¿A quién defiende?

Javier García

El Ministerio de Salud Pública negó a dos instituciones de salud, una clínica de diagnósticos y un sanatorio, la incorporación del llamado PET. Esta noticia que dio a conocer El Observador en fin de año, confirma la idea estatizadora de la salud que el gobierno impulsó en este período. La ministra Muñoz dijo a aquel diario que "la política adoptada en materia de alta tecnología en salud es que primero la incorpore el Estado".

La tomografía de emisión de positrones (PET) es un avance tecnológico significativo que permite a los pacientes con cáncer no sólo diagnosticar con precisión su enfermedad, sino tratarla mejor y por ende la diferencia puede ser entre la vida y la muerte, o mejorar radicalmente la calidad de vida del paciente. Con esta técnica se diagnostica también precozmente y por lo tanto se trata de inmediato el mal de Alzheimer y otras enfermedades cerebrales. Digamos que es un recurso muy superior a las técnicas disponibles en Uruguay hoy.

El gobierno decidió que el Dr. Henry Engler, un dirigente del MLN que ha trabajado con destaque en el exterior en este tema, sea el director de un centro que se abrirá en nuestro país, se dice que para finales de este año. Ese instituto será estatal y la ministra Muñoz afirmó que hasta que allí no se trabaje no se permitirá el ingreso de esta tecnología al país a nadie.

Esta política tiene antecedentes cercanos cuando el MSP decidió negar la compra de la vacuna contra el cáncer de cuello de útero, por similares razones. Como no tenía pensado adquirir para las pacientes de salud pública la misma, entonces prohibió su ingreso, decisión que debió luego revocar.

El dilema es que el cáncer no espera de las decisiones políticas y avanza sin pedirle permiso al gobierno. En Uruguay hay miles de pacientes oncológicos que se tratan en mutualistas y hospitales. Son tratados con los medios que aquí se tienen, aunque en Argentina y Brasil esta técnica ya está disponible. Algunos uruguayos que padecen esta enfermedad, con posibilidades económicas de hacerlo, viajan frecuentemente a esos países a tratarse con el PET. Disponen de entre 2000 y 3000 dólares para viajar, alojarse y hacerse el PET. Tienen, por suerte, una posibilidad que hace que su calidad de vida sea mejor que los que no tienen esa oportunidad. Pero miles de otros compatriotas no acceden a ello y deben, aún muchos desconociendo que existe esta técnica, restringir sus posibilidades y viven, por desgracia, peor.

Ante esta realidad el gobierno decidió que esto se perpetúe. Dice defender a los débiles pero en definitiva los desampara. El presidente de la República que sabe de esto y ejerce esta especialidad no debería permitir que los pacientes oncológicos sean condenados a no recibir el mejor tratamiento por los caprichos ideológicos y políticos que inspiran al Ministerio de Salud Pública.

¿Cuál es la razón que dice que necesariamente los avances tecnológicos deben ser liderados por el Estado? ¿Un matasellos oficial otorga justicia?

El origen público o privado de un avance tecnológico no es lo que importa sino que a él tengan acceso todos, independientemente de sus bolsillos.

Está muy bien que el Estado monte un centro en la materia, pero por fundamentalismo ideológico no tienen derecho a condenar a miles de compatriotas a la espera de su monopolio.

Es inadmisible que razones políticas o eventualmente vinculadas a intereses médicos- empresariales en el área oncológica, puedan estar atrás de esta negativa de la ministra.