Disenso por vida útil de buses escolares

CANELONES | PATRICIA MANGO

Si no obtienen una respuesta favorable de la Intendencia de Canelones, 200 empresas de transporte de escolares y turismo irán a la Justicia para que el municipio modifique el decreto que redujo de entre 10 y 13 años la vida útil de sus vehículos.

Las intendencias siempre se guiaron por lo establecido por el Ministerio de Transporte respecto al tema, que indica que los minibuses y los buses pueden ser usados durante 25 años.

El tema comenzó a estar en la agenda en 2007 cuando los transportistas tomaron conocimiento de la modificación que se pretendía implementar y que rebajaba a 10 años la utilidad de los minibuses, algo "imposible de afrontar", recordó a El País Javier Sosa, dirigente del gremio que nuclea al sector.

Después de varias reuniones, los empresarios -en su mayoría de empresas familiares- y el director de Tránsito, Marcelo Fernández, llegaron a un acuerdo. Se bajaría la cantidad de años a 15 y 18 para ómnibus y minibuses pero se otorgarían dos períodos de tres años cada uno, a modo de prórroga. Conformes con esto, los funcionarios sintieron que estaban todos contemplados.

No obstante, esta semana la Junta Departamental aprobó el decreto que en lugar de otorgar el plazo de prórroga lo condiciona. "Pueden otorgarse" dos períodos, según indica la letra de lo que ahora tiene fuerza de ley en Canelones, explicó Sosa. Y eso, entienden, los hará depender de la voluntad del que venga detrás del actual director de Tránsito. "Queremos que quede bien claro que la prórroga hay que darla", comentó. Para los empresarios esa modificación es algo "caprichosa".

A la espera de una respuesta favorable, los transportistas comienzan sus medidas haciendo pública la situación. Pero no descartan llegar a la Justicia si no media un cambio en el decreto municipal.

En tanto, Álvaro García, abogado de los empresarios, rememoró que en otras épocas se recurrían las resoluciones municipales como actos administrativos, pero en este caso "es un decreto por lo que no es tan fácil". Para lograr una modificación hay que hacer otro similar que deje sin efecto al actual o que modifique el punto que está en discusión.

El abogado estimó que de ponerse en práctica en febrero, como está previsto, un 50% del total de los empresarios se verá afectado.

Sosa agregó que los ediles "no tienen idea de lo que votaron"; para esta afirmación se basa en la reacción de la presidenta de la Junta Departamental Cristina Castro que, aseguran, les reconoció no haber leído el articulado. "Hizo confianza en la Comisión de Transporte que lo aprobó", señaló el sindicalista.

El director de Tránsito Marcelo Fernández se preguntó: los que ahora están demandando la modificación "a quién le están haciendo mandados y con qué fines". En diálogo con El País invitó a las partes a probar "los dichos que hicieron a la prensa", entre otras cosas, que nunca fueron recibidos por la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental. "Tengo la versión taquigráfica del 14 de diciembre de 2007 cuando concurrieron", aseguró.

Por otra parte, los transportistas consideran que "se beneficia" a las grandes empresas porque otra disposición del mismo decreto les exige tener establecida "una firma comercial con un capital de $ 60.000 para viajes de funcionarios a una planta frigorífica o a Atlántida con gente que vive donde no entra nadie", argumentó el gremialista.

La cifra

50% De los empresarios de este tipo de transportes se verá afectado si el decreto se pone en marcha en febrero, dijo su abogado.