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¿Constitucional o inconstitucional?
Dr. Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@| "Seguramente, no ha existido en la historia de nuestro país una norma legislativa que haya tenido, desde su sanción, promulgación y publicación, tanta prensa como confirmaciones de su legalidad.
Es que la denominada `Ley de Caducidad`, a secas, o la también llamada `Ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado` para quienes no hacen de ella un apelativo de fácil retención, dividió profundamente a la sociedad uruguaya en su conjunto. Una sociedad (bueno es recordarlo para quienes son muy jóvenes o para quienes desde el exterior, sólo han prestado sus oídos a una sola campana) que había salido de once largos años de dictadura `cívico-militar` y que intentaba recomponer el funcionamiento del sistema democrático y republicano del que nunca debió haberse apartado. Con esta Ley de Caducidad, como con la Ley de Amnistía de los presos políticos y la que estableció la recomposición de las carreras administrativas, jubilaciones o pensiones de quienes habían sido perseguidos ideológicamente en esos años oscuros, el sistema político de nuestro país intentó cerrar una etapa y comenzar otra.
Pero, inmediatamente de sancionada por el Poder Legislativo (electo legítimamente por el Cuerpo Electoral de entonces y siguiendo los pasos establecidos en la Carta Magna) fue promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo de la época. Quienes no estuvieron de acuerdo con su contenido, promovieron entonces la inconstitucionalidad de la Ley (la Suprema Corte de Justicia por mayoría de sus miembros declaró constitucional a la impugnada) y luego de la recolección de firmas a lo largo y ancho del territorio nacional, se consultó en 1989 a toda la ciudadanía, la que mediante el instrumento del voto secreto y obligatorio, se pronunció a favor de la Ley de Caducidad.
El resultado de esta `consulta al soberano` (Cuerpo Electoral donde reside la soberanía) que se efectuó hace casi veinte años, confirmó la buena salud de la Ley de Caducidad, que hoy en este gobierno progresista, se pretende `anular`, desconociendo todo el ordenamiento jurídico uruguayo y los principios en que se sustenta, como lo es, entre otros, el de `seguridad jurídica", violentando a las claras el Estado de Derecho.
A la recolección de firmas se suma una nueva acción de inconstitucionalidad promovida por la Sra. Fiscal Mirtha Guianze, para seguir adelante con la investigación de los hechos que terminaron con la vida de la militante comunista Nybia Sabalsagaray en 1974.
No obstante el compromiso asumido por el Presidente Vázquez de respetar la Ley en cuestión, ante el traslado de la acción de inconstitucionalidad conferido por la Suprema Corte de Justicia (único Poder del Estado a quien la Constitución confiere exclusivamente la potestad de pronunciarse sobre tan delicado asunto) al Poder Ejecutivo, éste se `allanó`, esto es: se avino a que así se declare.
Por su parte, el mismo traslado corrió al Poder Legislativo, donde las mayorías afines al gobierno de izquierda, no quisieron ser menos y buscaron contestar a la Suprema Corte sin que se desentonara con el Poder Ejecutivo. La convocatoria a una Asamblea General para que se pronunciara sobre el tema, resultó ser más una jugada política que buscó `legitimar` la respuesta (ensombrecida desde el vamos por las presiones que habría ejercido Nin Novoa sobre la División Jurídica del Poder Legislativo), más que ajustarse a Derecho.
Resta entonces preguntarse sobre la procedencia de esta consulta a la Asamblea General y si el unánime pronunciamiento de los legisladores oficialistas, no supuso una grosera injerencia o presión indebida a la Suprema Corte de Justicia, quien será la responsable de pronunciarse en definitiva. Lealmente, entiendo que sí.
Debió haberse respetado el pronunciamiento del soberano (emitido ya hace casi veinte años) y no insistir con un tema ya discutido.
¿No se advierte acaso, que al seguir anclados en cuestiones del pasado, estamos soslayando el hoy, que nos permite construir el porvenir? Y lo que es peor aún: que se transita por un terreno minado en la medida que se debilitan las instituciones y se desconoce la voluntad popular, haciendo trizas el orden jurídico que todos debiéramos preservar."
