Argentinos exigen justicia a 33 años de la dictadura

BUENOS AIRES | LA NACIÓN/GDA Y

AGENCIAS

Argentina rindió homenaje ayer a las víctimas de la última dictadura militar (1976-83) y renovó el reclamo de castigo a los culpables con actos, marchas y recitales, al cumplirse 33 años del golpe de Estado que entronizó a un sangriento régimen.

"Es bueno saber que no hay sistema político mejor que la democracia. Y no hay democracia separada de los derechos humanos", expresó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, al inaugurar una muestra fotográfica frente al Palacio de Tribunales porteño, en el primer homenaje que se realizó ayer en el aniversario del golpe de Estado.

La exposición forma parte de la recordación del "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia", instaurado en 2002 por el Congreso Nacional en homenaje a las víctimas del régimen militar.

Durante la jornada se realizaron varias movilizaciones en las principales ciudades del país y un acto central en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno, con la consigna "Juicio y cárcel común a todos los genocidas".

Miles de personas se congregaron allí junto con las Madres de la Plaza de Mayo. Taty Almeida, integrante fundadora de la organización, sostuvo: "Pedimos justicia legal, ni a las madres ni a las abuelas se nos ocurrió jamás pedir la pena de muerte como lo hacen estos iluminados que aparecen ahora". Esta referencia fue para los personajes de la farándula Argentina que reclamaron en las últimas semanas que vuelva la pena de muerte, entre ellos la conductora de televisión Susana Giménez, que también pidió que vuelva la colimba.

"Repudiamos la pena de muerte, queremos justicia", sostuvo Almeida frente a varias organizaciones de derechos humanos y grupos de izquierda que participaron del reclamo en la Plaza de Mayo. Las Madres también exigieron rapidez a los magistrados sobre las causas que implican delitos de lesa humanidad. "Los jueces avanzan con lentitud", dijeron.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en la mañana de ayer la sentencia de reclusión perpetua por genocidio para el ex represor de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz. Pese a que la Corte firmó el fallo el 17 de febrero, recién se dio a conocer ayer, coincidiendo con el aniversario. El máximo tribunal también ratificó que quienes cometieron delitos de lesa humanidad deberán cumplir la pena de cárcel común, sin importar la edad del imputado.

Etchecolatz estaba a cargo de 21 prisiones clandestinas durante el proceso y es el responsable del secuestro de 10 estudiantes en la madrugada del 16 de septiembre de 1976, luego de que estos realizaran protestas para pedir el boleto estudiantil gratuito. Solo tres de los jóvenes lograron sobrevivir a las torturas a las que fueron sometidos en un suceso que se conoce como la "noche de los lápices" y dio lugar a una película de igual nombre.

El golpe. El 24 de marzo de 1976 fue derrocada la presidenta Estela Martínez de Perón y los militares instauraron un régimen de terrorismo de Estado, que dejó un tendal de 30.000 desaparecidos y miles de torturados y exiliados, según organismos de derechos humanos.

Los dictadores pusieron en marcha un plan de exterminio de opositores -entre ellos la guerrilla de izquierda: Montoneros-, que involucró siniestras prácticas como robo de bebés de mujeres asesinadas luego de parir en centros de reclusión, o el lanzamiento desde aviones de prisioneros al mar.

A más de tres décadas del golpe, los organismos de derechos humanos señalan que el problema más importante en la búsqueda de justicia es la falta de celeridad de los juicios. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló que en la actualidad un total de 1.254 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado. "Sin embargo, poco más del 40% de los involucrados está procesado y apenas 48 personas fueron condenadas", destacó la entidad en un comunicado de prensa.

Las cifras del golpe de Estado

La última dictadura en Argentina duró 2.818 días, desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983, cuando asumió la presidencia Raúl Alfonsín. Según organismos de derechos humanos 30.000 personas fueron secuestradas durante el proceso, la mayoría permanece desaparecida. Unos 500 niños fueron robados; se logró ubicar a 100. Al final del golpe Argentina había acumulado US$ 46.000 millones de deuda externa.