El fallecimiento de un demócrata

Hebert Gatto

Cuando en 1983 Raúl Alfonsín asumió el cargo de Presidente abrió un nuevo período de la historia política argentina. No solamente por quebrar la hegemonía indiscutida que hasta entonces ostentaba el Partido Peronista, sino, lo que es más trascendente, por inaugurar un período de más de un cuarto de siglo en el que se suceden pacíficamente los mandatarios elegidos por el pueblo.

La mayoría de los estudios sobre Argentina coinciden que la democracia liberal y el constitucionalismo, salvo cortas excepciones, hacen pie en la nación hermana a partir del Presidente recientemente desaparecido. Y ello pese a los retrocesos parciales que en este proceso de afianzamiento institucional supusieron los gobiernos de la Alianza, y los peronistas de Menem y el actual matrimonio Kirchner.

En contraste con ellos se agiganta la figura de Alfonsín, un hombre que asumió el mando en el período más luctuoso de la historia de su nación, en medio de un derrumbe institucional generado por una dictadura militar genocida y redentorista que pretendió reorganizar la cultura política argentina extinguiendo físicamente a sus portadores.

A todos ellos sin distingos. A los salidos de cauce, como la guerrilla peronista que emigró de la prepotencia sindical a la lucha armada o a su similar marxista, el ERP, abocada a fundar a tiros el "socialismo nacional", como a todos los otros, estudiantes, intelectuales, trabajadores, por el único delito de disentir o intentar detener el horror represivo.

En ese contexto al mandatario electo le cupo la hercúlea tarea de refundar la democracia, procurando enraizarla en el débil sustrato de un país cuyas tradiciones de tolerancia estaban hechas trizas y a la vez, como otra cara del mismo desafío, hacer justicia, sometiendo a juicio los monstruosos delitos de un ejército que todavía detentaba las armas y grandes cuotas de poder. Ello sin olvidar, aunque proporcionando su impacto, los delitos de una guerrilla que atentó por años contra la constitución y que en ciertos sectores continuaba amenazante.

Alfonsín nunca dudó que su principal responsabilidad era prevenir males mayores a la sociedad y a la democracia rechazando expresamente visiones retributivas del delito. Para él la pena no era un castigo, era una advertencia para que el crimen no se repitiera. A esa máxima y a la idea complementaria, que quien vive en una sociedad acepta sus sanciones, ajustó su actuación pública. Juzgó a los mandos principales y a los operativos, eximió de obediencia los crímenes aberrantes, depuró a los comandantes de las fuerzas, dignificó la justicia, modificó los códigos, procuró la verdad designando la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), cuyo informe final de 50.000 fojas documentó la desaparición de 8.960 personas.

Más tarde, forzado por la presión militar, debió dictar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. No fue su mejor logro, pero, en rigor, ninguna eximió de pena a los mandos. Sin ningún margen prefirió defender la democracia a aplicar una justicia más generalizada pero más improbable. Sigue siendo discutible si cabían alternativas. Lo que es cierto es que inauguró un período de gobiernos constitucionales, que en mejores circunstancias pudo hacer juzgar más crímenes de la dictadura y que para el bien de la Argentina, todavía persiste.