Caducidad: Asamblea aprueba inconstitucionalidad

Por 69 votos en 71, la Asamblea General convocada por el FA, votó la inconstitucional a la Ley de Caducidad, respondiendo de esta forma a la consulta de la Suprema Corte de Justicia.

La reunión de la Asamblea General se realizó bajo un clima de antagonismo, alimentado por la polémica sobre denuncias de presiones del vicepresidente Rodolfo Nin Novoa a la división Jurídica del Poder Legislativo, y en medio de un panorama donde cada fuerza política tuvo argumentos jurídicos y políticos encontrados.

Con esta resolución parlamentaria se da curso a la solicitud que la fiscal Mirtha Guianze hizo a la Suprema Corte de Justicia de exceptuar del artículo uno de la Ley de Caducidad a los militares que participaron del homicidio de la militante comunista muerta en 1978, Nybia Salsagaray.

La bancada del Frente Amplio voto por unanimidad a favor de la inconstitucionalidad. Los únicos dos legisladores que votaron en contra fueron Iván Posada del Partido Independiente y Daniel García Pintos del Partido Colorado. El senador Julio Sanguientti se retiró de sala, así como el resto de los parlamentarios colorados.

Por su parte, dentro del Partido Nacional, el sector de Jorge Larrañaga, Alianza Nacional, decidió no ingresar a sala y dar a conocer una declaración muy crítica hacia el gobierno.

En cambio, Unidad Nacional, liderada por el ex presidente Luis Alberto Lacalle, optó por participar de la discusión e ingresó a la Asamblea General. Sin embargo, según dijo a EL PAÍS digital, el senador Francisco Gallinal, después de leer una declaración afirmando que el gobierno no tiene derecho a manipular las instituciones con fines exclusivamente políticos electorales, decidió abandonar la sala. En la declaración recordó también que si el gobierno quiere declarar la inconstitucionalidad de la ley, el camino que le otorga la Constitución es la derogación de la misma, sin necesidad de violar la separación de los poderes el Estado.

Luego de terminada la sesión, el senador Lorier expresó a EL PAÍS digital que "como no podía ser de otra manera" es una resolución que sigue la misma línea de la adoptada por el Poder Ejecutivo y va a permitir que "la Corte se expida con la mayor velocidad posible" y así tener la posibilidad de que en este caso particular se avance en la aplicación de la justicia.

DEBATE. El senador colorado y ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti dijo que el Parlamento no tiene competencias para pronunciarse en este tema y que con esta convocatoria se presiona a la Suprema Corte de Justicia.

"Acá no debiéramos estar opinando, no debiéramos estar debatiendo, no debiéramos estar discutiendo, sino diciendo que no somos competentes, que no tenemos derecho a ejercer una presión política porque esta sí es una presión política de algún modo sobre una Corte que debe resolver en un año electoral con toda la serenidad del acto", expresó Sanguinetti de acuerdo a la página web de radio El Espectador.

El debate comenzó sobre las 11 horas. El senador Rafael Michelini comenzó su locución transmitiendo un resplado al presidente de la Cámara, Rodolfo Nin Novoa en nombre del oficialismo.

"Está bien que el presidente de la Asamblea General dice: ‘Yo quiero contestar y lo pongo en la Asamblea General’. Y es bueno que la Asamblea General conteste independientemente si quien determina la constitucionalidad o no de las leyes para cada caso es la Suprema Corte de Justicia. Si la Suprema Corte de Justicia nos pregunta entonces cree que nuestra opinión es relevante se la damos a dar, se la vamos a decir. Podemos en este caso quedarnos al margen, podemos decirle al país o mañana en el dictamen de la Suprema Corte de Justicia el que diga –que nadie sabe lo que va a decir-, que el Poder Ejecutivo contestó, pero no contestó el Parlamento, expresó Michelini.

POLÉMICO CASO. La Asamblea General respondió de esta manera a una consulta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sobre una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad promovida por la fiscal Mirtha Guianze en el caso de Nibya Sabalsagaray.

El Poder Ejecutivo ya comunicó a la Corte su posición favorable a la inconstitucionalidad de la ley. Los legisladores del Frente Amplio consideran, al igual que el Poder Ejecutivo, que los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad son inconstitucionales. El pronunciamiento del Legislativo no será vinculante y la última palabra sobre la constitucionalidad o no de la ley la tendrá la Suprema Corte de Justicia.

El senador oficialista Eduardo Lorier dijo hoy a EL PAÍS digital, antes de comenzar la jornada política, que la intención es acompañar la postura del Poder Ejecutivo y que se contestará de acuerdo a lo que el presidente de la Asamblea General haya elaborado y a lo que la mayoría de la misma apruebe.

"En ese sentido no hay objetivo maligno alguno. El Legislativo hará lo mismo que hizo el Ejecutivo frente a la consulta de la SCJ, que aunque no tenga carácter vinculante...¿Por qué no hacerlo? La pregunta sería esa", afirmó.

El senador del FA recordó que es en la órbita del máximo organismo judicial donde debe definirse este tema. Lo que está ocurriendo ahora es una simple búsqueda de consejo que un poder del Estado hace en otros dos. "No es un problema que surge de la Asamblea ni de nuestro propio partido mayoritario, sino en la Suprema Corte que es quien hace las consultas del caso", opinó Lorier.

Sobre las críticas de la oposición, Lorier respondió a que podrían no contestar nada a lo consultado por la SCJ pero enseguida se preguntó porqué no hacerlo cuando sí tienen cosas para decir, más allá que no sean vinculantes.

El diputado nacionalista Pablo Abdala afirmó ayer a EL PAÍS digital que el FA lograba con esto "disimular sus diferencias" y "calentar" el escenario previo al plebiscito que se busca impulsar.

Lorier dijo que si la oposición considera que se deben hacer críticas, que las dirigan hacia la Suprema Corte de Justicia que es "está haciendo la consulta".