Corralito: "Las personas con 10 años o más de afiliación superan las 100.000"

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Federico Castillo

-La incorporación masiva de menores al sistema mutual fue uno de los hechos de más impacto en la reforma de la salud y presionó los sectores pediátricos de algunas instituciones en donde hubo desbordes. ¿Se resolvió ese tema?

-Cuando presentamos la reforma hicimos una evaluación de este fenómeno. Y en lo macro concluimos que la capacidad instalada era la adecuada. Frente a la posibilidad de que a nivel micro hubiera problemas, incorporamos dos indicadores de contralor: uno es el decreto de tiempos de espera (24 horas para acceder a consulta con pediatría). Y, al mismo tiempo, incluimos una meta que se paga por recursos humanos en el primer nivel de atención. Una institución que crece en número de afiliados, y sobre todo en niños y adolescentes, tiene que tener los tiempos de espera adecuados y al mismo tiempo los recursos humanos suficientes.

Hay un tercer elemento y es que uno de los lugares donde se notó más la saturación fue en las puertas de emergencia y eso tiene que ver con un problema cultural del uso de éstas en lugar de los policlínicos como mecanismo de entrada al sistema. Eso se explica por la nueva población que ingresó y que no estaba acostumbrada a atenderse en un prestador integral. Pero, básicamente, en los últimos tres o cuatro meses no hemos escuchado por la vía formal de atención al usuario o desde los medios esa misma valoración que se hizo al inicio de la reforma.

-También en este período hubo mutualistas que evidenciaron problemas económicos. ¿Por qué se permitió el ingreso al sistema de instituciones con pasivos importantes?

-En este caso lo que importa de los pasivos es la presión que la deuda tiene sobre sus ingresos. El sector mutual tiene unos US$ 1.000 millones de ingresos y unos US$ 380 millones de deuda. Por lo tanto tiene un 38% de presión de deuda sobre sus ingresos. Si tuviera que pagar la deuda mañana tendría que usar el 40% de sus ingresos anuales. Eso es menor que en el sector comercial e industrial. Y es el promedio de otras empresas de otros sectores.

Mirado a nivel macro, la presión de la deuda no es un problema sustantivo. No hay ninguna razón para tener allí un alerta, eso no quiere decir que a nivel micro haya alguna institución con gran presión de deuda. Y por eso el gobierno toma medidas (fideicomiso) para dar un marco institucional para que la mutualista pueda reestructurar su pasivo. Y para que otras que tengan una presión de deuda menor también puedan reestructurarla. Pero lo cierto es que la presión de deuda bajó porque las mutualistas aumentaron sus ingresos. Si en mi casa duplico mi salario, mi deuda me pesa mucho menos. Lo que pasa es que hubo un crecimiento dispar en los ingresos, que fue bastante homogéneo en las instituciones del interior del país, pero dispar en las 12 mutualistas de Montevideo, donde hubo instituciones que no crecieron en sus ingresos y no pudieran resolver su presión de deuda.

-Pero la creación de ese marco normativo para reestructurar los pasivos no estaba previsto. ¿Sabía el gobierno que se exponía a un riesgo al dejar ingresar a mutualistas con un pasivo millonario, como el Casmu?

-Sí, pero bueno, lo que pasa es que justamente lo que decía la ley era que lo que se iba a evaluar eran los indicadores de crecimiento vinculados a los indicadores de endeudamiento. Y repito: en el nivel general esos indicadores, dada la política sanitaria que se llevó adelante, permitió que algunas instituciones pudieran resolver sus problemas. Y en la medida que alguna o algunas instituciones no acompañen ese proceso de crecimiento se van creando marcos que le permiten ayudar a resolver ese problema.

-En el balance anual de la reforma que hizo el gobierno se afirma que el sector mutual creció en ingresos, en afiliados y que pasó de tener déficit a superávit. Sin embargo muchas mutualistas dicen exactamente lo contrario.

-El balance general del sistema mutual es superavitario entre ingresos y gastos. En un marco donde aumentaron los ingresos y también los gastos, porque la política salarial del Consejo de Salarios llevó a una recuperación del salario real en el sector salud. En ese balance entre aumento de ingresos y aumento del costo salarial producto de una recuperación necesaria de los trabajadores de la salud, el resultado final es que el balance es superavitario.

-Pero muchas mutualistas se quejan de que están desfinanciadas, de que se les exigen más prestaciones que no están cubiertas con recursos.

