"Tratamos que el evasor de impuestos ahora sea sancionado socialmente"

1/1

Nelson Hernández

El actual director general de Rentas no sabe si continuará en su cargo, aunque cree difícil volver a su antiguo puesto de funcionario de carrera con otro titular al frente de la DGI. Hernández dice que en este gobierno hubo un cambio en la imagen del organismo, que se abrió a los medios y que llevó a que el evasor sea sancionado socialmente, y deje de ser "el tipo vivo, el inteligente". En la entrevista Hernández también habla de las actuaciones de la DGI en la próxima temporada y del caso Casal que ha marcado su gestión.

Eduardo Delgado

-En esta década, la DGI realizó investigaciones a sectores y empresarios destacados, lo que generó gran repercusión pública. ¿Qué fue lo que cambió en el organismo para que esto ocurra?

-Hubo un cambio en la imagen hacia fuera de la DGI, que buscó el reconocimiento de la población. Que no se la viera como un gendarme que está castigando al incumplidor, sino como alguien que está colaborando en esa actividad de cobrar impuestos para que puedan prestarse los servicios públicos. Muchas veces eso se pierde de vista y aparecen los impuestos como algo que se paga sin contrapartida, lo que pasa es que la mayoría de las veces las contrapartidas no las reciben los mismos que pagan. A partir del 2005 hubo un cambio que volcó a la DGI hacia afuera.

-¿Ya se hacían esos grandes operativos entonces?

-Sí, se hacían, pero no tenían trascendencia porque se entendía que lo importante era que trascendiera entre los que podían ser contribuyentes y no entre la población. El cambio fue tratar de que el no pago de los impuestos sea sancionado socialmente y no solo económica o penalmente. Que la gente dijera: aquel señor es alguien que no paga sus impuestos y de alguna manera nos está haciendo pagar más a nosotros. Antes el que no pagaba impuestos era el tipo vivo, el inteligente y hoy creo que las cosas no son tan así.

-Después que Uruguay fue incluido en la "lista gris" de la OCDE el gobierno anunció y comenzó a concretar acuerdos tributarios con otros países. ¿En qué incide esto en el trabajo de la DGI y en el secreto tributario?

-En el secreto tributario no incide. Hay una disposición que le permite a la DGI en los casos de defraudación tributaria pedir el levantamiento del secreto tributario, para avanzar en la investigación. Son acuerdos de intercambio de información entre distintos fiscos, la posibilidad por ejemplo que un fisco del exterior pida informes a la DGI uruguaya respecto a la actividad de un español que reside en España y que ese país necesita saber cuáles son sus ingresos provenientes de Uruguay, pero no afecta la liquidación interna de tributos. Uruguay se compromete a dar información no solo tributaria sino también bancaria con los países con que tenga acuerdos.

-¿La DGI en esto hace a Uruguay un país colaborador?

-En eso se está avanzando a través de la firma de estos acuerdos. Se negoció con Alemania, está con media sanción parlamentaria el acuerdo con España, se envió el convenio con México y hay fijadas fechas para reuniones para concertar acuerdos tributarios con Suiza, Bélgica y Finlandia. Hay una línea definida por parte de Uruguay para avanzar en esa realización de acuerdos que eliminaría al país de esa lista gris en que se le ha ubicado. En marzo habrá otra reunión de OCDE en la que se evaluarán los avances y veremos entonces dónde quedamos.

-La DGI anunció el cierre de 30 empresas en Punta del Este en el comienzo de la temporada, principalmente inmobiliarias y restaurantes ¿Va a ser gradual? ¿Se tuvo en cuenta que puede afectar la oferta turística?

-La idea es que las clausuras van a ser hechas durante la tercer semana de enero. Queremos que la sanción sea efectiva, en un período que exista una actividad real, y por otro lado tampoco queremos dejar sin resultado económico un ejercicio si clausuramos una empresa la primera quincena de enero.

-¿Por qué la DGI sanciona más a las inmobiliarias y no tanto al arrendamiento informal que no paga ningún impuesto?

-En el caso de las inmobiliarias hay más de un impuesto, además del impuesto a la renta del propietario está el de la propia inmobiliaria. No es que se haya hecho especial hincapié en las inmobiliarias, sino que son de las empresas que tienen más actividad en la temporada y es razonable que se le inicien actuaciones. Con respecto a los arrendamientos particulares, ya el año pasado hicimos operativos, y pensamos volver a hacerlos.

-¿Cuánto del aumento en la eficiencia de la DGI se refleja en las remuneraciones de sus funcionarios?

-Tenemos un 15% de premio si alcanzamos todas las metas, que no son solamente recaudación, sino que son 13 incluidas en los compromisos de gestión, algunas grupales. Pero el premio depende del desempeño de cada funcionario, algunos llegan al 15% y otros no.

-Luego que la Justicia bajó el porcentaje de embargo sobre los bienes y cuentas de Francisco Casal, ¿la DGI cobró algo?

-El Juzgado lo bajó a partir del momento en que Casal depositara US$ 1,5 millones y eso no tenemos noticia que lo haya hecho. Nos pareció una buena solución la de la Justicia, en la medida en que eso posibilita que Casal tenga interés en hacer negocios.

-Ahora el caso sigue su curso judicial, pero ¿qué pasa con los otros contratistas de fútbol? ¿Pagaron? ¿Se iniciarán acciones judiciales también?

-No se iniciaron acciones judiciales, se está determinando la cifra de la deuda. Si unimos a Casal y a otros dos o tres contratistas estamos hablando del 90% del mercado. Finalizada la temporada va a estar la cifra que adeudan y entonces o se llega a un acuerdo y se cobran los impuestos que correspondan, o se piden garantías para asegurar dicho cobro y si vemos una defraudación se aplicarán las sanciones o se harán las denuncias que correspondan.

-¿Si se lo propone el gobierno electo, sigue en el cargo como director general de la DGI?

-Voy a contestar si me lo proponen. No he tenido contacto.

-Si no se lo proponen tiene pensado volver a su cargo de carrera en la propia DGI?

-Tendré que ver qué opciones se me abren, porque es muy difícil para un director general de la DGI seguir trabajando con un ex director general bajo sus órdenes. Entonces esa situación habrá que evaluarla en su momento.

-¿Cómo se va a orientar el operativo verano, se va a concentrar en la subfacturación de la empresa establecida o en la actividad informal o golondrina?

-En una primera etapa orientamos las actuaciones al requerimiento de garantías para las empresas de temporada, para que no se conviertan en empresas golondrinas y que paguen sus impuestos. Los inspectores van a visitar todas las empresas cuya actividad se inicie o crezca sensiblemente en temporada. Hacemos una estimación de los impuestos que se generarán por la actividad del ejercicio y en función de eso se le piden garantías para el pago de los impuestos. En general lo que hacen los contribuyentes es pagar la estimación de los impuestos del período y de lo que va de las últimas tres temporadas estamos casi con un 100% de esas estimaciones y garantías. Eso nos asegura que en los últimos tres años hubieron empresas de temporada, pero no golondrina. Eso es el objetivo de la mayor parte de los inspectores hasta el 15 o 20 de enero, pero también en ese período si se encuentran situaciones de subfacturación se controlan. Finalizado ese periodo todos los inspectores van a estar analizando situaciones de subfacturación.