Eduardo Barreneche
El Ministerio de Turismo y los empresarios del rubro quieren llevar el turismo al rango de política de Estado y reclaman a los precandidatos presidenciales que definan qué piensan hacer en relación a este sector.
El domingo 22 en Piriápolis, el Ministerio de Turismo y la Cámara Uruguaya de Turismo firmaron un compromiso a fin de instrumentar políticas duraderas de control y combate al informalismo.
"Ese documento puede sentar las bases para la creación de una política nacional en esa materia", dijo a El País el ministro de Turismo, Héctor Lescano.
El documento, titulado "Compromiso Nacional con el Turismo", insta a los precandidatos a construir políticas de Estado con una mirada de mediano y largo plazo, a través de la participación de instancias institucionales como el Consejo Nacional de Turismo, y otras en el plano regional como local que se apoyen en un Plan Estratégico para el 2015.
El compromiso, que contiene 20 puntos, también apunta a dimensionar en forma cada vez más técnica el real impacto del turismo en el conjunto de la actividad económica y social del país. Por ello, promueve la elaboración de una "cuenta satélite" que incluya todos los ingresos que genera el sector turismo. El informe señala que los sectores políticos deberán otorgar relevancia al turismo nacional e internacional e incluirlos en sus respectivos programas de gobierno en el marco de esta campaña preelectoral.
El compromiso comparte la creciente relevancia que desde una perspectiva del desarrollo nacional representan las actividades vinculadas directa o indirectamente a la industria turística y confirman al sector como una de las "principales locomotoras" del crecimiento firme y sostenido de la economía nacional. Agrega que, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, el desarrollo "ha de lograrse de modo que, no sólo aumente las rentas a escala estatal y local, sino que también mejore la calidad de vida en el plano de la comunidad".
El acuerdo destaca la creciente relevancia que, desde una perspectiva del desarrollo nacional representan las actividades vinculadas directa o indirectamente a la industria turística, en el marco de su "indudable" crecimiento mundial y regional.
Según el informe, los ingresos de divisas -tanto por el arribo de visitantes extranjeros o uruguayos no residentes-, el movimiento que genera el turismo interno, los niveles de inversión nacional o extranjera y los cientos de miles de puestos de trabajo directos o indirectos, confirman a esta actividad como una de las principales locomotoras del crecimiento firme y sostenido de la economía.
El documento hace hincapié en aquellos casos en que el Estado debiera intervenir como operador, no deberá entrar en competencia con el sector privado sino que deberá complementarse con el accionar de éste.
Lescano dijo a El País que el acuerdo "no representa" una expresión de voluntad o de deseos sino que es "una mirada" a largo plazo de la actividad turística. Agregó que el documento contiene puntos concretos sobre las posibilidades actuales y de desarrollo del turismo uruguayo.
El 10 de abril, una semana después de Semana Santa, los precandidatos presidenciales, el Congreso de Intendentes e instituciones académicas también suscribirán el acuerdo. Será en Punta del Este durante la inauguración de una obra del artista Pablo Atchugarry.
Corredor inmobiliario
Un proyecto de ley presentado el lunes 23 en el Consejo de Ministros pena con multas de entre 20 a 900 Unidades Reajustables (entre $ 7.730 a $ 347.823) y determina la nulidad de negocios inmobiliarios realizados por corredores que no estén registrados. La iniciativa también señala que este individuo no podrá exigir a las partes contratantes ningún tipo de remuneración.
El proyecto de ley, que apunta a la mayor profesionalización de la actividad de corretaje inmobiliario, crea un registro en la órbita del Poder Ejecutivo que se encargará de la expedición de la matrícula como forma de ejercer un control adecuado sobre el ejercicio de esa profesión y establece la figura del corredor inmobiliario turístico.
La iniciativa sanciona el ejercicio del corretaje informal y a la vez priva de efectos a los contratos celebrados en estas condiciones consagrando una nulidad absoluta para estos negocios.
Los interesados contarán con un plazo de 180 días corridos para realiza la inscripción respectiva.
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