"La cárcel debería ser el último recurso"

El ministro que el próximo 2 de febrero asumirá la presidencia anual de la Suprema Corte de Justicia, sostiene que es necesario buscar penas alternativas a la reclusión, principalmente, porque cada vez más menores edad son quienes salen a delinquir. Afirma, además, que los menores de 18 años son conscientes de sus actos, y por tanto podrían ser imputados, aunque aclara que ese aspecto debe ser resuelto por el Parlamento. Por otro lado, sostiene que el escaso presupuesto del Poder Judicial y el hecho de tener que negociarlo con el Parlamento "no es conveniente" y dijo que sería más democrático si ello no ocurriera.

Pablo Melendrez

-¿Cuál es la impronta que usted pretende dejar como presidente de la Suprema Corte de Justicia?

-La presidencia de la Suprema Corte de Justicia no responde a méritos personales -que sin duda hay mayores que los míos entre sus integrantes-, sino a la necesaria rotación básicamente en funciones de representación, de manera que las decisiones siguen adoptándose colectivamente ya por unanimidad o mayoría legal. Se trata, entonces, de continuar proyectos y seguir avanzando en el desarrollo de la Red Nacional Judicial para centralizar bases de datos y la consulta informática de trámites de expedientes. También están en marcha proyectos edilicios como la centralización de los juzgados de Familia y los Penales.

-¿Se deben crear más juzgados? ¿En qué materias?

-Serían necesarios dos juzgados más para violencia doméstica en Montevideo y un juzgado más en Maldonado (el de 9º turno) tal vez para la materia penal.

-¿La opinión pública tiene una imagen positiva del Poder Judicial?

-Si bien el Poder Judicial es poco visible a la opinión pública, creo que ésta debe valorar positivamente su actuación dada la reconocida imparcialidad, independencia y alto nivel de confianza en el sistema, a pesar que se sigue pensando que su funcionamiento es lento.

-Existe una importante demanda de Justicia principalmente en la esfera civil, donde los procesos son extensos y costosos. ¿Es posible reducir la duración de los juicios?

-Hay un mayor "consumo" de Justicia favorecido por la concientización y facilidades de acceso a la Justicia. Basta como ejemplo señalar que en 1994 el total de asuntos iniciados fue de unos 176.000 y para 2004 de 210.000. El tiempo de duración de los procesos, sin desmedro de garantías, se ha acortado desde la vigencia del Código General del Proceso, y los trámites en los tribunales se han llevado a los seis meses. También se han enviado proyectos al Parlamento con esa finalidad para reducir la duración de los procesos laborales.

-¿Cuál es su posición sobre el relacionamiento de los jueces con la prensa? ¿Deben hacer declaraciones sobre casos de interés público?

-La mediatización de la labor judicial y el examen público de la actuación de los operadores son elementos que hacen a la transparencia y seguridad de independencia de la gestión, y debería efectuarse en términos de técnica jurídica, no a impulsos de reflexiones breves y confrontativas. Por eso, me parece adecuado que la prensa comprenda que los tiempos procesales no siempre coinciden con los de la necesidad de informar y con la necesaria reserva a los fines de una eficaz instrucción, sin perjuicio que explicar y motivar debidamente las decisiones constituya un deber de los magistrados, esencial a la comprensión por la opinión pública que se actúa apegado a la Constitución y las leyes.

-En la sociedad hay una creciente preocupación por la seguridad, pero muchas veces los jueces dejan en libertad a los delincuentes o los procesan sin prisión. ¿A qué se debe eso, a una falla en las leyes o hay una intención de no enviar a la cárcel a personas responsables de delitos menores?

-La inseguridad es un dato de la realidad y la actuación del Poder Judicial no debe ser ajena a esa problemática sin perjuicio que no le corresponda asumir todos los costos de esa crisis. Personalmente, creo que la reclusión debería ser el último recurso del sistema, y buscarse alternativas a la pena privativa de libertad, incluso porque la capacidad de los establecimientos carcelarios está desbordada y, salvo alguna excepción, no cumplen con la función de rehabilitar prevista en le Constitución.

-¿Esa debe ser la tendencia?

