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En España, Francia, Alemania, Gran Bretaña y otros países europeos hubo en estos días fuertes temporales con temperaturas bajo cero. A nadie se le ocurrió suspender las clases por esa razón. Tanto en Estados Unidos como en Europa las clases sólo se suspenden si una nevada vuelve intransitables las calles, algo que sucede de tanto en tanto. Empero, aquí en Uruguay, una llovizna, pertinaz pero no peligrosa, dejó sin justificación una medida sin precedentes de las autoridades educativas: la suspensión del comienzo del año escolar.
Casi 400.000 niños se quedaron en sus casas porque había un alerta de temporal. Si esta decisión del Codicen de la ANEP fija un precedente, cada vez tendremos menos días de clase en un país cuyas escuelas están por debajo de la carga horaria anual que recomiendan los expertos en educación. Bastará con que nuestros falibles meteorólogos anuncien turbulencias para que las autoridades suspendan las clases, una decisión hasta ahora librada al buen criterio de los padres que son quienes resuelven en cada caso si enviar o no a sus hijos a la escuela.
La ANEP señala al Sistema Nacional de Emergencias como el promotor de la suspensión del inicio del año lectivo. Se trata del organismo que en 2005 fracasó en toda la línea, ante una turbonada que segó diez vidas y causó abundantes daños materiales. Desde entonces, ese Sistema, al igual que los servicios oficiales de meteorología, han optado por pasarse para el otro lado, exagerando sus predicciones y haciendo sonar alarmas que quedan en la nada. Deben comprender que al actuar así pierden credibilidad y que gradualmente la gente se desentenderá de sus pronósticos y advertencias. De persistir en esa línea, algún día ocurrirá, como en la fábula del pastor y las ovejas, que la amenaza se concrete sin que nadie le preste oídos.
Haría bien la ANEP en revisar el criterio empleado en esta ocasión, sobre todo ante el próximo invierno que traerá, como es habitual, vientos, lluvias y trastornos climáticos.
La intervención de las autoridades, cerrando los centros educativos, sólo se justifica en el caso de emergencias extremas. Lo demás es sólo sobreactuación.
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