Obama deberá sortear desafíos antes del cierre de Guantánamo

Unos 245 detenidos permanecen todavía en el centro de detención de Guantánamo a la espera de la decisión del gobierno de EE.UU. sobre su futuro. Obama se otorgó seis meses para decidir sobre la suerte de cada uno de ellos y dispuso un año para el cierre definitivo de esta cárcel, sin embargo, el camino está lleno de emboscadas.

Un examen meticuloso de los motivos de su detención será realizado por un grupo de trabajo copresidido por el departamento de Justicia y el Pentágono e integrado, entre otros, por los servicios de inteligencia.

Éste conducirá a la liberación y al traslado de detenidos a quienes los estadounidenses no tienen nada que recriminar.

El grupo de trabajo decidirá luego sobre eventuales procesamientos para los que queden.

Una tercera categoría de presos debería emerger, entonces : aquéllos considerados como demasiado peligrosos como para ser transferidos, pero contra quienes el gobierno no tiene suficientes pruebas, o únicamente confesiones obtenidas en interrogatorios, que son inutilizables. Para éstos, el grupo de trabajo tendrá que hallar qué "métodos jurídicos" permitirían mantenerlos bajo arresto.

"El decreto presenta un procedimiento y una aspiración, pero cuida preservar todas la opciones sobre la mesa y da al nuevo gobierno un margen de maniobra muy amplio", opina en una nota escrita Benjamin Wittes, politólogo en el Brookings Insitute.

Tanto asociaciones de defensa de los Derechos Humanos, como abogados de la defensa y algunos expertos no contemplan la posibilidad de que haya detenciones indefinidas, justificadas por la sospecha de un eventual peligro.

Pero la revelación de que un ex detenido de Guantánamo liberado se convirtió en el numero 2 de Al Qaeda en Yemen, y la información de que unos 60 presos liberados habrían retomado las armas contra Estados Unidos, podría agudizar el debate sobre la suerte de esta tercera categoría de presos.

Otra dificultad importante consiste en que la Suprema Corte autorizó a los presos, en junio pasado, a apelar ante la Corte Federal de Washington, lo que significa que un segundo examen de los casos por parte de la Justicia civil podría darse en paralelo. Hasta ahora, de nueve casos, seis detenidos fueron declarados ilegalmente recluidos.

El martes, un juez federal postergó tres audiencias a pedido del gobierno de Obama pero, en otros casos, "los abogados de los presos podrían oponerse a semejante pedido", explicó a la AFP David Cynamon, quien defiende a cuatro kuwaitíes.

Por otro lado, todavía no está resuelta la pregunta sobre la acogida de los detenidos en terceros países o, incluso, en Estados Unidos.

La jurisdicción que se encargará de sustituir los tribunales militares de excepción, cuya actividad fue suspendida el miércoles a pedido de Obama, es la última, aunque no la menor de las interrogantes. Tribunales militares o cortes federales clásicas, cortes de "seguridad nacional" o comisiones militares enmendadas figuran entre las posibilidades.

El nuevo gobierno no excluyó ninguna de estas opciones, a las que se oponen los abogados defensores, que querrían que los casos sean llevados ante tribunales federales, que ya juzgaron a un centenar de terroristas en Estados Unidos, o ante cortes marciales.

AFP