Juez inició trámite de denuncia contra Fernández

El juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, inició el trámite de la denuncia presentada contra el canciller Gonzalo Fernández, quien en su condición de catedrático de Derecho Penal, elaboró un informe jurídico que señala que el contratista Francisco Casal no tiene deudas fiscales.

Como primera medida, el magistrado Díaz cursó un oficio al juez penal Carlos García, quien tramita la denuncia penal contra Casal, la cual fue presentada en 2008 por la Dirección General Impositiva (DGI) por la presunta evasión de US$ 25 millones.

La intención de Díaz es conocer el tenor y las características de la consulta jurídica elaborada por Fernández, dijeron a El País fuentes judiciales. Ayer, García contestó a la consulta de su colega.

La denuncia contra Fernández fue presentada por el abogado Gustavo Salle, quien acusa al canciller de haber incurrido en los delitos de "conjunción del interés público con el privado" y "manejo de información privilegiada".

La acción judicial presentada por Salle se sustenta en que la situación de Casal fue tratada en el Consejo de Ministros, ya que tanto el reclamo civil en curso como la denuncia penal contra el empresario fueron presentadas por la DGI, organismo que depende del Ministerio de Economía.

En los próximos días, el juez Díaz enviará el caso al fiscal Ricardo Perciballe para que solicite el diligenciamiento de prueba. Cuando sea citado, Fernández, podrá declarar por escrito en su condición de ministro.

La denuncia contra Fernández se tramita en uno de los juzgados de crimen organizado ya que esas sedes tienen competencia en los casos en que se solicita indagar la actuaciones de funcionarios públicos.

A la espera de un peritaje

La causa penal que indaga si Francisco Casal y otros empresarios de su entorno cometieron el delito de "defraudación tributaria" se encuentra a la espera de que el perito contable Marcelo Arámbulo entregue -seguramente sobre fines de marzo- su informe sobre el caso. En base a eso, el magistrado y la fiscal Dora Domenech decidirán cómo continúa la investigación judicial.