Propuesta indecente

RODOLFO SIENRA ROOSEN

Hace tiempo que insistimos en el disparate que se está proponiendo a la ciudadanía de derogar, por vía de reforma constitucional, a la Ley de Caducidad, en definitiva, una ley de amnistía parcial a militares que tuvo vigencia durante veintitrés años y que los hechos han demostrado que no ha sido obstáculo para procesamientos y sanciones penales.

Varios prestigiosos editorialistas de esta página coinciden con este punto, y en la edición del 1° de abril se ha expresado maravillosamente bien, y con una claridad cristalina, el Dr. Hebert Gatto, incursionando con firmeza en el problema técnico que degenerará en un cataclismo político de consecuencias imprevisibles en tanto se maneje como antecedente para el futuro.

Gatto sostiene que la ley puede ser nula por defectos de forma o de fondo y que en tal caso genera el vicio de inconstitucionalidad. Desde nuestro enfoque, y que ni se piense en una intención de corregirlo, la categorización de la nulidad en la ley no es autónoma. La ley, primero o es ley porque tiene todos los elementos para serlo, o no es ley porque le falta alguno, en cuyo caso será "ley inexistente", es decir "no ley". Si padece de vicios de forma -la aprueba una sola Cámara, no cuenta con las mayorías especiales que en algún caso se requieren- o de fondo -contradice un precepto de la Carta- entonces a quien se le pretenda aplicar, puede hacer valer por vía de acción o excepción, si no lo hiciera el Juez de oficio, la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. En realidad, con una diferencia de matiz muy sutil e intrascendente, estamos diciendo lo mismo y llegando a similar conclusión que Gatto.

Esta propuesta entonces está salteando la intervención del Poder Judicial y pretende una nulidad declarada por la Constitución -a través de su reforma- en contra de la propia Constitución. Jurídicamente es peor que un mamarracho, es una inmoralidad, o si se quiere, una estupidez. Pero cuidado con las consecuencias, y ahí vamos a tomar las palabras de Gatto para expresar los conceptos en que insistimos antes:

1º- Se le está dando retroactividad a la derogación de una ley penal de amnistía, lo cual no debe tener precedentes en el mundo civilizado, en donde se aplica el derecho penal liberal. A quienes fueron perdonados 23 años atrás, y con el respaldo de la ratificación popular, ahora se les "desperdonaría" -por decirlo de algún modo- por el mismo pueblo que aprobó lo que decidieron sus representantes. La seguridad jurídica del país recibiría un entierro de lujo.

2º- La democracia representativa y la separación de poderes, pasarían a mejor vida. La competente para decidir la suerte de una ley, sería la ciudadanía, y en cualquier momento, sin importar la vigencia de la norma. Tanto darían 23 años como dos siglos.

3º- La ciudadanía podría también sancionar delitos anteriores a su pronunciamiento sin que hubiera una ley que sancionara la conducta penal.

A veces se nos ha reprochado atribuirle capacidad a Astori. Está a años mil de ser un buen presidente, pero lo tenemos por un hombre intelectualmente válido. Que Mujica, o Michelini, apoyen esta ley, no sorprende. Que lo haga Astori, asusta.

Menudo trabajo sacar a toda esta gente del gobierno y hacerle entender al electorado la barbaridad de semejante propuesta.