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Juan Martín Posadas
ONG quiere decir organización no gubernamental. Su sello distintivo no es que sean organizadas sino que no son del gobierno. Ese no ser del gobierno no es tanto un estatus jurídico, que lo es, sino una característica: han de ser ágiles, eficientes, cuidadosas, económicas, poco burocráticas y todo lo que el Estado no es y ha desengañado a muchos de que pueda llegar a ser.
Igual resulta llamativo que se llamen de ese modo porque, al final de cuentas, todas las organizaciones privadas son no gubernamentales. También es no gubernamental el Montevideo Wanderers, la Asociación Rural y la Conferencia de San Vicente de Paul, por señalar algunas. La diferencia, me sospecho, radica en que, al proclamarse así, parece que le echaran en cara al gobierno que ellas están haciendo lo que él debería llevar a cabo pero no es capaz.
Otro motivo de asombro es el hecho que este tipo de organizaciones goce de extendido aprecio y simpatía en la izquierda, siendo que la izquierda se proclama defensora del Estado y procura que éste amplíe permanentemente su radio de acción y se meta (o entrometa) en todo. La izquierda aplaude a las ONG, las defiende, las integra y, al mismo tiempo, levanta su voz contra las privatizaciones y las tercerizaciones.
Estas organizaciones tienen predilección por cierto tipo de causas. Una de sus causas preferidas son las relacionadas con la ecología. Pero no les atrae la ecología común y silvestre, como podría ser el desaseo y la mugre de las calles de la ciudad. Prefieren abrazar las grandes causas, como por ejemplo, la descontrolada deforestación de la Amazonia o la descontrolada forestación del Uruguay.
En realidad, más allá de lo pintoresco de algunas de estas organizaciones, ellas presentan un problema que debe, por lo menos, estar presente en la discusión pública. A la vez que son la solución para ciertas situaciones -y efectivamente lo son- plantean un cuestionamiento a la organización de la sociedad que es el Estado. Hablando en general, las ONG realizan tareas para el gobierno o para las intendencias y reciben fondos de los respectivos presupuestos, pero no tienen control ni del Tribunal de Cuentas ni de nadie; no sólo del dinero que reciben sino de cómo se usa ese dinero, con qué efectividad. (Usted me dirá -y yo no tendré respuesta pronta- que menos control de la efectividad en la aplicación del dinero tiene el propio Estado…)
Por otro lado uno se pregunta, no sin fundamento, si tendríamos algunos servicios del Estado si no fuera porque lo desempeñan estas organizaciones. ¿Cómo estarían las calles de Montevideo sin los barrenderos/as del Movimiento Tacurú? En estos días que se habla tanto del INAU recordemos que El País informó el año pasado que el 88% de los niños del INAU no están en el INAU: son atendidos por ONG (que reciben sólo el 30% de los fondos públicos destinados a ese fin).
Termino con una reflexión final: siempre es pertinente la preocupación por el destino de los dineros públicos -dineros que son de todos- pero es quizás más preocupante la atomización y la falta de rumbo coherente en las políticas públicas. Las organizaciones que nacieron para agilizar las políticas colectivas con el aporte de la iniciativa particular no deben transformarse en algo fuera del control y la transparencia pública, pero tampoco es bueno abrazar un tiroteo al voleo, bienintencionado quizás, pero sustituto (extraviado) de un Estado que no hace lo que debe y de un gobierno que no sabe lo que quiere.
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