Poder Ejecutivo avala inconstitucionalidad de Ley de Caducidad

El Poder Ejecutivo, al amparo de lo previsto en el art. 33 del Código General del Proceso, acepta el planteo de excepción de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público y Fiscal ante la Suprema Corte de Justicia, según informó hoy Presidencia.

La respuesta del gobierno es con respecto a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de 22/12/86, en los autos caratulados: "Sabalsagaray Curuchet, Blanca Estela – Denuncia. Excepción de Inconstitucionalidad – art. 1, 3 y 4 de la Ley 15.848. Ficha 97-397/2004".

La respuesta del Ejecutivo se debe a la acción de inconstitucionalidad que la fiscal Mirtha Guianze presentó contra algunos artículos de la Ley de Caducidad por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, fallecida en 1974, quien se encontraba detenida en una unidad militar.

La Suprema Corte de Justicia decidió dar vista de la acción impulsada por Guianze al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.

La consulta surgió ante la posición de la fiscal, que consideró que no era necesario que exista una contraparte en virtud de que el recurso es impulsado por la Fiscalía.

A su vez, el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, sostuvo que es el Poder Ejecutivo el que debe responder ante los argumentos presentados en la acción, porque es el órgano que decide cuáles son los casos de violaciones a los derechos humanos que son excluidos de la Ley de Caducidad.

"El proceso de inconstitucionalidad es contradictorio, y por tanto implica a dos partes, pero cuando es vía de acción hay que definir a quién puede afectar la acción, y en este caso pensamos que la contraparte son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo", explicó días atrás a El País el presidente de la Suprema Corte, Jorge Larrieux.

Añadió que el presidente de la Asamblea General deberá ser el encargado de responder la posición del Poder Legislativo a la Suprema Corte.

De acuerdo a Larrieux el caso será luego remitido nuevamente al fiscal de Corte, quien deberá opinar acerca de la constitucionalidad de la Ley de Caducidad. Después, el expediente regresará a la Suprema Corte de Justicia para que los ministros emitan la sentencia. El proceso puede insumir varios meses.

Durante la sesión del Consejo de Ministros, Vázquez y varios integrantes del gabinete señalaron que más allá de la opinión del Poder Ejecutivo, la posición final sobre la constitucionalidad de la ley estará en manos del Poder Judicial.

La indagatoria por la muerte de Sabalsagaray fue amparada por la Ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo.

Eso determinó que el juez penal Rolando Vomero, quien instruye la indagatoria junto con la fiscal Guianze, solamente pudiera indagar a varios civiles. Si la Suprema Corte de Justicia resuelve que la norma es inconstitucional, esa decisión permitirá juzgar a militares.