No deberíamos ir a votar
Walter Raymond | Argentina
@| "Los uruguayos residentes en diversos países, principalmente en Argentina, no deberíamos ir a votar a nuestro país en las próximas elecciones.
Seguramente esta afirmación, que es en realidad una posición ética, puede provocar desencanto y hasta quizás rechazo en muchos compatriotas que consideran la concurrencia a sufragar como un acto de reafirmación de su identidad nacional y una acción militante. Permítanme entonces fundamentar mi discrepancia, quizás encontremos puntos de confluencia.
Soy uno de los tantos uruguayos que en aquel invierno del 73 dejamos nuestro país para ir a `galguear` por otros países, buscando hacernos un lugarcito en el mundo. Uno de los tantos uruguayos que tuvo que morderse la impotencia ante los asesinatos de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Porque donde estábamos, cabe recordarlo, tampoco era saludable expresarlo.
También he sido uno de tantos que sonrió en silencio cuando el Wilson se les fue a un lugar más seguro, y también uno de los que disimuló una lagrima el día que escuchamos `Adagio a mi País`.
Soy uno de los tantos que aquella tarde cantó el himno en una calle de Buenos Aires, cuando el Wilson vino de vuelta y uno de los que acompañó aquel incierto viaje de retorno a tierras uruguayas.
Soy también uno de los miles que fue a votar en cada elección de la naciente democracia, porque era nuestra y debíamos cuidarla y fortalecerla.
Pero soy uno que mirando a mi gente en las mesas electorales, me pregunté si era válido que yo viviendo fuera del país concurriera a elegir, dejando al partir un nuevo gobierno que cualquiera fuese, no tendría que padecer o disfrutar.
Es justo, pensé, que los que se quedaron en los años oscuros y los que hoy día a día hacen el país, decidan su destino. Son ellos los que debieran saber qué es lo que mejor le conviene al Uruguay; y nosotros, los que estamos afuera, solo deberíamos acompañar la ilusión.
Es hora, creo yo, de mantener nuestro compromiso de estar siempre a la orden de nuestro país para cuando se nos convoque, pero no para inclinar la balanza a favor de uno u otro candidato, sino para hacer un país mejor."
Eliminan cursos
Prof. Laura Morando | ex Consejera de UTU
@| "Los cursos de 7º, 8º y 9º fueron creados por otro gobierno con el loable criterio que este gobierno siempre defendió: los habitantes deben tener igualdad de oportunidades en sus posibilidades de desarrollo individual, y entonces la educación es algo imprescindible.
Ahora bien, para los que no conocen este plan de cursos, les cuento que en aquellos pueblos o lugares alejados de centros educativos de enseñanza media (UTU o Secundaria), se implementó en la escuela primaria de la zona estos tres años equivalentes al Ciclo Básico, para que los jóvenes no quedaran con 6º año de Primaria como máximo nivel educativo, con conocimientos de tecnología y taller integrado incluidos.
Los adolescentes y sus familias estaban hasta ahora muy conformes, ya que se completaba la educación media y se accedía así a las condiciones mínimas necesarias para todo tipo de trabajo y a una cultura general más amplia.
¿Por qué ahora se quiere eliminar de Tacuarembó, Rocha y otros lugares?
Si el presupuesto de la educación está en aumento como se promociona, estos cursos ya estaban presupuestados y financiados desde hace años, entonces al eliminarlos estamos destinando esos dineros a otros temas y no estamos `aumentando` sino que hacemos nuevos proyectos con el sacrificio de planes que favorecieron desde su creación siempre a las clases más deprimidas del país.
Por favor, gobernantes de la educación, visiten y reflexionen sobre el valor que para cada familia tienen estos cursos y mediten si ese dinero que ahorran al eliminarlos vale la pena, porque muchos de estos jóvenes dejarán de asistir por problemas económicos y su futuro estará más limitado."
Realizar una denuncia
S.J. | Canelones
@| "En la madrugada del 18 de febrero entraron ladrones en mi jardín.
Entre otras cosas, se llevaron bicicletas y una escalera de aluminio extensible.
