Plebiscitos de octubre

JAVIER GARCÍA

El 25 hay una elección y dos plebiscitos. Uno de ellos plantea anular la ley de caducidad y otro instalar el voto epistolar, es decir por correspondencia desde el exterior.

No vamos a acompañar ninguno de los dos y lo vamos a explicar.

Con respecto a la anulación de la ley de caducidad, notoriamente se trata de una maniobra electoral del FA y en el caso de sus dirigentes no parte de la sinceridad de propósitos.

Dejando discusiones jurídicas de lado que diferencian la "derogación" de la "anulación", notoriamente ninguna de las dos circunstancias tiene el efecto de agregar márgenes de justicia, ya que esta misma ley es la que el propio presidente Vázquez utilizó para iniciar el procedimiento que concluyó con violadores de derechos humanos presos. Es bajo la vigencia de esta ley que fueron procesados ex integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, y su derogación, afirman algunos juristas, incluso podría suponer la libertad de éstos.

Es el absurdo total.

No es la intención sincera, tampoco, de eliminar del derecho positivo uruguayo una norma. Si así fuera el gobierno del Frente Amplio hubiera utilizado sus mayorías automáticas y absolutas en ambas cámaras, para en veinticuatro horas derogarla. No se hizo en cinco años porque no se quiso, lo que reafirma que este plebiscito es simplemente un elemento de movilización política. Lo nuestro es el futuro y no el pasado.

Con respecto al voto epistolar, lo primero es señalar el inmenso respeto y cariño hacia los compatriotas que viven en el exterior. En la diáspora hay familiares y amigos de todos.

Uruguay históricamente recibió inmigrantes y más tarde se transformó en fuente de emigración. Primero exilio político y luego económico, que se acentuó en este período.

El voto por carta no achica fronteras, ni las hace desaparecer, eso es solo publicidad.

El voto en Uruguay es secreto y obligatorio, pero de aprobarse esta reforma habría dos calidades de uruguayos en materia electoral: quienes cumplen con esas características porque votan en esta tierra y quienes desde el exterior no tienen obligación de hacerlo pero además lo hacen mediante una correspondencia que nadie sabe quién es el destinatario final ni hay garantías de saber quién en última instancia vota, si el titular u otra persona.

Es injusto, además, que desde miles de kilómetros se decida un gobierno del cual las consecuencias recaerán sobre los que vivimos aquí. Los gobiernos, sus aciertos y sus errores, son disfrutados o padecidos por quienes formamos la República Oriental del Uruguay, que según establece el primer ar- tículo de nuestra Constitución integramos quienes habitamos esta tierra.

En 2004 miles vinieron, votaron y se fueron. Eligieron un gobierno que no los gobernó a ellos.

Resulta paradojal que mientras el Frente Amplio respalda el voto epistolar desde cualquier parte del mundo, no haya respaldado la aprobación de un proyecto nacionalista para permitir el voto interdepartamental.

Así que se podría, si se aprobara, votar desde Australia, pero no lo podría hacer un uruguayo que viviendo aquí y con credencial de Artigas el día de la elección se encontrara, por ejemplo, en Canelones.

Es un absurdo.

Todos los aquí nacidos son compatriotas nuestros y debemos crear las condiciones para que vuelvan quienes así lo deseen.

Sin embargo este plebiscito tiene su origen en cálculos políticos y no en la ganas de que la familia uruguaya se reencuentre aquí, que eso sí es hacer desaparecer fronteras.