Inercia histórica

Pablo Da Silveira

La Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Estrasburgo, acaba de condenar al estado italiano por instalar crucifijos en las aulas de las escuelas públicas. Para los miembros de la Corte, esa práctica atenta contra el derecho de los padres a educar a sus hijos en función de sus propias convicciones religiosas. El gobierno italiano anunció que recurrirá la sentencia y afirmó, a través de su ministra de educación, que esos símbolos religiosos están estrechamente asociados a las tradiciones del país.

¿Quién tiene razón en el debate? La pregunta no es fácil de responder porque ambas partes tienen buenos argumentos.

La Corte Europea de Derechos Humanos tiene razón al afirmar que, si un padre está obligado a mandar a su hijo a una escuela presidida por los símbolos de una religión que no es la suya, su libertad de elegir la clase de educación que quiere para sus hijos estará siendo vulnerada.

Un padre ateo, judío o musulmán pueden preferir que sus hijos sean escolarizados en un ambiente que no esté presidido por un crucifijo. Ese argumento es muy respetable, y lo es todavía más si tenemos en cuenta que esos padres no católicos están financiando las escuelas públicas con sus impuestos.

Algo anda mal si los impuestos pagados por todos son exclusivamente usados para satisfacer las preferencias de los padres católicos.

Pero el gobierno italiano también tiene un argumento válido. El catolicismo no es una religión cualquiera en Italia, sino el credo con el que se identifica la inmensa mayoría de la población. De hecho, encuestas realizadas en los últimos días confirman que cerca del 80 por ciento de los italianos está a favor de mantener los crucifijos en las aulas. El respeto a las creencias minoritarias es algo muy valioso, pero no debería obligarnos a hacer funcionar la sociedad como debería hacerlo si las minorías se hubieran vuelto mayoritarias.

Si un puñado de disidentes fuera suficiente para prohibir la exhibición pública con financiamiento estatal de cualquier clase de símbolo, no sólo habría que eliminar los símbolos religiosos sino también las estatuas a nuestros próceres.

Hasta las más admiradas figuras históricas tienen sus detractores.

¿Cómo resolver el conflicto entre estos dos argumentos opuestos? Tal vez pueda hacerse algún progreso si observamos que el dilema fue creado por los propios participantes del debate. Unos y otros tienen posiciones antagónicas, pero coinciden en un punto esencial: todos creen que la solución que se adopte deberá aplicarse a todas las escuelas públicas.

¿Debería ser necesariamente así? ¿Qué hay de malo en que el estado financie escuelas con crucifijos, otras con estrellas de David, otras con símbolos religiosos mezclados y otras sin ninguna clase de símbolo religioso? ¿Qué hay de malo en que ciudadanos respetuosos de los derechos ajenos y atentos a sus deberes como padres elijan libremente entre esas opciones? ¿No sería mejor que el Estado se concentrara en su tarea específica (es decir, asegurar reales oportunidades educativas a todos los miembros de las nuevas generaciones) y dejara lo demás en manos de quienes lo financian con sus impuestos?

La ausencia de toda mención a esta posibilidad revela que los grandes esquemas mentales del siglo XIX siguen pesando sobre nosotros.

Seguimos creyendo que los ciudadanos son suficientemente capaces de elegir gobierno, pero incapaces de tomar buenas decisiones respecto de sus propios hijos.