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Martes 30.12.2008, 22:12 hs l Montevideo, Uruguay
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Editorial


[HOY IMPORTA]

Falta calidad

Le atribuyen a este gobierno el mérito de ser el que más leyes aprobó desde la recuperación de la democracia como si la cantidad fuera un índice certero de la calidad de las normas vigentes. Se habla de 578 proyectos sancionados en cuatro años de actividad legislativa sin distinguir, además, en el contenido de las leyes votadas y en su efectiva aplicación. El trasfondo de esa euforia numérica lo constituyen los errores expuestos en muchas de las normas emanadas en el Parlamento en este período, como se denunció recientemente con relación a proyectos relacionados con el aborto, el cambio de nombre y la extensión de la jornada laboral en el agro, por citar algunos ejemplos.

Un defecto frecuente es legislar sin reparar en el conjunto del ordenamiento jurídico, como si cada nueva pieza emanada del Senado y Diputados fuera única y fundacional en su género. Ello acarrea contradicciones, derogaciones imprevistas y dificultades para darle coherencia a las normas. Como nunca antes, en esta legislatura se apeló a la aprobación de leyes correctivas o modificatorias de otras ya aprobadas. Un trasiego de este tipo, que supone un grave riesgo para la vigencia del Estado de Derecho, debiera ser motivo de inquietud de gobernantes y parlamentarios, pero no parece que lo sea cuando voce-ros del gobierno se muestran más interesados en resaltar la estadística como prueba de eficacia.

Sería mejor que propusieran soluciones, entre ellas insistir en la necesidad de reforzar los servicios jurídicos del Poder Legislativo. También convendría que los legisladores, cuando contratan asesores, asuman sus propias limitaciones y designen a profesionales del Derecho que los orienten para elaborar y discutir sus proyectos.

En otros tiempos, los partidos políticos buscaban incluir en sus listas a algunos abogados, duchos en el manejo del derecho público, a efectos de otorgar seguridad jurídica a la acción parlamentaria.

Esa preocupación va desapareciendo. Prueba de ello es que menos del 10% de los actuales legisladores son abogados, el porcentaje más exiguo que se recuerde en la materia.

Y eso se nota en la calidad de los resultados.

El País Digital

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