Las Rosas: trasladan a los presos que se amotinaron

E. BARRENECHE / M. GALLARDO

Se trasladará a partir de hoy a los presos involucrados en el reciente motín en la cárcel de Las Rosas. Por su parte, el comisionado parlamentario acusó al jefe de Policía de Canelones de no otorgar apoyo al director de la cárcel canaria.

La tranquilidad ganó ayer al penal de Las Rosas cuando trascendió entre la población carcelaria la inminente resolución de las autoridades policiales de trasladar a los presos participantes de la revuelta del miércoles 15 a otros penales del país como Santiago Vázquez y Libertad.

El traslado de los reclusos involucra a los presos que jugaron un papel protagónico en el motín y cuyos actos de indisciplina continuaron generándose en los días posteriores, afirmaron fuentes policiales.

Algunos presos, dijeron las fuentes, cambiaron de actitud apenas se conoció ayer por El País de la denuncia penal radicada en contra de uno de ellos por parte de un efectivo policial que se sintió amenazado.

El recluso, poseedor de antecedentes penales, no solo amenazó de palabra sino que, además, exhibió ante el guardia cárcel un corte de grandes dimensiones. Se espera que las autoridades del comando de la Jefatura de Policía de Maldonado concurran hoy al juzgado penal de turno para denunciar a los presos responsables de los daños y atentados contra el personal registrados durante la revuelta.

Actualmente, la cárcel de Las Rosas aloja más de 500 reclusos lo que genera una situación insostenible, dado que en ella se previó originalmente una capacidad de reclusión de no más de 170 reclusos. A esta situación se suman las carencias de espacio edilicio y de suministros de servicios básicos, en especial el de agua potable.

En este momento, solo el 10% de los 500 encarcelados tiene condena y apenas nueve de ellos acceden al régimen de salida transitoria. Uno de ellos es el relacionista público argentino, Gaby Álvarez.

Según el comisionado parlamentario para las cárceles, Álvaro Garcé, el hacinamiento actual de Las Rosas "complica" cualquier gestión o administración del penal.

Tras advertir que por su cargo debe diagnosticar y presentar propuestas para mejorar el sistema carcelario, Garcé entregará en breve al Parlamento una propuesta para descongestionar la cárcel de Las Rosas hasta que se construyan los nuevos módulos. Estos permitirán alcanzar unas 300 plazas nuevas.

Garcé, quién declinó dar detalles de estas medidas, dijo que están relacionadas con un descenso de los detenidos en función del estado del inmueble tras la última revuelta.

CANELONES. Garcé consideró asimismo que no hubo avances en las condiciones de alojamiento de la cárcel canaria pese al relevo del anterior director realizado a fines del año pasado.

Tras reconocer el esfuerzo del actual jerarca, Carlos Cabrera, Garcé señaló que éste "ha trabajado mucho" y "concretó poco" en su afán por cambiar las condiciones de reclusión de ese penal. Sin embargo, aclaró que la gestión de la cárcel no es solo un tema del director Cabrera sino también "se requiere apoyo", dijo Garcé en alusión a la eventual falta de respaldo del jefe de Policía, Sergio Guarteche hacia el director carcelario.

El comisionado parlamentario señaló que solicitó ante el Parlamento una mayor respaldo para la gestión del director de la Cárcel de Canelones. "Es el Ministerio del Interior y la Jefatura de Policía que debe efectivizarlo", explicó.

El viernes 17, unos 150 policías de Canelones irrumpieron en el Ministerio del Interior para protestar por un eventual relevo del jefe Guarteche. En los últimos días, había trascendido rumores sobre una eventual destitución del policía por su mal relacionamiento con el gremio policial canario.

Ese mismo día, Guarteche se comunicó con la corresponsal de El País en Canelones y propició una nota con el director de la cárcel, quién manifestó que contaba con el apoyo del Comando canario.

En septiembre del año pasado, Guarteche acusó a Garcé de favorecer la situación de dos narcos. Poco después se supo que Garcé tenía preparado un informe muy crítico sobre la situación de la cárcel de Canelones. Luego que la disputa se hizo pública, ambos efectuaron denuncias penales. El jefe de Canelones debió retractarse ante la Justicia Penal y señalar que fue un error haber realizado manifestaciones a la prensa contra el comisionado.

Un gremio policial amenaza con huelga

ARTIGAS | JAVIER BERTALOT

La corriente gremial policial (Conasip) se reunió en Artigas para inaugurar el cuarto local gremial en esta oportunidad el de Sinpolar (Sindicato Policial de Artigas). Además decidió declararse en conflicto a partir de mañana y solicitar que el Consejo Ejecutivo del PIT-CNT se reúna ese día con la ministra del Interior, Daisy Tourné, para plantear reclamos laborales como fueros sindicales, falta de seguridad carcelaria y atrasos en pagos del Servicio 222, entre otros. De no atenderse los mismos dentro de las 72 horas siguientes, se iniciará una huelga, atendiendo solo a los servicios esenciales.

Luís Juárez, integrante de la secretaria de conflicto de la coordinadora policial, dijo que se está evaluando si se ocupa o no el hospital policial ante las malas condiciones laborales de los trabajadores.

El infierno del penal fernandino

El jueves 16, las defensoras de oficio de Maldonado María Eugenia Elso y Alicia Magnani, en representación de decenas de reclusos que defienden, presentaron un escrito con medidas preparatorias para un juicio contra el Estado, para que este cumpla "su deber Constitucional de impedir que la Cárcel Departamental de Las Rosas sirva para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito". El hacinamiento, la falta de criterios técnicos para la disposición de los reclusos y las dificultades para su contralor han hecho habituales los episodios de autoagresión y de lesiones de diversa entidad. Además, se sucedieron diversas denuncias de actos de extorsión y amenazas internas que afecta a los familiares y terceros. También se denunciaron malos tratos del personal policial, tráfico de estupefacientes y se incautó armas de fuego a la población carcelaria.