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GONZALO AGUIRRE RAMÍREZ
He leído el libro de Jorge Chagas y Gustavo Trullen "Pacheco. La trama oculta del poder". Es anterior al del Dr. Sanguinetti. "La agonía de una Democracia". Se basa en una prolija investigación del período 1965-1971 y confirma en todos sus términos lo posteriormente narrado por el ex presidente. O sea, que el llamado "pachecato", represivo y autoritario, así como todo lo que vino después, dictadura incluida, fue consecuencia y no causa del terrorismo tupamaro.
Pacheco reaccionó contra éste porque era su deber y no tuvo otra alternativa. En caso contrario, el MLN hubiera tomado el poder e instaurado una dictadura marxista leninista, peor que la militar. Transitó por fuera de la Constitución, en ciertos momentos, sobre todo cuando reimplantó las medidas prontas de seguridad, que el Parlamento le levantó en tres oportunidades.
Pero también es cierto que tenía poco margen de maniobra y que se resistió firmemente a dar un golpe de Estado que, en ciertos momentos de 1970 y 71, le fue sugerido por algunas figuras de su entorno. Pero, como el Parlamento toleró la reimplantación de las medidas de seguridad y le votó dos veces la suspensión temporal de la seguridad individual (art. 31 de la Carta), se mantuvo dentro de la Constitución.
Para ello fue fundamental el apoyo permanente de Jorge Batlle y su bancada, así como el del Dr. Echegoyen y la suya.
-Debo al Dr. Echegoyen no haber tenido que dar un golpe de Estado, díjome Pacheco estando ambos mano a mano en la isla de Gorriti (enero de 1995). La historia del país no puede ignorar este hecho.
Ya expresé, comentando el libro de Sanguinetti, que Pacheco se negó en todo momento a negociar con los tupamaros la liberación de los secuestrados. La presión, por gobiernos extranjeros, para que lo hiciera existió, cuando el 31 de julio de 1970 fueron secuestrados el estadounidense Dan Mitrione -asesinado el 9 de agosto- y el cónsul brasileño Días Gomides.
Ante la que ejerció el gobierno de este diplomático, el canciller uruguayo instruyó de esta suerte -telegrama mediante- a nuestro embajador en Brasilia, Adolfo Gómez Folle: "Sea celoso defensor de la soberanía uruguaya en cuanto encarar el problema a su manera, y defienda con valor y decisión nuestro punto de vista. Lo mismo debe hacer todo el personal de la representación". (p. 287).
Posteriormente, en carta a dicho embajador, el canciller expresó estar informado de que en Brasil estaban "intentando ejercer presiones sobre gobiernos a fin de que coaccionen a Uruguay a aceptar el canje de secuestrados por prisioneros". Le ordenaba estar "alerta" y ejercer "los sondeos a su alcance para defender el principio de autodeterminación" (p. 288)
Ese titular de la cancillería le dijo a la historiadora Clara Aldreghi, muchos años más tarde, que al asumir el cargo informó a Pacheco lo siguiente:
"Los secuestros no debían ser admitidos y no debían ser objeto de negociación. Por dos motivos principales: primero, porque no se podía ceder, digamos, ante un chantaje como lo era un secuestro. Segundo, porque el secuestro implicaba que se hiciera justicia por mano propia. Las personas ya no dependían de la justicia sino de un acto administrativo y eso me parecía muy malo para el futuro del país. Por otra parte, los terroristas, como los tupamaros, eran pasados a la justicia. De manera que el gobierno no tenía facultades para decidir (su libertad), cuando una persona estaba en manos de la justicia". (p.272).
La tesis era jurídica y políticamente impecable. Y el canciller que la sostuvo era el Dr. Jorge Peirano Facio. Así debe registrarlo la historia del país.
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