Falsa inclusión

Pablo Da Silveira

Un rasgo llamativo del debate sobre la enseñanza es que existe una gran convergencia en torno a las metas. Más allá de matices que pueden ser importantes, todos preferimos que la gente aprenda más a que aprenda menos, todos queremos ofrecer oportunidades a quienes las necesitan y todos queremos asegurar la transmisión de los valores que sostienen nuestra convivencia. Reclamar alguna forma de monopolio en relación a estos fines es un simple acto de demagogia. Nadie medianamente serio se opone a ellos. Nuestras diferencias no están en el qué, sino en el cómo.

Esto es lo que ocurre en el caso de la inclusión educativa. Todos los participantes en el debate queremos que más uruguayos estén en condiciones de acceder a los centros de enseñanza. Todos queremos que el abandono escolar descienda y que se prolongue el tiempo de contacto con las aulas. Pero muchos discrepamos con la forma en que el gobierno está intentando alcanzar esos objetivos.

En estos años se han utilizado dos instrumentos principales para mejorar los niveles de inclusión. El primero de ellos consistió en bajar el nivel de exigencia. Según múltiples testimonios, los maestros de Primaria han sido sistemáticamente incitados a reducir las tasas de repetición.

La reforma del Bachillerato, por su parte, eliminó el antiguo régimen de exámenes y creó diversas formas de repechaje que tuvieron el efecto de facilitar la aprobación de las diferentes asignaturas.

En el caso específico de Primaria, la política se apoya en un error de razonamiento: dado que existe una correlación relativamente alta entre repetición temprana y fracaso escolar posterior, se concluyó que se podía abatir el fracaso mediante una reducción artificial de la repetición. Ya veremos con los años a qué nos conduce esa falacia.

Pero lo más grave, tanto en Primaria como en la Educación Media, es que se confundió titulación con aprendizaje. Tal vez las políticas actuales permitan mejorar en algún grado las tasas de egreso. Pero si, como efectivamente ocurre, este logro se obtiene al precio de disminuir los niveles de exigencia, terminaremos por afectar la calidad. Los empleadores no demorarán en percibir el fenómeno, de modo que desarrollarán estrategias para distinguir entre buenos y malos egresados. Y el costo los pagarán quienes, tal vez demasiado tarde, descubran que tienen un papel que no les sirve de gran cosa porque poca gente lo toma en serio. Persiguiendo la inclusión habremos consolidado la desigualdad.

El segundo método consiste en forzar el retorno a las aulas de muchos estudiantes que las habían abandonado, por la vía de convertir la asistencia a clase en una condición para el cobro del Plan de Equidad. Esta condicionalidad podría ser la mitad de una buena idea, si la otra mitad consistiera en un conjunto de acciones para encuadrar debidamente a quienes reingresan. Pero esa segunda parte nunca existió. El resultado es que los liceos estatales se han poblado de chicos sin hábitos ni voluntad de estudiar, que se dedican a atentar contra el clima pedagógico. Por esta vía no se consigue enseñarles nada, pero se deterioran las condiciones de trabajo de los docentes y se afecta a la mayoría de alumnos (en general más jóvenes) que están haciendo un esfuerzo genuino por aprender.

La discusión no es si debemos ser inclusivos o no. La cuestión consiste en saber cómo hacerlo bien. Y lo que está haciendo el gobierno está lejos de ser un ejemplo a seguir.