Otro proyecto absurdo

Sebastián Da Silva

Hace un tiempo que venimos exigiendo una reacción al proceso de relativismo extremo en donde el vale todo o el viva la pepa, predomina sobre el sentido común. Así nos quejamos hasta el cansancio del abordaje al proceso de aumento de la violencia que sufrimos en forma cotidiana, sobre el como te digo una cosa te digo la otra, o sobre la lógica incoherente de ser gobierno y oposición al mismo tiempo que se tiene mayoría parlamentaria.

En los últimos días el Consejo de Ministros envío un proyecto de ley donde también relativiza el concepto de propiedad, como muestra del compromiso electoral plasmado en el Plan de Gobierno del Frente Amplio de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para profundizar sobre este aspecto clave en la certeza, seguridad y generación de riqueza y justicia de las naciones.

El proyecto pretende impedir que extranjeros adquieran tierras, campos o estancias en una franja de 20 km de la frontera. El mismo fue presentado a posteriori del mayor periodo de transacciones que llevó a que en la administración de Tabaré Vázquez se vendieran la friolera de 5 millones de hectáreas de las 17 millones que componen la superficie de nuestra República, y que valieron estruendosos festejos de los Ministros Mujica y Astori por la capacidad gubernativa de atraer inversiones.

Mas allá de la incoherencia, nada sorprendente en este gobierno que pago la deuda con el Fondo Monetario, o que habla de país productivo con un feroz atraso cambiario.

Estamos en el inicio de un nuevo sonsonete que, al igual que con las empresas públicas, pretende hacer prevalecer un concepto peligroso como es el que la tierra es un bien social, patrimonio común de los ciudadanos.

Y que por ello se puede discriminar a quienes son sus propietarios o por el lugar y ubicación donde se tiene la explotación agropecuaria, generando un perjuicio patrimonial por la apetencia populista de algún burócrata que, probablemente no conozca ni la realidad de la zona que pretende legislar, y mucho menos el impacto económico que pretende corregir.

Los campos, se adquieren, se mantienen o se heredan por el compromiso, el esfuerzo, los aciertos y los errores de los que tienen el valor de trabajarlos rompiéndose el lomo diariamente, no formando parte de ningún patrimonio colectivo, dado que la carga impositiva no se paga en forma cooperativa y las perdidas no son absorbidas por la ciudadanía en su conjunto.

Forman parte de un activo económico igual a un comercio, una fábrica o un servicio donde, tal cual lo establece nuestra Constitución conviven nacionales y extranjeros, malos y buenos productores, pero con una sola gran diferencia: la nobleza de este activo hace imposible, salvo una invasión militar extranjera, que nadie lo pueda hacer desaparecer del mapa o llevárselo del lugar donde se encuentra.

Como creemos que este proyecto es un saludo más a la bandera para contener a cierta demanda demagógica que florece en la etapa electoral preferimos alertar sobre el peligro del concepto de fondo de este proyecto, dado que obviamente no dudamos que si se llega a transformarse en ley será el inicio de una catarata de juicios al Estado por tan infantil discriminación inconstitucional. Y esos pleitos, sí que lo pagaremos todos.