Freno al desarrollo

Cuando no existían los puentes, cada río o arroyo era un problema grave. Los cursos de agua entorpecían el contacto entre la gente, el desarrollo del comercio, el aprovechamiento de tierras productivas y el avance del saber. Es verdad que se intentaban algunas soluciones paliativas, como los barqueros que esperaban a sus clientes en la orilla, pero en general eran poco eficientes.

Al inventarse los puentes, los pueblos tuvieron un instrumento para dominar ese obstáculo. Los barqueros tuvieron que conseguirse otro trabajo (quizás como constructores de puentes) y los fabricantes de barcas tuvieron que reorientar su negocio (por ejemplo, como importadores de materiales para construir puentes), pero en general todos vivieron mejor: se liberaron energías productivas, se encontraron nuevas oportunidades de crear riqueza, surgieron amores entre personas que no hubieran podido conocerse.

Pero si la invención de los puentes hubiera ocurrido en un gobierno del Frente Amplio, es dudoso que los uruguayos hubiéramos podido beneficiarnos. Para empezar, el PIT-CNT habría exigido proteger las fuentes de trabajo de los compañeros barqueros, lo que hubiera sido inmediatamente aceptado por las autoridades. Como solución, se habría votado un impuesto para financiar a una empresa paraestatal de barqueros que se instalaría en un lugar donde no había río.

Esto ya sería suficientemente malo, porque esa gente hubiera podido dedicarse a tareas más beneficiosas para el país. Pero habría más. En cuanto los puentes hubieran mostrado su tendencia a multiplicarse, el gobierno habría impedido que la gente los construyera, argumentando que sólo el Estado podía hacerlo bien. Al gobierno no le hubiera importado que existieran constructores locales dispuestos a probar que podían hacer buenos puentes. Tampoco le importaría que la solución estatal fuera lenta y que, en consecuencia, alguna gente se ahogara innecesariamente en los ríos. Lo único importante era que un grupo oficialista estaba diseñando una idea propia (¿por amor a la ciencia?, ¿por amor al beneficio?) y que esa idea se convertiría en un servicio estatal. De modo que el gobierno decidiría esperar y mandaría a alguna ministra a defender lo indefendible.

Para complicar más las cosas, también se anunciaría con bombos y platillos la creación de un gran plan para la construcción de puentes democráticos. El gobierno proclamaría que, por razones de justicia, había que asegurar la construcción de puentes (un poco angostos y frágiles, es verdad) en todos los ríos y cañadas. Para eso se aprobaría un nuevo impuesto, para ayudar a quienes no pudieran pagarlos. La tarea se pondría en manos de una constructora estatal de balsas que se sentía amenazada, junto a fabricantes de botes que hubieran podido oponerse a la idea.

A esa altura, claro, habría en el mundo muchas empresas con gran capacidad de inversión y experiencia en la construcción de puentes. Pero la parte esencial del plan consistía en espantarlas. Para eso se usaría un método infalible: primero decirles que sí y después decirles que no. No importa que nosotros seamos más lentos construyendo puentes, ni que nos salgan caros. No importa que nuestra baja capacidad de inversión nos condene al atraso tecnológico. No importa que existan maneras más sanas de convocar a una construcción masiva de puentes. Tampoco importa que nuestra imagen internacional quede dañada y pasemos a formar parte de los países que toquetean las reglas de juego para dejar afuera a algunos. Nada de eso importa, porque se logra lo buscado a corto plazo: la empresa estatal de balsas va a seguir funcionando y el gobierno podrá fingir que hace justicia social. En cuanto a los costos de atraso tecnológico, expulsión de inversores y pérdida de oportunidades productivas, todo eso lo pagarán los ciudadanos.

Por si algún distraído no se ha dado cuenta, esta parábola habla de la incorporación de la tecnología PET para diagnóstico y tratamiento del cáncer, y de la revocación de una licencia al mexicano Carlos Slim para proteger el Plan Cardales. Ahora sabemos qué significa para el gobierno la expresión "país productivo": es la creación de empresas económicamente inviables, como ALUR, más operativos de creación de oligopolios que se disfrazan de solución tecnológica y de iniciativa social, como el Plan Cardales. El gobierno progresista está trabajando duro para frenar el desarrollo del país.