-Ellos sostienen que las personas que ingresaron después de la reforma, por la cual se paga la misma cápita, tienen una mayor utilización y gastan más. Nosotros no tenemos la evidencia empírica que eso haya sucedido. Más bien, los primeros datos nos muestran que la utilización promedio es menor que en el 2007 y 2008. Pero lo estamos estudiando. Tampoco es cierto que el contrato de gestión incluyó nuevas prestaciones; eso no es así. Incluso hay prestaciones que se han anunciado que van a ingresar, y se ha dicho que van a tener su financiamiento, pero todavía no han ingresado. Por ejemplo, la ligadura de trompas o la vasectomía. Lo que sí puede haber es que, en tanto se exige que algunas prestaciones hay que darlas bajo ciertos protocolos, eso puede implicar la necesidad de recursos adicionales. Pero prestaciones nuevas que impliquen cambios en el volumen del financiamiento, no las hay.

-¿Las mutualistas se quejan por anticipado entonces?

-O hacen una lectura diferente a la que hacemos nosotros. Y sostienen que hay nuevas prestaciones. Tendríamos que saber de cuáles se está hablando.

-El corralito se abre finalmente en febrero. ¿Por qué se postergó su apertura más de una vez?

-Las empresas solicitaron cautela y postergación. Fue unánime y, además, se exigió conformar un grupo de trabajo que terminó en diciembre y que tendrá una última reunión a mediados de enero para que antes de febrero se firme un documento que establece un compromiso mutuo de las empresas de no realizar la intermediación lucrativa y de no afiliar en el entorno geográfico del BPS. Son algunos acuerdos que, básicamente, tienen como espíritu que no haya intermediación lucrativa, porque ese era uno de los principales problemas para la apertura.

-¿Cómo se va aplicar ese proceso de apertura del corralito?

-Va a haber una primera apertura gradual (un mes) para los afiliados que ya estaban en las mutualistas previo al decreto que los inmovilizó en el año 2000, o sea los que tengan diez años y más. Luego gradualmente en procesos que van a depender mucho de cómo se dé la movilidad en febrero, se seguirá instrumentando. Mi opinión personal es que va haber escasa movilidad porque la población que hace más tiempo está en la institución genera una fidelidad. Pero como esto no ocurre desde el 2000 uno puede tener sólo intuiciones. Pero espero que va a ser baja.

-Esa es su opinión. ¿El gobierno no ha hecho una estimación oficial?

-Las personas que tienen 10 años y más de afiliados superan levemente las 100.000 personas. Hay diferentes estimaciones, lo que yo digo -y la ministra Muñoz piensa lo mismo- es que es diferente la reacción de cambiarse de mutualista a la pregunta de si se cambiaría. Pero está claro que el fundamento a hacerlo gradual es graduar el proceso frente a mayores movilidades,

-Se ha advertido que puede haber una estampida de socios del Casmu. ¿Cómo evalúa eso el gobierno?

-Creo que los instrumentos para la reestructuración del Casmu -el fondo de garantías y los acuerdos salariales- le dan otra situación de estabilidad a la mutualista. Coincide el período de salida de crisis del Casmu con el proceso de apertura del corralito.

- Las mutualistas exigen el ingreso inmediato al Fonasa de todos los jubilados y apuntan que su no incorporación es la causa del recrudecimiento de sus pasivos y déficits operativos ¿Hay fecha de ingreso para este sector de la población?

- No. El ingreso del resto de los jubilados no tiene fecha. Hoy los jubilados que están cubiertos son unos 150.000 aproximadamente, que son los que ganan menos de 2, 6 Bases de Prestaciones y Contribuciones (unos $4. 500).

-¿Cuál es la razón para postergar su ingreso?

-La razón de la gradualidad de su ingreso está vinculada a la prioridad que el gobierno le dio a los menores de 18 años. Es una prioridad, no de la reforma de la salud sino de la política social del gobierno. Fue para darle protección social al sector donde estaba el 46% del índice de pobreza versus el 7,5 % que es el porcentaje de pobreza en hogares donde hay mayores de 65 años. La prioridad estuvo claramente marcada en necesidades sociales.

-¿En qué momento se decidirá la incorporación de todos los jubilados al sistema?

-El ingreso del resto de los jubilados está previsto para la segunda generación de la reforma de la salud. Será en el segundo gobierno. La ley no le puso plazos. Una vez que el nuevo gobierno defina la continuidad de la reforma y los recursos presupuestales para el proceso de la reforma, ahí se definirán los tiempos de ingreso.

-Ante los reclamos, ¿nunca se previó adelantar su ingreso?

- No. Adelantar un sector cuando todavía existía mucho margen para hacerlo, no tenía sentido.

Nombre: Daniel Olesker

Nació: Montevideo

Edad: 56 años

Otros datos: Es casado, tiene cuatro hijos. Vive en Pocitos.

El director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública (MSP) es Master en Ciencias Económicas, con estudios cursados en la Universidad de la República y en la Universidad de Lovaina la Nueva (Bélgica). En su actividad académica se destacó como profesor titular Grado V del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. En su actividad profesional fue director de Investigación del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt; asesor técnico de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay y asesor económico de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). Publicó nueve libros sobre temas económicos.