Fallo aconseja restituir radios a los Rupenian

EDUARDO DELGADO

El procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Miguel Langón, se pronunció a favor de anular la decisión que quitó cuatro radios a los hermanos Aram y Berch Rupenian.

Los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) estudian el expediente abierto tras la presentación del recurso contra la revocación de los permisos de las cuatro radios que usufructuaban los hermanos Rupenian: Independencia, Concierto FM, Radio Punta y Concierto Punta.

En su escrito, Langón sostiene que el Estado clausuró Parasel S.A. -la empresa de los Rupenian-, los procesó por defraudación tributaria y los embargó, "es decir que puso por sí y ante sí las bases para" descalificarlos moralmente e insolventarlos.

Langón hace mención al artículo 13 de la Convención americana sobre Derechos Humanos: "no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales… de frecuencias radioeléctricas". Y expresa que "no es tan descaminada" la postura de los Rupenian de que la revocación de los permisos "tiene un sesgo, por lo menos preocupante, en orden a la libertad de prensa".

"Dentro de un Estado Constitucional de Derecho, realmente es muy penoso aceptar que el Poder Ejecutivo pueda formular calificaciones de indignidad `moral`, como lo permite la normativa vigente, pero de contenido más autoritario que liberal", dice Langón.

El dictamen de Langón no es vinculante pero sí es tenido en cuenta por los ministros del Tribunal que resolverán el tema. En su dictamen, Langón contraviene el fundamento de incapacidad económica contra los Rupenian. Sostiene que "el Estado, juez y parte, determina que existe una infracción; le cuotifica; agrega multas y recargos; embarga; hace -objetivamente- mala publicidad a los contribuyentes concernidos y, como la diferencia entre activos reales y deudas aún controvertidas y no firmes es muy grande, declara su insolvencia que a su vez funda la clausura".

Los hermanos Rupenian fueron procesados con prisión en abril de 2006 por defraudación tributaria a la DGI. En marzo de 2007 el Poder Ejecutivo, a través de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), les revocó los permisos de las radios, que dejaron de transmitir en julio de ese año.