Presiones y cosas peores

La falta de respeto por el orden jurídico ha sido uno de los aspectos más negativos de la gestión gubernamental del Frente Amplio. Sería largo enumerar el rosario de violaciones de la Constitución, ilegalidades de todo tipo, entre ellas las muchas que observó sin éxito el Tribunal de Cuentas, y arbitrariedades a granel, que han sido el pan nuestro de cada día durante los cuatro años que ya lleva este gobierno.

Deberá volver a ejercerlo el Partido Nacional, para que la divisa "Defensores de las leyes" vuelva a tener vigencia en las alturas del poder. Pero, en el interín, el desprecio por el Estado de Derecho sigue campeando a lo largo y ancho de esta administración hiper politizada, cuyos jerarcas son devotos de la máxima totalitaria según la cual el fin justifica los medios.

Un ejemplo más -y de los peores- es el de la presión ejercida sobre la Sala de Abogados del Poder Legislativo, en desconocimiento de la independencia técnica de sus integrantes, para que firmaran, contrariando su opinión jurídica, un escrito de allanamiento a la excepción de inconstitucionalidad planteada por la fiscal Mirtha Guianze respecto de la Ley de Caducidad, en un expediente penal. Excepción de la que la Suprema Corte de Justicia, con manifiesto error, dio traslado al Parlamento. Por cuya causa, la Sala entendía, con sobrada razón, que debía oponerse la excepción previa de falta de legitimación activa del Poder Legislativo.

Sin perjuicio de ello, y sobre el fondo del asunto, comunicaron, al Vicepresidente de la República y a uno de los secretarios del Senado, que debía defenderse la constitucionalidad de la ley, ya sostenida ante otra impugnación de ésta, y teniendo en consideración que en dos oportunidades -en 1988 y 2004- la Suprema Corte declaró dicha constitucionalidad.

El señor Nin Novoa negó enfáticamente la presión que se le atribuye haber ejercido. Búsqueda, sin embargo, defendiendo la veracidad de lo que, en sentido contrario, informó en su edición del 19 de marzo, probó que la presión existió. En tal sentido, es concluyente el informe de la Sala de Abogados, de fecha 25 de febrero, publicado por dicho semanario.

También cuestionó, el Vicepresidente de la República, la independencia técnica de sus letrados. Alegó al respecto, en declaraciones públicas, que dicha independencia "es discutible, porque al fin y al cabo son funcionarios públicos y, si bien es cierto que se respeta la independencia técnica, también es verdad que no pueden dejar al Estado en una situación de indefensión, porque son funcionarios públicos precisamente". Es decir que, bien a lo Mujica, como te digo una cosa te digo la otra. Y en una sola frase, además.

El "argumento" de la indefensión es inadmisible, ya que lo que hizo la bancada oficialista, con Nin Novoa al frente, fue no defenderse, es decir allanarse a la pretensión de la fiscal. Quienes querían defender al Poder Legislativo, eran precisamente sus letrados.

Además, la independencia técnica de los funcionarios profesionales que asesoran al Estado es incompatible con el acatamiento de órdenes contrarias a los conocimientos que deben aplicar para actuar en dicha función de asesores del Estado y en ejercicio de su profesión. Cualquiera sea ésta, ya sea la de abogado, escribano, médico, arquitecto o ingeniero. Si ello no es así, el profesional asesor, que por definición debe actuar con independencia técnica, deviene un subordinado más, sujeto a los caprichos o a los fines políticos perseguidos por su jerarca.

Por último, no se crea que este manoseo a que se vieron sometidos los abogados del Parlamento configura un episodio excepcional desde que el Frente Amplio es gobierno. Por el contrario, en otros organismos y reparticiones estatales también se ha presionado y perseguido a sus asesores letrados, a fin de que no dictaminaran con independencia sino de acuerdo a los intereses políticos de sus jerarcas. Algunos de ellos, obtuvieron pases en comisión, de modo de verse libres de esa falta total de respeto. A otros les fue peor. Fueron sumariados por faltas imaginarias. O separados de sus funciones, con o sin previo sumario, so capa de pretextos jurídicos inconscientes.

Pero la persecución no ha sido sólo a los letrados reacios a la genuflexión. También a miles de funcionarios blancos y colorados, víctimas de su condición de tales y de la arbitrariedad de quienes mandan en dependencias frentistas. Penosa situación que se va a acabar el 1° de marzo de 2010.