Por un momento pareció que estábamos asistiendo a una trasmisión presidencial adelantada. Mientras Tabaré Vázquez emprendía un viaje por Japón con claras motivaciones de carácter personal-profesional y alguna visita de Estado, Mujica desplegaba una actividad arrolladora que lo llevó a entrevistarse prácticamente con todo el entorno político, sindical y productivo del país. Aceleró sus pasos para lograr una rápida constitución de su futuro gabinete, superó una absurda mini crisis y las decisiones de última hora de Vázquez comenzaron a ser cuestionadas. Pareció que todo quedaba en el aire y el país recién comenzaría a caminar a partir del próximo 1° de marzo.

Dos temas había dejado Vázquez para su puesta en marcha el día siguiente a las elecciones de noviembre: la instrumentación del Plan Cardales -complemento indispensable del exitoso Plan Ceibal- con la participación de las empresas de canales cable y la Ley de Descentralización que propone la creación de alcaldías en las poblaciones del interior con más de 5.000 habitantes. Los dos temas quedaron en la mira de francotiradores y por un momento pareció que eran abatidos.

Sutel, el sindicato de empleados de Antel, con el apoyo del Pit-Cnt cargó -¿cuándo no?- sobre el Cardales porque vislumbró que abría una brecha a su monopolio de las comunicaciones, lo que en definitiva afectaba su férreo e infranqueable corporativismo. Ese que les impide ver más allá de sus intereses y que jamás cede ante superiores imperativos colectivos (por más datos, ver columna de Carlos Maggi "Antel y el Uruguay subafricano"). El Pit-Cnt compañero aprovechó la visita que les hizo Mujica para reclamar la suspensión del decreto aprobado por Vázquez. Consideraban que era inconveniente y no correspondía, además, aprobarlo sin el apoyo del próximo gobierno. De muy buenas maneras el Presidente (Vázquez, obviamente) les explicó que él era Presidente hasta el 28 de febrero de 2010, que el decreto no se tocaba y que "el Plan Cardales no se detiene". Punto y final.

Más complicado -pero con el mismo desenlace- fue la negociación por la Ley de Descentralización. Allí no se trató de una pulseada con los sindicatos, sino con los legisladores de su propio partido. Nada menos que la influyente senadora Topolansky fue la vocera del grupo que buscaba la postergación de su puesta en marcha, con argumentos de indudable valía, como "la necesidad de una apuesta a la coparticipación con la oposición". La realidad dice que no queda muy claro eso de crear unas 90 alcaldías, cuyos titulares serán electos por voto popular junto a las elecciones municipales, porque poco se ha explicado de sus alcances y competencias y el tiempo que queda para hacerlo -periodo estival mediante- es bastante exiguo. Es más, los uruguayos perciben esto como más burocracia, más gastos y, por consiguiente, mayores impuestos: se trata de cargos rentados que tendrán una retribución que oscila entre los 70 y 80 mil pesos mensuales, más lo que significa los costos de funcionamiento y del personal que tendrán a su cargo.

Pese a todo, Vázquez salió airoso en el primer round en la Cámara de Senadores, donde hubo unanimidad de votos frenteamplistas y contó incluso con votos del Partido Nacional, que dejó de lado sus cuestionamientos para enviar señales de colaboración para con el gobierno. Ahora queda la Cámara de Representantes donde las dudas, en principio, parecen ser mayores. Pero con Mujica en la tesitura de no crear brechas ni enfrentamientos con el Presidente y el Partido Nacional que no quiere de entrada colisiones con la fuerza gobernante, parece que en definitiva será laudado como Vázquez aspira. Si eso es bueno o malo o generará un desconcierto fenomenal entre los votantes, es harina de otro costal.

Porque creemos que, lo que importaba en el momento era la señal y Vázquez la dio con rotunda claridad. Él sigue siendo el presidente y él no permite que se cuestionen sus decisiones. Menos en la interna.

¿Qué ocurrirá a partir del 1° de marzo? ¿Vázquez jugará algún papel? ¿Se le pasará alguna factura? Esas son algunas de las incógnitas, porque a partir de esa fecha, José Mujica será el Presidente de la República.