Círculo Policial exige el reintegro de un comisario

La decisión de la Jefatura de Policía de Rocha de separar del cargo a un comisario por vender bonos colaboración y la resolución de la Jefatura de Canelones de intimar a los agentes a que debían optar por realizar el Servicio 222 en el departamento canario y no en Montevideo, generó cuestionamientos del Círculo Policial del Uruguay y de la gremial policial de Canelones, respectivamente.

El comunicado del Círculo Policial exigió el "reintegro inmediato" del comisario Felipe Pérez, quien enfrentó una investigación administrativa iniciada en 2008.

Pérez vendió bonos de colaboración para recaudar fondos para la institución que preside. El Ministerio del Interior prohíbe que los policías vendan bonos. Sin embargo, en este caso se trataba de una persona que revestía, además del uniforme policial, el carácter de presidente de una institución que nuclea a los policías, dijo a El País el directivo del Círculo Policial del Uruguay, Ernesto Carreras.

Según el Círculo Policial, Pérez debe ser reintegrado a su cargo porque ya cumplió hace más de 20 días con los "injustos y abusivos" seis meses de separación del cargo y la retención de los medios sueldos.

"A Pérez no se le probó ninguna irregularidad por parte de las autoridades administrativas o la Justicia Penal", dice el comunicado. La institución cuestionó el sumario efectuado a Pérez afirmando que "está plagado" de "violaciones" de los derechos del comisario.

Por su parte, la Asociación Sindical de Policías de Canelones (Aspoca) cuestionó al jefe de Policía canario, Sergio Guarteche, por establecer un plazo para que los policías renuncien a realizar el Servicio 222 en Montevideo.

"Muchos de nuestros compañeros no tendrán motivo alguno para festejar (las fiestas de fin de año) porque estarán preocupados, angustiados y estresados pensando cómo sobrevivir cuando dejen de percibir los ingresos por el Servicio 222 que hacían en otras dependencias del Ministerio del Interior, con los cuales tenían organizadas sus vidas", expresó la gremial policial canaria.

Fuentes policiales afirmaron que, al faltarle policías para cubrir las necesidades del Servicio 222 en Canelones, la Jefatura ordenó que todos aquellos que realizaban custodias fuera del departamento tenían que renunciar a ellas.

El problema que enfrenta la Jefatura canaria es que los precios que se pagan por la hora en Montevideo ($ 49) son superiores a los que abonan instituciones y comercios situados en el departamento de Canelones.

En Canelones la hora se paga $ 40.

En los próximos días, la Jefatura reverá su decisión de solicitar la renuncia del Servicio 222 en forma global a aquellos efectivos que lo cumplen fuera del departamento y analizará la situación caso a caso.

Según las fuentes, mientras existan costos diferenciales del Servicio 222 en los distintos departamentos, continuará el trasiego de policías para realizar custodias en Montevideo, obligando a las Jefaturas del interior del país a desatender sus contratos.