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LEONARDO GUZMÁN
El Dr. Juan Mailhos, asesor de la Cámara de Comercio, consideró "impresentable" a un senador precandidato. El involucrado atribuyó la descalificación a "odio de clase". El episodio se cerró con la toma de distancia de la gremial respecto al declarante.
Pero alecciona.
No por el precandidato, cuyo tránsito gubernativo ha estado salpimentado por un lenguaje intestinal que no necesita adjetivación. Alecciona porque el caso reencarnó la tradición nacional de decir en voz alta lo que se piensa, sin más "interna", "orgánica" ni "bases" que las de la conciencia individual de cada uno. El Uruguay se hizo por quienes afirmaban su persona más allá de las incomodidades. Y ese inmenso bien debemos rescatarlo.
Pero además alecciona sobre cómo -en 2009- hay quienes echan mano a la guerra de clases -1848- para separar y clasificar al otro, para sembrar zanjas y para atribuir las opiniones ajenas a motivaciones inferiores, "odio" incluido.
Tras la experiencia mundial con el cuento de la guerra de clases, ese es hoy un yerro inexcusable.
Pero no único.
Se desliza en declaraciones del mismo precandidato: "si nos quedamos en la sopa boba de un sistema jurídico construido contra nosotros (...) esto no se puede hacer, lo otro no se puede hacer"… "y el abogado te dice que el Tocaf no te permite, que el Topuf esto. Entonces es para gritar socorro".
Pues bien.
El Derecho no merece que se lo rebaje a este grado. Los límites que impone a los gobernantes no son capricho de algunos sino garantías para todos. Sus vallas, lejos de ser muestra o convite para la bobera, son reto a la inteligencia; sus principios no se dictaron para impedir sino para ordenar.
No merece esta diatriba el Derecho de nuestro país, cuya libertad fue crucificada por causa de quienes descreyeron en la juridicidad y nos dejaron a todos teniendo que "gritar socorro".
No es atribuyéndole al sistema jurídico haber sido construido por unos contra otros que vamos a salir de la actual crisis de seguridad jurídica -y de seguridad a secas… No es molestándose con el dictaminante por sus exigencias legales que vamos a cimentar el futuro de nuestro Derecho. No es rebanando la adhesión al Derecho que vamos a edificar una nación garantista.
Por lo cual, exabruptos de este jaez, aun cuando parezcan inocentemente pronunciados, no pueden pasar inadvertidos a quienes, votando lo que sea, sienten cuánto vale y cuánto costó la legalidad.
Y no terminó la lista.
En sonado entredicho un precandidato nacionalista echó mano a la clasificación -nacida en la Asamblea Nacional Francesa, 1789- que separaba en "izquierda", "derecha" y "centro". Económicamente, esa división es insostenible hoy, 2009, cuando la función social del capital, enseñada teóricamente hace un siglo por Duguit, en la vida práctica del mundo entero torna intervencionistas a los liberales y convierte en buscadores de empresarios a los socialistas, lo cual patentiza que nadie puede gobernar bajo dogma único.
Y políticamente, esa división se disolvió en la primera mitad del siglo XX. Con hecatombe aprendimos que la única diferencia relevante es la que coloca en una ribera a los cultores de la libertad y el Derecho y en la opuesta a los que -con cualquier pelaje- idolatran a los sistemas y descreen del hombre y la norma.
Demasiado sufrió el Uruguay como para, en estos temas, andar a los bandazos.
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