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Allanaron con una orden judicial, lo que llamó la atención
MALDONADO | M. GALLARDO
Funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) allanaron ayer una inmobiliaria de Punta del Este en el marco de los operativos que se realizan en la temporada de verano para combatir la evasión.
El local de la inmobiliaria está ubicado en una de las calles que cortan la avenida Gorlero. El operativo fue detectado por los trabajadores de los comercios linderos y también a varias cuadras a la redonda.
La orden de allanamiento fue librada por el juez penal de turno, Federico Álvarez Petraglia, a solicitud del propio titular del organismo Nelson Hernández. El operativo fue seguido con atención por los turistas y trabajadores que por esas horas circulaban por la principal arteria de tránsito, quienes hicieron correr la novedad por toda la zona, lo que disparó la preocupación de comerciantes.
Los funcionarios del ente recaudador fueron apoyados por efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Maldonado que actuaron de particular.
Luego, los inspectores se dirigieron a otro local de la empresa, ubicada en la galería que da sobre la misma calle, para revisar y hacerse con documentación de la firma.
El procedimiento de los inspectores de la DGI corrió por cuenta de un equipo llegado de Montevideo y no por los funcionarios que trabajan en Punta del Este. En el balneario los inspectores tienen su centro de operaciones en el hotel Iberia.
El operativo causó un gran impacto en la actividad comercial de la península porque hasta ahora la DGI se presentaba en los locales por su propia iniciativa sin que mediara una orden de allanamiento.
Los funcionarios aseguraban que podían llevarse documentación e incluso los discos duros de las computadoras sin órdenes judiciales. Esto generó la reacción de inmobiliarios y abogados para quienes la información relacionada con el giro del negocio constituía un "secreto comercial", amparado en la Constitución. Fuentes del caso dijeron que la documentación incautada formaría parte de una acción judicial que la DGI efectuará contra la firma.
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