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La Corte trasladó al juez que denunció a Ricardo Prato
Por disposición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el juez de Aduanas Gustavo Pini, pasará a ocupar un cargo en un oficina de la Corporación que se ocupa de coordinar programas para la mejora del sistema judicial.
La decisión, tomada el pasado viernes, tuvo lugar mientras se tramita una denuncia penal que Pini presentó contra el director de Aduanas Ricardo Prato, a quien acusó de ocultarle información sobre el presunto contrabando de slots contratados por la Intendencia de Montevideo.
Además, el mes pasado hubo otro cruce entre el magistrado y el organismo estatal, cuando Pini se presentó ante la Aduana junto con un despachante y prohibió que se le revisaran tres contenedores que contenían mercadería "en tránsito".
Según diversas fuentes consultadas, la normativa vigente habilita a las autoridades a analizar el contenido de importaciones en esa condición con previa autorización.
La Aduana apeló esa decisión. La fiscal de Aduanas Laura Llambí, quien cuestionó severamente la actuación del juez Pini en este caso, consideró que la resolución fue errónea.
"Se desconoce qué mercadería transportaban los tres contenedores cuya apertura fue impedida, y se desconoce qué pudo provocar tal inquietud en el señor despachante de Aduanas para comunicarse con un magistrado judicial y lograr que el propio juez se constituyera en el recinto portuario e impidiera la operativa de los funcionarios aduaneros", dijo Llambí en un escrito presentado ante el juzgado.
ATAQUE. La decisión de Pini de no permitir la revisión de la mercadería en situación sospechosa, causó "sorpresa" según dijeron a El País fuentes de esa dependencia.
"La Aduana quedó atada de manos; a partir de un caso concreto de tres contenedores de un despachante se estableció que la Aduana no puede ver para poder investigarlos", advirtieron las fuentes consultadas.
Según los informantes, la polémica resolución del juez, que trabajó durante diez años al frente del juzgado de Aduanas, representó un "ataque a la administración".
PEDIDO. El presidente de la SCJ, Jorge Larrieux, explicó a El País que la decisión de trasladar al magistrado obedece a que "el juez Pini presentó un certificado médico que recomienda que se le asignen funciones no jurisdiccionales".
Larrieux dijo que la polémica generada en torno al magistrado por la denuncia contra Prato al igual que la decisión de no habilitar la revisión de los contenedores "no tuvieron nada que ver" con la decisión de trasladarlo.
"Son cuestiones jurisdiccionales y la Corte no se mete en esos asuntos", señaló Larrieux. "Se juntaron las dos cosas y tal vez la propia situación de stress fue la que lo llevó a pedir el traslado", agregó.
Sin embargo, Larrieux insistió: "Que quede claro que el traslado lo pidió él y adjuntando un ceriticado médico. La Corte no interviene en asuntos jurisdiccionales de los juzgados".
DESACATO. Mientras tanto, la denuncia penal que Pini presentó contra Prato por el delito de "desacato", continúa su curso en la órbita del juzgado especializado contra el crimen organizado a cargo de la jueza Graciela Gatti.
Sgún Pini, Prato no le informó debidamente sobre la situación de los slots contratados por la IMM durante la gestión de Juan Carlos Bengoa, los cuales, se estima que no terminaron con sus trámites de importación.
En los próximos días el caso pasará en vista a la fiscal Mónica Ferrero quien decidirá los pasos a seguir en la causa.
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