Una justicia que discrimina

Hebert Gatto

Pese a declaraciones altisonantes se suele olvidar o sólo se considera desde un ángulo partidista, el profundo daño que la dictadura militar uruguaya causó a la institucionalidad del país. Tanto que seguramente no exista en nuestra historia un suceso comparable en sus efectos al siniestro período comenzado en febrero/junio de 1973. Un hecho que además de atropellarnos y humillarnos quebró de un golpe la confianza en nuestra capacidad para organizarnos como estado democrático.

Desgraciadamente nada resulta tan complejo y difícil como reconstruir tradiciones en cierto modo intangibles como las institucionales, pese a constituir la última garantía del civismo. Por eso se impone intentar reparar este deterioro cultural, sin olvidar, para evitar contradicciones, que los medios a utilizar no deben apartarse un ápice de los principios liberales. No sea cosa, por ejemplo, que para imponer justicia inventemos anular leyes o reinstalemos a las calladas la retroactividad de la ley penal.

Todos sufrimos en la tragedia de la dictadura pero hubo sectores que sin haber tenido participación en su generación soportaron un grado de padecimiento bastante más acusado que el resto. Me refiero concretamente a cientos de militares demócratas. Al conjunto de soldados de las tres armas que por honrar sus convicciones y juramentos rehusaron plegarse al golpe militar y a un enorme costo personal permanecieron leales a la Constitución.

Su historia es menos conocida de lo que merecería. Algunos, como ocurrió con parte de la Marina, resistieron con armas en la mano. Otros, como sucedió con muchos en el Ejército, llamados por los mandos a definirse manifestaron su fidelidad a la República. Todos fueron destratados, relegados, dejados sin destino y en gran parte, dados de baja.

En enero de 2006 se dictó la ley 17.949 admitiendo que el trato indigno padecido por este personal en tanto pudo afectar su honor y buen nombre exigía reconocer expresamente su dignidad ciudadana y reconstituir sus derechos jubilatorios. Transcurridos más de tres años de promulgada la ley se está lejos de haber considerado siquiera la mitad de las solicitudes presentadas a su amparo. Con el agravante que las resoluciones, a medida que pasa el tiempo, son cada vez menos y casi todas ellas conciernen a reclamantes frentistas. Como si sólo ellos fueran los perjudicados.

Nunca es más dolorosa la discriminación que cuando se la practica olvidando y postergando. La dictadura no aceptó disensos. Mucho menos en sus fuerzas armadas, pretendido ejemplo de un nuevo tiempo de unanimidades doctrinales. Por eso los que revistando en ellas osaron discrepar, aunque poco se los nombre, fueron héroes cabales. Hombres que no buscaban ni un nuevo régimen, ni una nueva moral, ni una diferente orientación socioeconómica. Sólo fueron profesionales, ciudadanos armados juramentados a defender la Constitución. Un juramento cuyo último sentido consistía en crear condiciones para que el pueblo decida por sí su destino.

Nada justifica que cuando transitan el final de sus vidas se los discrimine y postergue sometiéndolos a la indiferencia burocrática, omitiendo que únicamente honrando con equidad la tradición que ellos calladamente cultivaron, podemos garantizar la pervivencia de la democracia.