"Nabos de siempre"

Antonio Mercader

Aunque suele hablarse de brecha laboral en referencia a los menores sueldos de las mujeres respecto a los hombres, en Uruguay hay otra brecha que se ensancha: la que separa a los empleados públicos de los privados. Dos semanas atrás, Búsqueda informó que "los funcionarios públicos cobran en promedio dos veces y media lo que ganan los trabajadores que se desempeñan en el sector privado", según registros oficiales del BPS. ¡Dos veces y media!

En estos días, causa sensación -e irritación- un aviso del Senado para contratar cadetes y asistentes de cafetería y biblioteca, menores de 30 años, con sueldos de $27.000.

La paga no es una locura para un Estado que -según dicho semanario- abona a sus empleados un promedio de $20.448 mensuales, pero sí lo es en comparación con lo que entrega por similares tareas el sector privado. "El que un cargo de ascensorista y cafetero se pague $27.000 mensuales es impúdico, es bochornoso para todos los que trabajamos en el llano", calificó un lector en nuestra sección Ecos el domingo pasado, y advirtió que esa cifra "no está en proporción a la realidad actual". A la realidad del sector privado habría que decir, pues en el público la generosidad campea por sus fueros.

Esa brecha entre ambas realidades se perfila como un dilema crítico para el país pues todo indica que seguirá agrandándose. Síntoma de ello es la constante gimnasia de los estatales de Cofe, quienes, imitando a Adeom, amenazan ahora con juicios millonarios al Estado por pagos incumplidos y exigen nuevos aumentos pese a que la normativa vigente prohíbe darlos en año electoral.

La voluntad del gobierno de resistir a las presiones no es mucha como se vio en el pasado reciente en donde, gritos y amagos de huelga mediante, los funcionarios cantaron victoria las más de las veces.

Esto trae a la memoria ciertas discusiones acaecidas en 2004, previo al triunfo del Frente Amplio, cuando algunos analistas vaticinaban que, por su consanguinidad con los sindicatos, un partido de izquierda estaría mejor plantado que un partido tradicional para negociar y resolver los conflictos sin gravar demasiado el erario público. No fue así, aunque debe admitirse que hubo intentos aislados de pararle la mano a gremios excedidos.

El cotejo entre el estatus de públicos y privados prueba que la gente no se equivoca cuando afirma en las encuestas que el cargo público es la forma ideal de asegurarles el porvenir a sus hijos. Estabilidad en el empleo, ascenso por antigüedad, mínimas exigencias y algunos beneficios adicionales justifican esa percepción sobre los públicos. En contraste, los privados viven un régimen menos estable y más exigente con la perspectiva siempre al acecho de que los despidan, bajen sus salarios o acrezcan sus tareas según la situación del mercado, como sucedió, por ejemplo, durante la crisis de 2002.

No extrañará entonces que el llamado del Senado convoque a miles de aspirantes, tal como pasó otras veces, en particular aquella en que el Banco de Seguros llamó a candidatos a convertirse en "ayudantes de lavandería" y acudieron multitudes.

Con ser injusta, la desigualdad creciente entre ambos sectores no es lo más grave del caso. Lo peor es que, en buena medida, quienes financian el aparato del Estado con su trabajo y sus impuestos son los integrantes del sector privado, es decir, el común de la gente, esos sufridos ciudadanos de a pie que, con certero sarcasmo, Tomás Linn retrató alguna vez como "los nabos de siempre".