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Las leyes azotan a los indocumentados y las hipotecas a legales
CARLOS TAPIA
La debacle financiera golpeó fuerte en España. Según las últimas cifras, la tasa de paro es de 14,8%, lo que equivale a 3,32 millones de desempleados. La colonia uruguaya, que equivale a unos 70.000 compatriotas, no es ajena a los problemas que la crisis genera. Algunos ya optaron por volver.
"Estamos en una situación bastante precaria para las colonias uruguayas. Muchos están buscando formas para volver", declaró a El País el portavoz del Centro Uruguayo en Madrid, Juan Sotelo. "Recibimos continuas llamadas de gente que nos pregunta cómo puede regresar con sus pertenencias, cómo puede conseguir dinero para el pasaje. Hay gente que ya se fue, sobre todo los que estaban en situación irregular", expresó.
La mayoría de los uruguayos que emigró zarpó rumbo al viejo continente durante la crisis de 2002. Muchos de ellos se desempeñaron, desde ese entonces, en trabajos relacionados con la construcción y los servicios, labores desdeñadas por los españoles. Pero ahora, que la crisis deja a la gente en la calle, estas tareas son vistas como la gran solución para poder saldar deudas generadas en los tiempos de vacas gordas.
"La población inmigrante que antes hacía todos los trabajos que los españoles no querían hacer, ahora debe competir con ellos que quedaron endeudados por las hipotecas que adquirieron en los últimos años", sostuvo Sotelo.
"España tuvo un gran momento económico y la gente comenzó a vivir por encima de sus posibilidades"
Unos 20.000 uruguayos viven de manera irregular en España, según Sotelo. Éste cree que muchos de ellos volverán luego que el parlamento vote este año la ley de Extranjería, que sanciona con multas de 3.000 euros y hasta con la cárcel a quienes "promuevan la permanencia irregular de un extranjero en España". "Es claro que las leyes se están endureciendo para los emigrantes. Si le doy cobijo a un amigo puedo terminar preso", se quejó.
De regreso. Aunque la situación es difícil para muchos de los emigrantes, no es fácil regresar a Uruguay. "La vuelta es una posibilidad si tienes a alguien que te espere, si tienes un trabajo cuando llegues", dijo a El País Daniel Caserta, presidente del Centro Uruguayo en Madrid.
Sotelo, en tanto, sostiene que los que volvieron lo hicieron en una "situación lamentable". "Vendieron todo lo que tenían para poder venirse para acá, para buscar una opción de vida mejor, intentar ayudar a sus familias que estaban en situaciones precarias en Uruguay. Y bueno..., se tuvieron que volver sin nada".
De todos modos, Caserta cree que "es preferible quedarse sin trabajo en España que en Uruguay". "Porque acá un ilegal igual come si no tiene trabajo. Hay albergues, comedores, iglesias que asisten a la gente. Entonces muchos intentan aguantar como sea porque en algún momento esto va a mejorar". También sostiene que "siempre hubo ilegales en esta situación, ahora son más por la crisis".
En tanto, el mal de los inmigrantes legales son las deudas hipotecarias que adquirieron. Sotelo contó que muchos uruguayos se endeudaron comprando casas o apartamentos para luego vender y volver al país. Y señaló, sobre esas deudas que generaron: "Va en la conciencia de cada uno lo que quieran hacer con ellas, es evidente que si dejan cosas sin pagar el día que deseen volver a España no podrán hacerlo". Caserta, por su parte, cree que es claro que "los inmigrantes que se endeudaron tarde o temprano perderán la casa".
De todos modos Caserta, que hace 12 años vive en España, desdramatizó la situación: "A mí me gustaría que los españoles vean lo que son las crisis en Latinoamérica".
Casi 4.000 inmigrantes se acogieron, entre noviembre y la primera quincena de marzo, al plan para el retorno voluntario de inmigrantes desempleados, según datos del Ministerio de Trabajo. El programa está dirigido a los inmigrantes procedentes de los 19 países que tienen convenios en materia de Seguridad Social con España. En total, se acogieron a esa posibilidad 3.926 personas, la mayoría de Ecuador (1.688 trabajadores), Colombia (713) y Argentina (393). De éstos, 838 residían en Madrid, 446 en Murcia, 399 en Barcelona, 262 en Valencia y 260 en Alicante. El País de Madrid
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