Sonadas causas judiciales llegan a su desenlace a partir de febrero

PABLO MELENDREZ

El Poder Judicial retomará el mes próximo varias causas de gran interés público que tendrán novedades una vez que se levante la Feria que se extenderá durante todo enero.

Como es habitual, el acto de apertura de los tribunales tendrá lugar en la sede de la Suprema Corte de Justicia el 2 de febrero (no el 1° porque es domingo). Ese día asumirá la presidencia anual de la Corporación el ministro Jorge Larrieux, y a partir de allí los juzgados de todo el país reiniciarán su actividad.

Bengoa. En febrero la jueza penal Fanny Canessa realizará una serie de careos entre el ex director de los casinos de la Intendencia de Montevideo, Juan Carlos Bengoa, procesado con prisión en diciembre de 2007 por diversas irregularidades en su gestión y el ex intendente y actual senador Mariano Arana y la ex secretaria general de la comuna y actual ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz.

A la vez, se espera un peri-taje que determine si Bengoa, -quien fue enviado a prisión junto con sus ex asesores Orestes González, José Luis Antúnez, el funcionario municipal Gustavo Dalmonte y el empresario Felipe Ruiz-, incurrió en enriquecimiento ilícito. Bengoa declaró en diciembre ante la magistrada, pero el origen de sus bienes y parte del movimiento de sus cuentas bancarias no quedó claro.

Por otro lado, la jueza Canessa prevé iniciar una nueva línea de investigación en relación al ex director de Desarrollo Económico de la comuna, Alberto Roselli, para determinar su grado de responsabilidad en los hechos indagados. Roselli envió una nota de agradecimiento a las empresas que financiaron en forma irregular las obras en la sala del Parque Hotel. Sin embargo, ha declarado que desconocía que las tareas se realizaron con aportes económicos que no fueron debidamente registrados.

CAsal. Otro caso que retomará su instrucción es el que involucra al contratista Francisco Casal en el marco de la denuncia que le inició la Dirección General Impositiva (DGI) por presunta evasión fiscal. Este hecho tiene la particularidad de que será analizados en dos vías diferentes: por un lado la Justicia Penal, y por el otro la Civil. En ese sentido, el juez penal Carlos García Guaraglia y la fiscal Dora Domenech esperan recibir en el transcurso de febrero un peritaje contable para determinar si Casal incurrió en el delito de "defraudación tributaria", tal como lo sostiene la DGI. Además, el organismo recaudador denunció penalmente a otros empresarios vinculados al máximo contratista del fútbol uruguayo, como por ejemplo Carlos Aguilera, Gonzalo Madrid, Jorge Chijane, José Herrera y el contador Julio Szafrán.

En tanto, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° Turno deberá resolver si mantiene o revoca el embargo que, a pedido de la DGI, la jueza Loreley Opertti trabó en abril de 2008 a Casal y los integrantes de su grupo económico por US$ 25 millones. Luego, el caso regresará a la magistrada quien deberá determinar si efectivamente Casal debe o no pagar impuestos por su actividad de venta de jugadores de fútbol en el exterior.

Derechos Humanos. Por otro lado, en 2009 también se registrarán importantes novedades en relación a las investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. En los primeros meses del año, el juez penal Luis Charles deberá emitir la condena de los militares José Gava-zzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez y los ex policías José Sande Lima y Ricardo Medina, quienes fueron procesados con prisión en septiembre de 2006 por la desaparición del militante del PVP Adalberto Soba. Para todos ellos la fiscal Mirtha Guianze pidió entre 20 y 25 años de cárcel por el delito de "desaparición forzada".

También el juez Charles y la fiscal Guianze iniciarán la etapa de prueba en el caso del ex dictador Gregorio Álvarez y el marino retirado Juan Carlos Larcebau, quienes fueron procesados con prisión en 2007 por el traslado ilegal de presos políticos que habían sido detenidos en Buenos en 1978.

El caso de los hermanos Peirano

En 2009, la Justicia Penal deberá emitir en primera instancia la condena de los hermanos José, Dante y Jorge Peirano Basso, quienes fueron procesados en agosto de 2002 por el vaciamiento del Banco de Montevideo.

En 2006, la Fiscalía pidió para ellos penas de entre siete y nueve años de prisión. La jueza que tramitó el caso en el último tiempo, Graciela Gatti, actualmente se desempeña en uno de los juzgados contra el crimen organizado creados en la última Rendición de Cuentas, por lo que la resolución será tomada por otro magistrado.

José, Dante y Jorge Peirano Basso fueron liberados en mayo de 2007 luego de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos así lo recomendara.

En septiembre de 2008, luego de un extenso proceso de extradición desde Estados Unidos, la jueza Gatti dispuso el procesamiento con prisión de Juan Peirano Basso, el mayor de los hermanos, que era el principal responsable del Grupo Velox, cuyas maniobras causaron perjuicios a más de 1.400 ahorristas en Uruguay y también afectó a instituciones bancarias de Argentina y Paraguay.

Además, los hermanos Peirano Basso enfrentan una importante causa de juicios civiles donde los ahorristas les reclaman la devolución de su dinero. En esos casos, los ex banqueros han tenido suerte dispar, pero hasta el momento ninguno de los expedientes tiene sentencia definitiva.

Por otro lado, los hermanos Peirano Basso aguardan que un Tribunal de Apelaciones resuelva si ellos pueden o no reclamar la responsabilidad del Estado, en el marco de un juicio que iniciaron contra el Banco Central por la intervención del Banco de Montevideo en 2002.