Caducidad: sube la tensión entre el FA y oposición previo al debate

Bajo un marco de tensión entre el oficialismo y la oposición, la Asamblea General debatirá hoy sobre la constitucionalidad de la Ley de Caducidad, vigente desde 1986. La sesión -convocada a instancia del Frente Amplio- comenzará a la hora 10.30

La Asamblea General responderá así a una consulta de la Suprema Corte de Justicia, sobre una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad promovida por la fiscal Mirtha Guianze en el caso de Nibya Sabalsagaray, militante comunista muerta en 1974 en una unidad militar.

El Poder Ejecutivo ya comunicó a la Corte su posición favorable a la inconstitucionalidad de la ley. Los legisladores del Frente Amplio consideran, al igual que el Poder Ejecutivo, que los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad son inconstitucionales. El pronunciamiento del Legislativo no será vinculante y la última palabra sobre la constitucionalidad o no de la ley la tendrá la Suprema Corte de Justicia.

La reunión de la Asamblea General se realizará bajo un clima de antagonismo entre oficialismo y oposición, alimentado por la polémica sobre denuncias de presiones del vicepresidente Rodolfo Nin Novoa a la división Jurídica del Poder Legislativo, y en medio de un panorama donde cada fuerza política tiene argumentos jurídicos y políticos encontrados.

Entre los blancos, Alianza Nacional y Unidad Nacional, más allá de que ambos sectores coinciden en que el Poder Legislativo no debe pronunciarse sobre este pedido de la Corte, disienten en cómo manifestarse ante la "improcedente" convocatoria del Frente Amplio a la Asamblea General. El sector Alianza Nacional, de Jorge Larrañaga, decidió no ingresar a sala y dar a conocer una declaración muy crítica hacia el gobierno. Unidad Nacional, de Luis Alberto Lacalle, entiende que debe hacerse presente y dar debate.

SIN ACUERDO. Hasta última hora de ayer los dos sectores nacionalistas negociaron sin éxito un acuerdo. Larrañaga logró que todos los dirigentes de su sector acataran la decisión de no ingresar a sala. Junto con el senador Sergio Abreu, dialogaron con los senadores Francisco Gallinal y Luis Alberto Heber, de Unidad Nacional. Gallinal, por ejemplo, respondió a Alianza que hay que entrar a sala para discutir sobre el pacto del Club Naval a fin de dejar en evidencia al Frente Amplio en cuanto a que en 1984 acordó con los militares y los colorados aspectos de la salida institucional de la dictadura. Pero en Alianza se le advirtió que son los blancos quienes tienen "más para perder" si el debate se encamina por esa senda, revelaron a El País fuentes nacionalistas.

La bancada del Partido Nacional se reunirá hoy antes de la Asamblea General para fijar una postura definitiva.

El Partido Colorado, en cambio, es partidario de hacerse presente en sala y fundamentará que un pronunciamiento del Legislativo "es inocuo", que "no tiene relevancia jurídica" y que "tampoco es relevante para nadie y para nada", adelantó a El País el ex presidente y senador Julio María Sanguinetti. "El recurso de inconstitucionalidad lo debe resolver exclusivamente la Suprema Corte, como dice la Constitución. La Suprema Corte cometió un error de trámite", al enviar al Ejecutivo y al Legislativo un pedido de pronunciamiento sobre la ley de Caducidad, opinó Sanguinetti.

El Partido Independiente (PI) también ingresará a sala. Su único representante en la Asamblea General, Iván Posada, coincidirá en sus argumentos con los demás partidos de la oposición: planteará que el Parlamento no tiene potestades para declarar la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad.

PRESIONES. El lunes 16, el presidente Tabaré Vázquez anunció en el Consejo de Ministros que la respuesta del Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia iba a ser que se allanaba a la acción de la fiscal Guianze. Al día siguiente, martes 17, el Poder Ejecutivo contestó formalmente a la Corte.

Fue entonces que se instaló el tema en el Poder Legislativo. La sesión de la Asamblea General aparece ensombrecida por denuncias sobre presiones ejercidas por el vicepresidente Nin Novoa sobre los abogados de Jurídica del Poder Legislativo para que fallen a favor de la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad. Nin Novoa hizo una consulta formal al departamento jurídico.

Al adelantarse que el dictamen podía ser favorable a la constitucionalidad, Nin Novoa lo habría descartado y no lo llevaría hoy a sala. Esa situación generó malestar entre los abogados de esa oficina del Poder Legislativo quienes, según denunció públicamente el senador nacionalista Julio Lara, habrían sido presionados por Nin Novoa para pronunciarse por la inconstitucionalidad.

Los abogados fueron citados para hoy a la hora 8, para ser consultados acerca del informe solicitado por Nin Novoa. Ya fue redactado por una abogada de esa oficina y sostiene que la norma es constitucional, se indicó a El País de fuentes parlamentarias.

El jueves 19, la bancada del Frente Amplio resolvió pedirle a un grupo de legisladores oficialistas -todos abogados- la redacción de un informe para presentar ante la Asamblea General, aprobarlo con su mayoría, y entregarlo a la SCJ como respuesta oficial del Poder Legislativo, adelantaron a El País fuentes de la izquierda.

Aprobación, referéndum y la lectura de Vázquez

La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue aprobada 1986. A instancias del Frente Amplio, algunos integrantes del Partido Nacional y el Pit-Cnt, se creo una comisión nacional que promovió el referéndum para derogar la ley. La consulta popular se realizó en 1989, donde más del 50% de la ciudadanía se pronunció a favor de mantener la norma. Desde la aprobación de la ley y la ratificación de su vigencia en 1989, los gobiernos encabezados por los lemas tradicionales se ampararon en esta norma para no habilitar el juzgamiento de militares. En el año 2000 con la asunción del presidente Jorge Batlle, se creo la Comisión para la Paz, la que permitió comenzar a indagar el destino de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985) y se logró esclarecer el caso de Macarena Gelman, entre otros. En 2005, con la asunción del presidente Tabaré Vázquez, se le dio una nueva interpretación al artículo cuarto de la norma, que habilita al Poder Ejecutivo a investigar el destino de los detenidos-desaparecidos. El gobierno de Vázquez excluyó a varios casos de desaparecidos de esta ley. A partir de entonces, la Justicia ha procesado a un grupo de militares retirados y ex policías, entre ellos al ex dictador Gregorio Álvarez.

Los ex presidentes y la ley de Caducidad

Julio Ma. Sanguinetti

Partido COLORADO

"El recurso de inconstitucionalidad lo debe resolver exclusivamente la Suprema Corte, como dice la Constitución. Es un debate innecesario. Un pronunciamiento del Legislativo es inocuo, no tiene relevancia jurídica y no es relevante para nadie".

Luis Alberto Lacalle

Partido Nacional

"Hay incompetencia de la Asamblea General por falta de legitimación pasiva para pronunciarse. La única competente es la Suprema Corte. Y además que el Legislativo se pronuncie será una grave violación de la separación de poderes y una presión a la Corte".

Jorge Batlle

Partido COLORADO

"Es un intento más del Frente Amplio por mantener el tema vigente. Lo que el país precisa es mirar el porvenir y atender los problemas que le afligen a la gente. Esto, llevado adelante unos meses antes de las elecciones, se hace para discutir algo".