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Juan MartÍn Posadas
El gobierno argentino, que hace dos años proclamó a los gritos que la histeria de Gualeguaychú era una causa nacional, actualmente ha comenzado a emitir pronunciamientos en el sentido de que el corte del puente de Fray Bentos no está bien, que no es correcto, que no ha servido para nada, etc. Circula en la otra orilla una versión periodística referida a que ese cambio sería parte de una maniobra para que el Uruguay deponga su fundada resistencia a que Néstor Kirchner acceda a la presidencia de la Unasur.
El corte del puente de Fray Bentos ha sido una afrenta al Uruguay y es una vergüenza para Argentina. Mucho más vergonzosos aún han sido las explicaciones con que el gobierno conyugal de los Kirchner ha pretendido justificar su pasividad cómplice todo este tiempo. El cambio de frente y las actuales lamentaciones no hacen otra cosa que redoblar el ridículo. ¿Puede un gobierno serio hacer comentarios sobre un ilícito, dialogar paternalmente con quienes lo perpetran, incluso repudiarlo como hacen ahora, sin tomar de oficio las medidas que corresponden?
El gobierno de nuestro país -sorteados algunos despistes iniciales- se ha mantenido firme, sereno y digno. El país entero ha bancado bien el daño económico inferido por esa prepotencia vecinal. Todo el mundo ha estado de acuerdo y apoyando. No cabe duda que el corte del puente de Fray Bentos ha significado un perjuicio económico, sobre todo para dicha ciudad. Pero no sería prudente perder de vista, en estos momentos de viraje del gobierno argentino, que el incumplimiento por parte de la Argentina de los tratados suscritos con nuestro país no se limita a ese sonado caso. Hay otros desconocimientos de acuerdos vigentes y otros menoscabos de las normales relaciones entre países que revisten mayor gravedad.
Existe un tratado que establece las condiciones de paridad en el dragado del canal Martín García con el canal Mitre. También se burla Argentina de ese compromiso con nuestro país y viene impidiendo que se lleve el canal Martín García a la profundidad pactada. El perjuicio económico que esto conlleva para el Uruguay es mucho mayor que el inferido por el corte del puente de Fray Bentos. Sin profundidad adecuada en el canal Martín García el puerto de Nueva Palmira pierde su condición de puerto de ultramar. Desde que se dragó ese canal (gobiernos de Menem y Lacalle) el movimiento de mercancías por dicho puerto se multiplicó exponencialmente. Tanto es así que ahora hay allí más de un puerto: uno del estado y dos particulares (o tres, según se mire).
La hidrovía no existe para el Uruguay sin el canal Martín García. Todos los servicios portuarios para Bolivia, Paraguay y el Matto Grosso brasileño que se han instalado en Nueva Palmira están siendo literalmente estrangulados por el incumplimiento argentino del tratado que impide el dragado.
Este problema es menos visible que el del puente pero daña económicamente mucho más al Uruguay. No sale en los diarios porque no se puede fotografiar pero es muy grave. Además, esto no es obra de un puñado de piqueteros desaforados sino del pulido personal político y diplomático de la cancillería argentina.
El fin del corte en el puente se está por producir. No será por diligencia del gobierno argentino sino por cansancio de la gente y por comprobación de su inutilidad y estupidez originarias. Pero el problema del dragado sigue con el mismo desparpajo con que el corte del puente duró dos años.
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