La ley mordaza

Julia Rodríguez Larreta

La semana pasada todavía quedaban algunas esperanzas de que a la ley de medios K, se le introducirían cambios en el Senado, que la podrían mejorar. Sin embargo, éstas se esfumaron al tenerse noticia de que el senador Jenefes, del FPV, a pesar de los reparos manifestados públicamente, iba a votar por el sí. Aunque se tomó el trabajo de aclarar que lo haría en disidencia, sutileza que más parece una ironía, que otra cosa.

Y para peor, las deserciones a la causa también se han dado en tiendas opositoras, como es el caso de la senadora radical Dora Sánchez. Algo que ha dejado en posición enojosa al Presidente de la UCR, Gerardo Morales, una voz cantante de la oposición, respecto de esta embestida oficial contra los medios audiovisuales. Se sospecha que el abrupto cambio de la correntina está relacionado con el saliente Gobernador Arturo Colombi, quien acaba de perder las elecciones frente a su primo Ricardo. Al cual le espera una situación judicial complicada una vez que deje la gobernación y según se rumoreaba, Arturo estuvo reunido con el habitante de Olivos.

Los Kirchner continúan armando su fortaleza de poder con miras a las elecciones del 2011. De la derrota experimentada en los pasados comicios y el mensaje ciudadano que éste traía consigo, hacen caso omiso, excepto armar antes de que cambie la composición del Congreso, todo un andamiaje, para no ceder un ápice de espacio y seguir manteniendo el control.

Ya dejaron knock-out a votantes y opositores con la renovación de las Facultades Especiales obtenida en el Parlamento. Engolosinados con estos éxitos en su estrategia de cercenar la libertad de expresión y controlar la información, ya están afilando las garras para ir contra la prensa escrita que les molesta y sus propietarios.

No es ocioso hacer un repaso de la presente iniciativa legislativa del Ejecutivo. Su carta de presentación fue la de una cruzada, supuestamente republicana, contra una ley de la dictadura. Discurso que busca desviar la atención sobre su verdadera intención, la antes mencionada, que se encuentra más o menos disimulada dentro de una montaña de artículos (unos 160) de enmarañada redacción.

Si bien que a pesar de esa frondosidad, nada hay sobre una regulación concreta de la pauta oficial, una de las más útiles herramientas del gobernante de turno, para dominar a ciertos medios. Aparte de que a dicha ley de hace 30 años atrás, se le hicieron a lo largo del tiempo más de 200 modificaciones por medio de resoluciones, decretos y leyes, por lo que poco permanece de la original. El nuevo proyecto crea una autoridad de aplicación con una vasta gama de competencias. Por lo tanto debería ser muy autónoma, despegada por completo del alcance del gobierno, pero es lo opuesto. De sus siete miembros, cinco serán dependientes de él, las decisiones se tomarán por mayoría simple y su competencia durará hasta el 2013, lo que incluye justamente, el proceso electoral del 2011. Objetivo evidente de esta apurada reforma. La autoridad de aplicación será la encargada de armar los concursos, de las adjudicaciones directas y de las autorizaciones para explotar los servicios de radio y audio visuales. Al otorgar las licencias, tendrá la facultad de analizar los contenidos y por si esto fuera poco, se dispone que las licencias se renueven cada 2 años. O sea, que la inestabilidad y la sujeción a esta burocracia oficial es enorme. Y también se exige que deberán las empresas desprenderse de sus actuales licencias dentro del estrecho plazo de 1 año. Tendrán que deshacer o vender sus compañías de cualquier manera y no es de extrañar que haya más de un empresario amigo de la Rosada que se quede con esos negocios, a precio de rifa. Característica notoria de este gobierno, el empresariado amigo. Se divide a los servicios en 3 grupos. Estatales, privados y las ONG. Va de suyo que las elegidas serán afines al poder.

Cualquier semejanza con un estilo Chávez, no es pura coincidencia.