Vázquez envió al Parlamento informe de gestión

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, envió al Parlamento el Informe y Memoria Anual de la gestión del Gobierno Nacional correspondiente al cuarto período ordinario de la XLVI Legislatura, tal como dispone la Constitución. Allí da cuenta de la labor del Poder Ejecutivo durante el año 2008 y los lineamientos que pautarán la labor del Gobierno Nacional durante el quinto y último año de su mandato.

La información que contiene el documento refiere tanto a los aspectos de la economía, producción, servicios e infraestructura del país, así como en las condiciones y calidad de vida de sus habitantes.

El informe sostiene que a nivel mundial el año 2008 marca el inicio de una crisis financiera de características sin precedentes y cuya duración y consecuencias aún es arriesgado predecir. " Entre tanta incertidumbre algunas cosas parecen claras: colapsó el paradigma neoliberal; se agotó el crédito de quienes creyéndose infalibles e inimputables actuaron con arrogancia e irresponsabilidad y terminó el tiempo en que los hogares se comportaban como empresas, las empresas como bancos y los bancos como fondos de riesgo; pero la salida a esta crisis no será inmediata ni fácil y exigirá cambios profundos y prudentes no sólo en la arquitectura y gobernabilidad financiera internacional, sino también -entre otros aspectos- en la política como gobierno del espacio público, el papel del Estado, los factores productivos, la protección social, el uso de los recursos naturales y la gestión del medioambiente."

Vázquez señaló que Uruguay no es ajeno a esta compleja situación, pero no está inerme ni inerte ante la misma. Previendo las consecuencias de la crisis financiera global desatada a mediados de setiembre y considerando el impacto de la creciente sequía sobre la producción, las exportaciones y el consumo interno, en el último trimestre del año, Vázquez refirió que el Gobierno Nacional definió e instrumentó un conjunto de medidas destinadas a estimular el sector exportador y las inversiones privadas, facilitar el acceso al crédito, fomentar las pequeñas y medianas empresas, preservar el nivel de ingresos del Estado, reorientar su gasto sin afectar las prioridades definidas, defender el trabajo y los ingresos de la población, frenar el empuje inflacionario y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Los aspectos económicos y productivos, siendo importantes, no son suficientes para medir el progreso de un país. Este también ha de evaluarse en términos de condiciones y calidad de vida de sus habitantes, expresó el Presidente. "En tal sentido, a pesar de dificultades presentes y de retrasos históricos, según los últimos datos del INE el primer semestre de 2008 registró, por tercer año consecutivo, una reducción de la indigencia y la pobreza que se ubican, respectivamente, en el 1,7% y 21,7% del total de la población.

Al efecto de la actividad económica y el empleo sobre las condiciones y calidad de vida de los uruguayos ha de sumarse la incidencia de los distintos componentes del Plan de Equidad y otros programas : desde la asistencia alimentaria a 171.396 personas en situación de riesgo social y 36.822 en riesgo nutricional a los 1.369.150 afiliados que registraba el FONASA en octubre/2008; pasando por el nuevo sistema de Asignaciones Familiares mediante el cual 330.000 niños y adolescentes reciben ese beneficio; los 67.660 niños y adolescentes atendidos por el Sistema INAU (de los cuales –bueno es recordarlo- sólo 128 están privados de la libertad por la Justicia competente); las casi 8.000 pesquisas y 5.000 operaciones de cataratas en el Hospital de Ojos; los 51 Centros MEC abiertos en el interior del país en el marco de una estrategia de descentralización, democratización y accesibilidad a contenidos educativos y culturales; el Programa de Maestros Comunitarios que atendió a 18.000 escolares de 355 escuelas de contexto crítico (de los cuales el 80% promovió el año); los 66.429 alumnos (1.597 de ellos pertenecientes a escuelas rurales) que tuvieron cobertura odontológica en el Programa de Salud Bucal Escolar; o los 281.000 que participaron en actividades enmarcadas en la Ley 18.213 que establece la obligatoriedad de la enseñanza de Educación Física en todas las escuelas públicas (incluidas las rurales)."

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