-Sin dudas, y de hecho lo es, porque en los legajos que envían los juzgados, cuando se trata de primarios y delitos leves el criterio es procesar sin prisión. Sin embargo, el problema está cuando el indagado ya posee antecedentes penales, porque en esos casos no hay otra opción más que procesar con prisión. Y, lamentablemente, ese hecho se está dando comúnmente en edades muy jóvenes

-¿Es elevado el número de detenidos que se encuentran sin condena ?

-No porque según estadísticas del Poder Judicial, la relación de presos con condena ejecutoriada es del 45% y si tomamos en cuenta una duración razonable del proceso penal promedio de 12 a 14 meses, y las sentencias no ejecutoriadas, en apelación o casación, el porcentaje sería mucho menor todavía.

-¿Se debe bajar la edad de imputabilidad de los menores infractores?

-En esta época no puede dudarse de que la capacidad de entender y de querer -imputabilidad- se adquiere antes de los 18 años, pero el tema -de resorte legislativo- de optar por bajar la edad debe analizar la creación paralela de institutos de reclusión diferenciales donde se prestigie la rehabilitación mediante planes educativos, laborales y curativos de adicciones. Hoy por hoy, los menores tienen otra manera de comprender el mundo y por eso los criterios que se manejaban con el Código Penal de 1934 no son los mismos que se pueden manejar actualmente, pero reitero que es una potestad legislativa.

-El acotado presupuesto del Poder Judicial y la autonomía financiera son temas que todavía no se han resuelto. ¿Cuál es su visión al respecto?

-La última Rendición de Cuentas no contempló todas las expectativas del Poder Judicial, eso es claro. La ausencia de autonomía presupuestal (del Poder Judicial) es objeto de frecuente reclamo. Incluso, en un reciente plebiscito de reforma constitucional se rechazó por escaso margen. Implica una limitación al funcionamiento y una injerencia en asuntos de un Poder del Estado por los otros, al tiempo que no parece conveniente que el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes deba negociar con el Poder Legislativo su presupuesto, y por tanto la independencia económica hace al propio prestigio del sistema democrático.

"Nunca milité en ningún partido político"

La designación de Jorge Larrieux como ministro de la Suprema Corte de Justicia estuvo signada por la polémica, ya que su voto decidiría la suerte del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los jubilados, tributo que finalmente el gobierno sustituyó por otro.

Su integración a la sala modificó la mayoría de tres a dos que consideraba inconstitucional el IRPF a los pasivos, porque su votó fue favorable al polémico impuesto. "No me afectó para nada el hecho de que se especulara sobre mi filiación política porque yo nunca milité en ningún partido", dijo.

Además, Larrieux expresó a El País que en ningún momento antes de emitir su pronunciamiento recibió presiones ni de parte del gobierno de la oposición en relación a este tema.

Larrieux negó que la adhesión política de los jueces pueda incidir en su carrera porque "se tienen en cuenta exclusivamente informes técnicos, la antigüedad y destinos anteriores". Por otro lado, dijo que no considera negativo que los dirigentes políticos comenten o critiquen fallos judiciales siempre que los comentarios "se hagan con el debido respeto y responsabilidad".

Perfil

Nombre:

Jorge Larrieux

Nació:

Montevideo

Edad:

62 años

Otros datos:

Está casado, tiene tres hijos y una nieta.

Magistrado desde 1980

Comenzó su carrera como magistrado porque el padre de un compañero de estudios era juez y eso lo inspiró a iniciarse en la judicatura. Tras 27 años de trabajo como juez, Jorge Larrieux asumió como presidente de la Suprema Corte de Justicia en abril del año pasado, cuando su antecesora, Sara Bossio, se jubiló al cumplir 70 años de edad. Comenzó como juez de paz rural, el grado más bajo del escalafón. Luego ascendió a juez letrado lo que lo llevó a residir en varios puntos del país. En el año 1987 fue designado secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, el cargo de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial además de los cinco ministros que integran el máximo tribunal. En 1992 fue designado ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno, donde se desempeñó hasta integrar la Suprema Corte. Es socio de la Asociación de Magistrados del Uruguay, hincha de Bella Vista y suele veranear en Parque del Plata.