Senado trata juicio a De los Santos

En clima de campaña electoral, la comisión de Constitución del Senado iniciará hoy el análisis del pedido de juicio político al intendente de Maldonado Oscar de los Santos, aprobado por la Junta departamental fernandina a fines de 2007. Esta mañana concurrirá a la comisión la bancada de ediles de Maldonado del Partido Nacional junto al diputado de ese departamento Federico Casaretto y de tarde asistirá el intendente.

La resolución de la Junta, respaldada por algunos ediles del sector del diputado frenteamplista Darío Pérez, dice que se verificaron "extremos de violación grave" a la Constitución y avasallamiento del orden jurídico. El tema estuvo dormido en la comisión durante 2008 y desde Alianza Nacional se afirma que el senador de Correntada Wilsonista Francisco Gallinal no hizo nada para acelerarlo cuando presidió la comisión.

El Frente accedió a darle trámite al pedido de la Junta departamental tras recibir a De los Santos en su Secretariado Ejecutivo. El intendente de Maldonado pidió al Frente que se discuta el tema para demostrar su "inocencia". Así, se instruyó a los legisladores oficialistas a convocar a las partes y se pretende que el tema sea discutido en cámara.

Pero el Frente Amplio no habilitará el juicio político. Ayer, el gabinete de De los Santos emitió un comunicado que expresa el "total apoyo político y personal" al intendente y el "convencimiento" de que se "dejará al descubierto la pobreza de argumentos de la oposición" y la "naturaleza" político-electoral de la postura del Partido Nacional.

Casaretto dijo a El País que el pedido de juicio político debió tratarse en 2007 "para que no se mezcle" con la campaña electoral. "Tenemos muy pocas esperanzas de que el Frente otorgue los votos para el juicio político al intendente de un departamento clave. Igual queremos que defiendan lo indefendible", indicó.

La senadora frenteamplista Susana Dalmás dijo que el pedido de juicio sólo ha sido manejado públicamente por los ediles, pero no por los senadores blancos.

ACUSACIÓN. La resolución de la junta incluye ocho puntos en los cuales el intendente habría cometido irregularidades. Se menciona la violación al principio de igualdad por contrataciones directas: el caso Satenil (para realizar refugios peatonales con el "monopolio" de la publicidad) y la contratación de empresas para bacheos y para construir casetas de guardavidas.

También, violaciones al régimen de ajuste salarial de los funcionarios, aplicación irregular del decreto que disminuyó los beneficios tributarios y desconocimiento de resoluciones del Tribunal de Cuentas, entre otros temas.