PABLO MELENDREZ
Los juzgados penales no deberán enviar sus casos a las nuevas sedes especializadas en crimen organizado. Así lo decidió la Suprema Corte de Justicia (SCJ), aun cuando en diciembre había emitido una acordada en sentido contrario.
Luego de varios días de incertidumbre en jueces y abogados, la Corporación judicial resolvió ayer poner punto final a la controversia. Los cinco ministros de la sala determinaron que los casos que ya están instruyéndose en juzgados penales no serán trasladados a los magistrados Graciela Gatti y Jorge Díaz, quienes ocupan las sedes puestas en funcionamiento el pasado 1° de enero.
Esa decisión de la SCJ provoca, por ejemplo, que varias causas de amplio interés público como las irregularidades en los casinos de la Intendencia de Montevideo -hecho por el que fue enviado a prisión el ex director municipal Juan Carlos Bengoa-, la denuncia de la DGI contra el empresario Francisco Casal por presunta defraudación tributaria o la situación del ex banquero Juan Peirano Basso por el vaciamiento del Banco de Montevideo, sigan su curso normal en las respectivas sedes penales en las cuales se encuentran.
"El criterio será que el juzgado que está trabajando en un asunto continúe en el mismo hasta que haya resolución", señaló a El País el presidente de la SCJ, Jorge Larrieux. "El objetivo es superar las interpretaciones variadas que han surgido", agregó el magistrado.
La semana próxima el máximo órgano del Poder Judicial enviará un proyecto de ley al Parlamento en ese sentido para que la decisión de no trasladar los expedientes sea regulada por la vía legislativa.
VACÍOS LEGALES. Larrieux dijo que es necesario que la resolución se tome a través de una ley porque en el momento de crear los nuevos juzgados, que tienen competencia nacional para casos de narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y delitos económicos como quiebras fraudulentas e insolvencia societaria, no se previó qué se debe hacer con los expedientes de esas características que se estaban tramitando en sedes penales.
Según el presidente de la SCJ, la actual legislación tiene "algunos vacíos" legales, pero subrayó que el objetivo es evitar posibles contiendas de competencia entre los jueces especializados y los magistrados penales para "no entorpecer la marcha de los expedientes".
Además, Larrieux dijo que la ley no prevé otras situaciones como qué juzgado debe actuar cuando se constata un delito común -como por ejemplo una rapiña- asociado a un ilícito que pueda estar vinculado al crimen organizado.
Mientras el Parlamento analice el proyecto de ley que enviará la SCJ con el pedido de urgente consideración, la Corporación remitirá una circular a los juzgados penales de todo el país para comunicarles a los magistrados que "mantendrán competencia en los asuntos en trámite" como "una suerte de mensaje para que los juzgados sigan trabajando en los expedientes que tienen y no declinen competencia", expresó Larrieux.
¿contradicción?. El 24 de diciembre pasado, la SCJ emitió la acordada N° 7.642 en la cual estableció que todos los casos vinculados con la competencia de los juzgados especializados que se encuentran en trámite en sedes penales deberían ser enviados a las nuevas sedes. Solamente quedaron por fuera de esa disposición los expedientes que se encuentran próximos a la emisión de la sentencia de primera instancia y los que tuvieran disposición de archivo, especificó la acordada.
Sin embargo, ahora, en el proyecto de ley que la SCJ pondrá a consideración del Parlamento, se modifica el criterio y se propone que los nuevos juzgados inicien su actividad exclusivamente con investigaciones nuevas.
Consultado al respecto, Larrieux negó que exista una contradicción entre la acordada de diciembre y el proyecto de ley que impulsará la Corporación, porque la primera reglamentación buscó únicamente "poner rápidamente en funcionamiento los nuevos juzgados".
El presidente de la SCJ, explicó, además, que la intención fue corregir una interpretación que en la ley de creación de las nuevas sedes que dejaba abierta la posibilidad de que esos juzgados asumirían competencia si actuaban primero, lo que indirectamente habilitaba a los juzgados penales a intervenir en ciertos casos.
ANTECEDENTES. La polémica sobre la distribución de expedientes cuando se crean juzgados no es nueva. En 1984, cuando se instauraron las sedes de Familia, se decidió que los casos de esa materia que se encontraban en sedes Civiles no fueran trasladados.
Pero, en 2001, cuando se crearon los juzgados de Concursos, una ley dispuso que todas las causas de la especialidad abandonaran la rama civil y pasaran a esas sedes.
UN NOMBRE QUE EXCEDE LAS TAREAS
El experimentado abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro, quien representa al empresario Francisco Casal en la investigación por presunta defraudación tributaria que denunció la DGI, opinó que la denominación de juzgados especializados en crimen organizado "excede las competencias" que tendrán estas nuevas sedes. "El nombre no es adecuado porque en el caso de un funcionario público que pide una coima o alguien que evade impuestos en forma solitaria no puede decirse que se esté ante un organización delictiva", dijo. Curbelo Tammaro sostuvo que la denominación de juzgados especializados en materia penal económica hubiera sido "más sensata". "El nombre sobredimensiona porque hablar de crimen organizado es hablar de mafia", criticó el abogado.
LA VISIÓN DE DOS ABOGADOS DEFENSOREs
Martín Tornaría
Abogado de juan carlos bengoa "Es una decisión con lógica"
"Es correcto que los jueces que tienen conocimiento de los expedientes sigan instruyendo las investigaciones para, por un lado, no paralizar los expedientes y, por el otro, no abarrotar los juzgados nuevos. Es una decisión de la Corte que tiene mucha lógica".
Carlos Curbelo Tammaro
Abogado de francisco casal "Es una decisión prudente"
"La Corte tiene competencia para decidir la distribución de expedientes, pero si entiende que requiere un ley, no me parece mal. Es una decisión prudente optar por que los jueces que ya dominan los expedientes sigan con sus casos para evitar males mayores".