Reparaciones: retirados pedirán a Vázquez que "cumpla su palabra"

La Asociación Patriótica "14 de Abril de 1972", integrada por militares retirados con actuación durante la dictadura -y que es apoyada por el diputado colorado Daniel García Pintos- pedirá al gobierno que repare económicamente a ambas partes involucradas en los enfrentamientos de los años 60 y 70.

La postura pública de este grupo de retirados de las Fuerzas Armadas se conoció ayer como respuesta al trabajo que hace una comisión oficial que prepara un proyecto de ley para que el Estado haga un resarcimiento integral a las víctimas y familiares de perjudicados por aquellos enfrentamientos, pero que alcanza solamente a quienes lucharon contra los militares en la dictadura.

En rueda de prensa convocada por la Asociación, que integran, entre otros, el ex jefe del Ejército, Raúl Mermot, el diputado García Pintos apeló a que el gobierno "mantenga la palabra" empeñada en 2007 por el presidente Tabaré Vázquez cuando resolvió impulsar un proyecto presentado por ellos reparando económicamente a familiares de cerca de 70 militares, policías y civiles muertos por los subversivos, y otras 70 personas fallecidas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado, con una suma de US$ 150.000.

Vázquez firmó aquel proyecto de ley y lo envió al Parlamento, pero la bancada del Frente Amplio nunca lo consideró porque la mayoría de sus legisladores discrepó con su contenido.

"No puedo creer que el presidente no vaya a mantener su palabra", sostuvo el diputado.

La comisión de legisladores del oficialismo trabaja en un proyecto de ley que sea "algo que, más allá del dinero, suponga la redignificación de las personas", explicó a El País el diputado Diego Cánepa, uno de los integrantes de la comisión redactora.

El gobierno enviará esta iniciativa al Parlamento en marzo. El texto incluirá una indemnización económica para estas personas pero eso no será lo central, adelantó el legislador. Dijo que la idea está basada en la doctrina aplicada por Naciones Unidas y tendrá el sentido de contemplar a las personas que han sufrido una violación sistemática de sus derechos humanos en la dictadura, o la aplicación ilegítima de la fuerza del Estado en algún momento de su vida. Este proyecto se diferenciará de la ley 18.033, de 2007, que establece una reparación exclusiva para ex presos y exiliados víctimas de la dictadura entre 1973 y 1985. En lo económico esta ley fijó la percepción de una suma de dinero mensual para esas personas de $ 19.500, siempre que no tengan ingresos superiores a $ 26.600. El sentido de esta ley es generar una pensión de carácter jubilatorio con un fundamento reparatorio.