Se firmó el final de Guantánamo

| La nueva era en EE.UU. Se cerrarán cárceles de la CIA y se revisarán los juicios. Se prohíbe la tortura en los interrogatorios a sospechosos, aunque se estudiarán alternativas en casos "especiales"

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WASHINGTON | AGENCIAS

Y THE NEW YORK TIMES

Dos días le bastaron en la Presidencia a Barack Obama para formalizar un quiebre total con las políticas de su antecesor. Ayer decretó el cierre de la prisión de Guantánamo en el plazo de un año y prohibió el uso de la tortura en los interrogatorios.

"El mensaje que estamos enviando al mundo es que Estados Unidos quiere seguir adelante con la lucha contra la violencia y el terrorismo de manera vigilante y efectiva, pero también consistente con nuestros valores e ideales", dijo Obama ayer, durante la firma de los decretos ante funcionarios de la Casa Blanca y militares retirados. "Como dije durante mi investidura, no perpetuaremos el falso dilema entre nuestra seguridad y nuestros ideales".

Las órdenes ejecutivas firmadas ayer por Obama determinarán el cierre en un plazo máximo de un año del campo de detención de Guantánamo, la revisión de los juicios militares a los sospechosos de terrorismo y la prohibición de los métodos de interrogatorio más crueles, como el "waterboarding" o asfixia simulada.

En otro decreto, Obama ordenó el cierre de todas las prisiones de la CIA en el exterior, que fueron usadas para los sospechosos en la "guerra contra el terrorismo" implantada por su predecesor, George W. Bush.

El presidente intenta mejorar la imagen de Estados Unidos en el extranjero, manchada por denuncias de uso de la tortura y de otras violaciones a la Convención de Ginebra sobre derechos humanos a detenidos, que tiene a EE.UU. entre sus principales signatarios y que Obama se comprometió a cumplir a rajatabla. El limbo legal de Guantánamo fue "abierto" el 11 de enero de 2002 con 23 detenidos calificados por Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de entonces, como "los asesinos más entrenados y feroces del planeta". Casi 800 hombres y adolescentes estuvieron presos ahí; aún permanecen unos 250. Solo 20 fueron inculpados de crímenes de guerra y únicamente tres fueron juzgados.

Por años, críticos y organizaciones de derechos humanos acusaron a Bush por permitir las torturas y la instalación en 2006 de tribunales militares de excepción, que limitaban enormemente la capacidad de maniobra de la defensa, para juzgar a los sospechosos por terrorismo. Tanto el ex presidente como su vicepresidente, Dick Cheney, insistían en que se trataba de métodos "legales" y que habían prevenido otro "11-S" en Estados Unidos.

Esos métodos, además de "waterboarding", incluía la privación de sueño, la exposición a altas temperaturas, la música a volúmenes intolerables o la obligación de permanecer durante horas en posiciones incómodas, según los testimonios de los liberados. Los detenidos solamente podían salir dos horas por día de sus celdas -en su mayoría estaban en situación de aislamiento individual- que estaban permanentemente iluminadas.

Las repercusiones no se hicieron esperar. La organización humanitaria Amnistía Internacional lo calificó como un paso "positivo" y "alentador". La Unión Europea expresó su satisfacción y su convencimiento que la resolución no solo significará un refuerzo de la imagen de EE.UU. en el mundo, sino que facilitará "el refuerzo de la cooperación transatlántica contra el terrorismo y para la seguridad, fundada en el respeto del derecho internacional y de los derechos humanos".

DUDAS. El cierre de Guantánamo, no solo era una exigencia casi unánime de la comunidad internacional, sino que también fue una promesa electoral de Obama. Pero también encierra un proceso complejo difícil de resolver. El secretario de Defensa, Robert Gates, quien también ocupó ese cargo durante el gobierno de Bush, reconoció que será un "desafío" combinar la resolución del gobierno y no afectar la seguridad del país.

Obama ordenó a las Fuerzas Armadas de EE.UU. acatar las órdenes del "Manual del Campo de Batalla" del ejército cuando se trate de interrogar detenidos. Este consta de 19 normas que prohíben de manera explícita las amenazas, la coerción y el abuso físico. En la CIA, sin embargo, se ha mantenido por años la idea de que estos métodos hubieran sido insuficientes para lograr información "fundamental" en determinados tipos de prisioneros, como en el caso de uno de los ideólogos del "11-S", Khalid Sheik Mohammed. Durante el gobierno de Bush se puso el acento en que los apremios fueron útiles para obtener valiosa información sobre Al Qaeda.

Qué hacer con los presos es una gran incógnita. Obama creó un grupo que tendrá 30 días para lidiar con los sospechosos de terrorismo que sean detenidos en el futuro, sobre todo en el caso de primeras figuras como Osama Bin Laden. Un asesor legislativo reconoció que algunas de las restricciones a los interrogatorios podrían ser inconvenientes en casos "especiales", y señaló que eventualmente se podría estudiar algún método de interrogación "alternativo" a los 19 estipulados en el manual del ejército.

Además los expertos legales de Obama deberán determinar la situación jurídica de cada prisionero; una vez hecho eso, la Casa Blanca deberá definir el lugar y el tipo de tribunal en que serán juzgados los presos sobre los que pesen cargos, si se los envía a terceros países o, en caso de que se demuestre su total inocencia, se los libera.

Sobre los que ya se encuentran en Guantánamo, unos 80 han tenido una actividad terrorista comprobada y otros 60 fueron absueltos de la denominación "combatiente enemigo", pero no pueden regresar a su país de origen ya sea porque no desean acogerlos o porque pretenden juzgarlos. Entre ellos hay casi una veintena de disidentes uigures, que de regresar a China serían condenados a muerte sin mayor defensa legal. Varios países, como Francia y Suiza, ya han expresado la posibilidad de acoger prisioneros, posibilidad que se examinará caso por caso.

Un caso especial a estudio

El qatarí Ali al-Marri es el único "combatiente enemigo" detenido en suelo estadounidense. Barack Obama ordenó al Departamento de Justicia estudiar si tiene derecho a presentar una demanda al gobierno de EE.UU. para exigir su libertad. Washington sostiene que al-Marri pertenece a Al Qaeda, lo que él niega. AP

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