Derecho al silencio

Hernán Sorhuet Gelós

El derecho al silencio es probablemente uno de los más vulnerados en la actualidad. La aglomeración de las poblaciones en centros urbanos ha exacerbado el problema, casi sin que nos diéramos cuenta, debido a la gran concentración de personas y actividades. La existencia de estos problemas provocó la creación de una normativa reguladora, que varía en profundidad y detalle, según las diferentes realidades.

En los hechos, la contaminación sonora es la principal causa de reclamos y problemas de vecindad en todas las ciudades del planeta. Los ruidos molestos, tan diversos como subjetivos, ocupan un lugar muy importante en el relacionamiento urbano. El rango de impacto en las personas afectadas va desde la simple molestia hasta los quebrantos de salud.

Como se sabe, el sonido pasa a ruido cuando resulta molesto, lo cual depende de su intensidad (medida en decibeles), pero también de circunstancias diversas, como el lugar y momento en que ocurre -conversación en una biblioteca, o una gotera nocturna-, si el sonido evoca situaciones desagradables, si es evitable o provocado por un vecino.

Entre los efectos más dañinos del ruido sobresalen los daños permanentes en la audición, que puede provocar una exposición sostenida a altos decibeles (ruidos en fábricas o discotecas), la perturbación del sueño, capaz de modificar el carácter y enfermar al afectado, y la provocación de estrés.

Existe una amplia diversidad de fuentes de contaminación acústica. Entre las más frecuentes están los ruidos en el medio laboral (fábricas, discotecas, etc.), el tránsito vehicular (ruidos de motores y bocinas), los ruidos de vecindad provocados por el uso de electrodomésticos, ladridos de perros, música a alto volumen, discusiones y riñas familiares, el funcionamiento de iglesias, clubes políticos, estaciones de servicio, discotecas y pubs, comercios abiertos las 24 horas, y prácticas culturales que incluyen la ejecución de instrumentos. A nadie escapa que se trata de un tema incómodo de discutir, porque las transgresiones son permanentes, al igual que las omisiones en su fiscalización.

El problema de fondo es que aún no existe una sólida conciencia del derecho al silencio que tiene cada persona. Aunque existen disposiciones municipales y nacionales que regulan los niveles de emisión de sonidos, así como las condiciones y lugares en donde se pueden emitir, rara vez se garantiza su cumplimiento.

La falta de una discusión abierta y profunda lo único que ha conseguido es diferir las mejores soluciones y mantener el problema. En ese sentido uno de los temas que menos se habla es de la necesidad de adecuar las construcciones a las necesidades actuales, lo que significa que se debe exigir un nivel de aislamiento acústico que elimine buena parte de los conflictos de vecindad. Esta clase de contaminación del aire tiene una particularidad que la hace diferente a otras. El problema es siempre local y por tanto, la solución también está a ese nivel.

Pero el meollo del asunto está en la conducta de las personas. Necesitamos desarrollar una cultura que proteja el derecho al silencio capaz de rever los métodos de producción, los patrones de consumo y formas de esparcimiento, aspectos claves del transporte y numerosas actividades culturales.