Tribunal denunció a siete juntas por no liquidar el IRPF

EDUARDO BARRENECHE

Siete juntas departamentales fueron denunciadas ante la Dirección General Impositiva (DGI) por el Tribunal de Cuentas, tras constatar que partidas utilizadas para gastos mensuales de los ediles no cumplen con el pago del IRPF.

Auditorías realizadas en los últimos meses por el organismo de contralor en las cuerpos deliberativos comunales de Artigas, Canelones, Colonia, Río Negro, San José, Soriano y Rivera constató que estos otorgan beneficios o partidas para los ediles, cuya operativa puede "no ajustarse" a la normativa fiscal respecto a las retenciones que podrían corresponder por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En una resolución fechada el miércoles 14, el Tribunal de Cuentas cuestionó las partidas por gastos de representación del presidente de la Junta Departamental de Artigas sin rendición de cuentas y por un importe de $ 12.000 mensuales.

El TCR también informó a la DGI sobre los gastos de locomoción de los ediles de Canelones. Los legisladores comunales canarios titulares reciben 450 litros mensuales de supercarburante; 225 litros para el primer suplente y 60 litros para los segundos y terceros suplentes.

Se trata de un caso excepcional en el país: en Canelones reciben reintegros de gastos toda la línea de ediles de un sector político.

En lugar de presentar una rendición de gastos documentada, los ediles de Canelones entregan una declaración jurada sobre kilómetros recorridos.

El organismo de contralor también informó a la DGI que la Junta Departamental de Colonia reparte 25 litros de nafta para los ediles titulares o suplentes para asistir a las comisiones del órgano legislativo. Además, este cuerpo entrega 590 litros a los ediles por asistir a las sesiones de la Junta. Los ediles colonienses tampoco suministran una rendición de cuentas de sus gastos, dice el Tribunal de Cuentas.

La auditoría a la Junta Departamental de Río Negro concluyó que esta entrega de partidas de gastos mensuales de hasta $15.500 por edil, cuyo monto se ajusta en oportunidad del ajuste de sueldos y en iguales porcentajes. En esta junta los ediles tampoco rinden cuentas documentadas de sus gastos.

La Junta Departamental de San José también fue denunciada a la DGI por el Tribunal de Cuentas por reintegrar a los ediles un litro de nafta por cada 5 km recorridos con un tope de 1.500 km. Para que tengan derecho al cobro de esos reintegros de gastos, estos también presentan una declaración jurada. Es decir, no entregan documentaciones proporcionadas por estaciones de servicios donde cargaron combustible.

El Tribunal de Cuentas también cuestionó a la Junta Departamental de Soriano por suministrar a los ediles partidas de 20 Unidades Reajustables ($ 7.720) contra la presentación de una declaración jurada del edil por los kilómetros recorridos.

Una situación similar ocurre en la Junta Departamental de Rivera donde los ediles reciben vales de combustible y tarjetas de teléfonos sin entregar rendiciones de Cuentas.

En 2006, ediles titulares y suplentes y empleados de una estación de servicios de la ciudad de Rivera fueron procesados con prisión por la Justicia Penal tras comprobar que existieron irregularidades en las liquidaciones de los vales de combustible.

Río Negro

Una auditoría del Tribunal de Cuentas en la Intendencia de Río Negro constató la existencia de adelantos pendientes de rendir cuentas por $ 485.319 desde 2003 y en algunos casos correspondientes a la misma persona. Según el Tribunal, un individuo retiró partidas por $ 62.561 en varias oportunidades en 2004 y en 2005. También hay adelantos otorgados a funcionarios municipales que luego fueron dados de baja de la Intendencia de Río Negro. Estos adelantos fueron entregados entre el 29 de octubre de 2003 y el 12 de abril de 2007, señala el TCR.