Traslados de presos sin estudio cabal de su peligrosidad

E. BARRENECHE

El Ministerio del Interior no podrá analizar en serio la peligrosidad de presos que va a trasladar y solo decidirá en base a sus carpetas que resumen cada caso judicial. Hasta ayer, al Instituto de Criminología (Inacri) no se le encargó la tarea.

Este organismo, dependiente de la Dirección de Cárceles, se encarga de evaluar el comportamiento de las personas privadas de libertad. En caso de que la cartera de Interior le ordene evaluar la peligrosidad de los reclusos a realojar, el Inacri enfrenta falta de personal y de recursos materiales, dijeron a El País fuentes del Ministerio del Interior y de la propia Policía.

"No hay posibilidad alguna de analizar la peligrosidad de tantos presos en un plazo breve. Sí se puede clasificarlos en función de las planillas" y no de los antecedentes de los encarcelados, señalaron las fuentes.

El lunes 13, el Consejo de Ministros aprobó un plan de descongestionamiento de las cárceles. La iniciativa, que fue presentada por la ministra Daisy Tourné, prevé el traslado de 1.250 presos, la mayoría del Comcar.

Esos reclusos serán derivados a Punta de Rieles, a dos pabellones de la Colonia Santín Carlos Rossi, a La Tablada y a casonas propiedad del Estado o que serán alquiladas.

El sistema de clasificación de los internos será definido por el director nacional de Cárceles, Jorge Szasz, y su comando y por la asesora de la ministra Daisy Tourné en asuntos carcelarios, María Noel Rodríguez.

La clasificación, según las fuentes consultadas, girará en torno a los siguientes ejes: presos ubicados en el Complejo Carcelario (Comcar) que gozan de salidas transitorias -hay 150 presos en esta situación-; internos que trabajan desde hace varios años y que demostraron buena conducta, penados que les falta dos años para cumplir la pena y primarios con una preventiva corta.

Uno de los escollos que puede tener el plan de Tourné son aquellos presos que trabajan hace años en el Comcar y que cobran peculio por ello. En caso de que sean designados para ser trasladados hacia Punta de Rieles es posible que se nieguen. Otros, en cambio, podrían optar por perder su peculio pero ser alojados en un edificio con mayores comodidades. En tanto, se partirá de la base de que los presos primarios no reúnen un perfil de peligrosidad y no querrán fugarse porque su tiempo de reclusión es corto, en muchos casos. Una situación similar ocurre con aquellos penados que tienen dos tercios de la pena cumplida y poseen expectativas de recibir una libertad anticipada, según señaló a El País el comisionado parlamentario Alvaro Garcé.

SIN RECURSOS. Fuentes del Ministerio de Interior confirmaron a El País que previo a este plan "hecho a las apuradas" no había ninguna planificación para la situación carcelaria. La idea manejada en algún momento por el gobierno

-la construcción de nuevas cárceles- se descartó porque "no era políticamente rentable" y había otras prioridades para el gasto de los recursos disponibles en la cartera.

Durante Semana Santa, el director de Cárceles comunicó a su entorno los grandes lineamientos del plan que anunció Tourné el lunes. Se indicó que el Inacri no recibió, al menos hasta ayer, ninguna directiva en este sentido.

Se señaló asimismo que esta repartición carece de personal y técnicos suficientes para, "contrarreloj", evaluar a los reclusos. Se estimó que la selección de los presos a trasladar se realizará según el resumen del expediente judicial pero "no en función de su real peligrosidad".

"Parece al menos, que ahora sí va a aparecer el dinero que antes no estaba para acondicionar los locales que se emplearán", dijo la fuente. "Pero esto no es una reforma, ni siquiera incipiente, del sistema carcelario. Es apenas una repuesta a la situación con inversiones de dudosa eficacia futura", agregó.

De cualquier manera, "en este momento se están elaborando las órdenes de servicio del Ministerio del Interior para acelerar los traslados de reclusos", dijeron las fuentes.

Demanda judicial contra Interior por la situación en las cárceles

El abogado penalista Gustavo Salle, presentará hoy una acción de amparo ante un juzgado de lo Contencioso Administrativo pidiendo que se intime al Ministerio del Interior a brindar una pronta solución a la problemática del hacinamiento y las violaciones a los derechos humanos que se registran en el sistema carcelario.

La demanda se sustenta en el informe elaborado por el relator de los Derechos Humanos de la ONU, Manfred Nowak, y los trabajos realizados por el comisionado parlamentario Álvaro Garcé.

En la demanda, Salle reclama que "se protejan los derechos humanos de las personas que, como consecuencia de su sometimiento a la judicatura penal, están y vayan a estar en centros penitenciarios del país".

Concretamente, el abogado pide que en un plazo de dos meses se intime al Ministerio del Interior la prohibición de alojar reclusos en los módulos de metal conocidos como "las latas" existentes en el Penal de Libertad. También reclama la redistribución de reclusos con el objetivo de descongestionar ese establecimiento penitenciario, según adelantó Salle ayer en diálogo con El País.

Además, la demanda pide que la Justicia disponga la creación de una comisión integrada con representantes de instituciones defensoras de los derechos humanos a la cual se le encargará la vigilancia y el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones en relación a la política carcelaria, como complemento de la tarea del comisionado parlamentario.

Entre los testigos, Salle propone que se cite al comisionado Garcé y a los senadores Eleuterio Fernández Huidobro (Corriente de Acción y Pensamiento) y Víctor Vaillant (Espacio 609) quienes en el último tiempo han hecho referencia a la situación de las cárceles.

También pide que se convoque al presidente de la Suprema Corte, Jorge Larrieux, debido a que los integrantes de la Corporación realizan anualmente una visita a las cárceles y por eso es "testigo calificado" de la situación, dijo Salle.

En forma paralela, él presentó semanas atrás una denuncia penal contra el presidente Tabaré Vázquez, la ministra del Interior Daisy Tourné y la ministra de Desarrollo Social por su responsabilidad en las carencias del sistema penitenciario.