Operadores privados reclaman participar en el Plan Cardales

AGUSTINA NAVARRO / PABLO MELGAR

Mientras que los aspectos fundamentales del Plan Cardales permanecen en reserva, los principales involucrados no tienen claro qué lugar van a ocupar en la "megaestructura" comunicacional que se propone el gobierno.

Los operadores de televisión para abonados enviaron una carta al Presidente de la República solicitando formar parte de la comisión consultiva que desarrollará el proyecto, ya que vienen manteniendo entrevistas con Antel desde hace un año y hasta el momento no han sido tenidos en cuenta para la concreción de la propuesta.

En la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), encargada de expedir los permisos necesarios para que funcione el plan, tampoco tienen muy claro de qué manera funcionará. El propio director de la repartición, Jaime Igorra, dijo que no ha sido informado. "La comisión ha sido designada por el Poder Ejecutivo pero no nos hemos integrado", sentenció.

Hasta el momento se conoce que la dirección del Plan Cardales estará a cargo de una comisión presidida por el titular del LATU, Miguel Brechner, junto con el presidente de Antel, Edgardo Carvalho, el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma y los ministros de Economía, Álvaro García, Industria, Daniel Martínez y de Educación, María Simon.

A su vez se formaron tres comisiones constituidas por operadores del gobierno para analizar los aspectos económicos, técnicos y legales del proyecto, las que por el momento no serán integradas por los empresarios del sector de las telecomunicaciones.

Gonzalo Perera, vicepresidente de Antel y uno de los impulsores del proyecto, dijo que el objetivo es que todos los hogares uruguayos tengan acceso a un servicio convergente como en ninguna parte del mundo se ha conseguido. En Francia, el país donde el Triple Play se ha desarrollado de mejor manera, se logró llegar a un 15% de los hogares.

Perera sostuvo que la experiencia en el mundo indica que este sistema en manos de privados alcanza a las capas más altas de la sociedad hasta que la tecnología queda obsoleta y recién ahí es cuando "empieza a gotear al resto de la sociedad".

Sin embargo, si se apunta a la absoluta estatización el sistema no funciona ya que requiere generadores de contenidos, como creadores de música o multimedia que no forman parte del Estado.

Costos. En la actualidad contar con los tres servicios tiene un costo que ronda los $ 1.200 (banda ancha 512/128 $ 490; telefonía costo fijo $ 201; TV para abonados, el servicio más barato en Montevideo, $ 530).

El presidente de Andebu, Rafael Inchausti, estima que el costo para los abonados del Triple Play rondará entre $ 700 y $ 800 en el Interior del país y unos $ 1.000 en Montevideo, dependiendo del tipo de servicio que se contrate. El ministro de Industria, Daniel Martínez dijo que el costo del servicio mínimo rondaría entre $ 200 y $ 300, según consignó Búsqueda en su última edición.

Empresarios. Álvaro Lamé, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, evaluó como positiva la iniciativa del Plan Cardales. Entiende que el acceso a Internet debe estar acompañado por programas de formación para los nuevos usuarios a fin de conseguir los mejores resultados de las nuevas tecnologías.

Recordó que las estadísticas sobre Internet reflejan que en general no se le da el uso más productivo dado que muchos usuarios únicamente se dedican a chatear o bajar música y películas, mientras que no trabajan o estudian desde esa plataforma. Lamé dijo que "es bueno tener más gente conectada, el tema es para qué. Si es para diversión me parece una inversión inútil".

Rafael Inchausti, presidente de Andebu, gremial que agrupa a la mayoría de los operadores de radio, televisión por aire y para abonados, señaló que es una idea interesante que se analiza entre el gobierno y los actores privados, aunque algunos de estos últimos han manifestado estar preocupados.

Agregó que se pactaron reuniones con Antel hace un año, pero la entidad sólo participó en el principio, dejando el lugar a los operadores de televisión por cable. Inchausti aclaró que la participación de Antel en TV para abonados no es un riesgo puesto que los niveles de calidad que consiguen las empresas telefónicas son muy menores ya que usan tecnología IPTV que tiene malos antecedentes en Europa y Centroamérica y no alcanza los niveles del cable convencional en materia de alta definición.

En cambio, dijo que la relación es distinta para los servicios de Internet y telefonía que se pueden prestar desde la red de TV para abonados, ya que es mejor que la del ADSL que ofrecen las telefónicas.

La cifra

$1.200 Es el costo mínimo de tener banda ancha 512/128, telefonía fija (costo fijo) y TV cable en el departamento de Montevideo.

Trabajo on line para el mundo

La ministra de Educación y Cultura, María Simon, dijo que el Plan Cardales significa el acceso a la información, al entretenimiento, a Internet, a la televisión para abonados "para todas las familias uruguayas". "Podría interpretarse como una especie de análogo al Plan Ceibal pero a nivel de familias y dirigida, tanto a la recreación como al teletrabajo, a la telemedicina como a la educación", dijo.

Según datos de la empresa Netgate del año 2007, en Uruguay "teletrabajan" unas 32.000 personas que ganan unos 1.100 dólares en promedio por mes, lo que significa un aporte al PBI de unos 420 millones de dólares anuales. El presidente de Netgate, Álvaro Lamé, estimó que de aumentar la cantidad de personas que trabajan de esta manera "se va a transformar en el principal ingreso del país".

En materia de conectividad, Lamé dijo a El País que el problema no es el precio. "En ADSL hay ofertas muy accesibles, pero hay un problema de oferta y presencia del tema en los medios. Sería bueno que entraran nuevos jugadores. En eso los cables pueden ser muy importantes. La competencia ha dado un empuje bárbaro; nosotros hemos vendido unas 1.500 conexiones móviles", comentó.

El empresario señaló que preocupa al sector los aportes fiscales, ya que al teletrabajador "nadie le descuenta IRPF y no aporta a BPS ni DGI, salvo que lo haga en forma voluntaria".