Hace ocho anos que vivo en Solymar y este es mi quinto robo (lo que es una cantidad mínima para la zona).
Hasta el tercer robo, consideraba mejor no meterme, una pérdida de tiempo y que no iban a hacerme caso. Pero una amiga, una buena ciudadana, me habló de mi obligación y mi compromiso para con mi país de denunciar las cosas que están mal, para entre todos poder corregirlas.
Así que munida de mi nueva conciencia ciudadana, denuncié el cuarto robo.
Así también decidí, a pesar del poco tiempo de que dispongo pues trabajo -me ocupo de mi casa y mis hijos-, denunciar mi quinto robo. Lo que me trae al motivo de mi carta:
Recorro las pocas cuadras de mi casa a la comisaría seccional 18 en la Avenida de los Eucaliptos. Ingreso y veo que no hay nadie esperando ser atendido.
Me anuncio en el mostrador, donde veo como siete policías femeninos y masculinos; pasean, charlan y me contemplan sin la menor intención de atenderme.
Vuelvo a anunciarme y al cabo de unos minutos me atiende un agente, a quien le explico que había sido robada y mi deseo de hacer una denuncia, y le doy los detalles. El agente se retira.
Al rato vuelve y me comunica que no puede encontrar el cuaderno donde se anotan las denuncias.
A pesar de que mi tiempo corre y debo ir a trabajar, insisto en mi intención. Nuevamente se retira.
Vuelve luego de un largo rato para decirme que sigue sin encontrar el cuaderno y si puedo volver más tarde.
Como surge de lo relatado, durante 25 minutos que estuve en la seccional vi funcionarios que no parecían estar ocupados y no demostraron el más mínimo interés en mi persona y en la denuncia de la que, infructuosamente intenté dejar constancia.
Por este medio quiero denunciar que hay robos que no se pueden informar y también quiero dejar constancia de la dejadez de la seccional 18 de Solymar, Canelones.
Y me pregunto: ¿El descenso de la criminalidad en la Ciudad de la Costa se deberá a que no es posible hacer las denuncias porque los policías no atienden a los denunciantes en la forma debida y a que en las seccionales pierden los cuadernos en las que deben registrar las mismas?
¿Es en esos cuadernos perdidos que se basan las estadísticas?"
Testigo de violencia
Constanza Medina Aloja | Montevideo
@| "Días pasados a eso de las 15 y 30 fui testigo de un arrebato a un señor mayor en Plaza de Cagancha, por parte de dos jóvenes delincuentes.
Con gran saña y violencia lo tiraron al piso, le rompieron el pantalón para robarle su billetera. En ese momento interviene un joven que paseaba con su hijo por la plaza. Con gran dominio detuvo a uno de ellos (el que arrebató la billetera al señor), mientras que el otro delincuente lo golpeaba salvajemente y en la lucha le arranca el reloj y escapa a toda velocidad.
El delincuente detenido resultó ser un individuo de 26 años con innumerables antecedentes y que luego fue procesado.
El joven señor que intervino y pudo recuperar lo robado (para alegría de su dueño) resultó ser un humilde agente de policía de la Seccional Segunda de nombre Miguel Ángel Tabárez, oriundo de Treinta y Tres.
No todos los policías en su día libre y de civil proceden de esta forma. Otros no hubieran arriesgado su pellejo, desarmado como estaba frente a dos salvajes delincuentes. Un aplauso para él (como se lo brindó la gente que asistió a este hecho en la plaza) y felicitaciones a la Seccional Segunda de Montevideo por tenerlo en su plantel.
Ah! Ojalá la ministra Daisy pudiera reponerle su reloj. Sería un final feliz para esta historia."
5 de Oro
Daniel Altez | Montevideo
@| "Creo que la decisión de la Banca de Quinielas de forzar que hubiera un ganador en el sorteo efectuado el día 22 de febrero fue de lo más acertada, y más aún viendo que fue favorecida una familia humilde y con hábitos de trabajo.
Esto se hace en los países del primer mundo, donde se obliga a la banca a adjudicar un premio luego de pasado cierto tiempo o de haber superado un límite máximo en el valor del pozo.
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