamblaje.

Miles de trabajadores podrían ser despedidos pero seguirían recibiendo buena parte de su paga, porque el contrato con el sindicato United Auto Workers (UAW) requiere que la empresa compense buena parte de la diferencia entre las prestaciones estatales por desempleo y sus salarios.

Dirigentes de UAW en varias fábricas dijeron que tenían previstas conversaciones para el jueves y el viernes, con administradores de las plantas y ejecutivos de recursos humanos de GM, a fin de discutir los cambios en la producción.

GM sobrevive con 13.400 millones de dólares en préstamos gubernamentales y debe cumplir un plazo que vence el 1 de junio para reestructurarse o buscar la protección de los tribunales por bancarrota.

AP